Cuando, en mayo del año 2016, se colocó la primera piedra para la construcción del megapuerto de Chancay, el distrito no superaba los 56 mil habitantes. Antes de que empiece a operar el terminal que promete ser el más grande de la región, la población ya bordea los 70 mil. El agua potable, las vías de acceso, los servicios de salud y seguridad ciudadana atienden con las justas –a veces ni siquiera eso– la demanda. ¿Qué va a pasar cuando se cumpla la proyección de alcanzar los 350 mil habitantes?
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento calcula que la demanda de vivienda se puede multiplicar hasta cinco veces en Chancay y en distritos como Aucallama, colindante al proyecto. La mala noticia es que, a pocos meses del inicio de operaciones, no hay planes que se estén ejecutando para atender la expansión urbana y demanda de servicios.
A inicios de marzo, Hernán Navarro, viceministro de Vivienda y Urbanismo, reconoció ante el diario Gestión que las invasiones han ganado terreno en localidades cercanas a Chancay como Paramonga. “Tenemos claro que estamos tarde como Estado”, dijo entonces. Aunque esa vez el funcionario anunció que publicarán cambios en las normas para agilizar la formalización y la entrega de bonos, El Comercio solicitó una entrevista con voceros de esta cartera a fin conocer los avances, pero al cierre de esta nota optaron por no responder.
Para Álvaro Espinoza, investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), esta demora en ejecutar acciones solo ha afianzado la expansión de economías ilegales como el tráfico de terrenos. “La batalla ya se perdió. Que comenzaran a preocuparse sobre cómo se va a expandir la ciudad a estas alturas es extemporáneo. Desde que empezó a pensarse el proyecto debía planificarse la expansión urbana”, dice a El Comercio.
Con él coincide Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), quien añade que, ante la falta de una planificación territorial desarrollada con anticipación, el crecimiento de las invasiones abarcan todo el llamado norte chico e incluso Ancón. “En Huaral, Chancay y Aucallama hemos identificado más de 60 proyectos inmobiliarios de lotes. Casi la mitad son proyectos no formales, es decir, producto de la invasión y sin basarse en un plan de desarrollo territorial de estos distritos. En Ancón, cerca de la variante de Pasamayo, las invasiones son impresionantes”, dijo.
Las invasiones no solo limitan el desarrollo de planes urbanos que garanticen acceso a servicios básicos sino que se asocian al crimen cada vez más violento. El alcalde de Chancay, Juan Alberto Álvarez, reconoció que solo en la zona norte del distrito hay disputas territoriales que han causado al menos 4 muertos en tres meses.
Un ejemplo de cómo la planificación ya es tardía es que, a inicios de este año, la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, anunció que para febrero se lanzaría el proyecto especial Chancay-Ancón-Callao con planes de desarrollo urbano, obras de agua y saneamiento, y proyectos de creación de vivienda. Estamos abril y no hay novedades del tema.
Los convenios de cooperación para la planificación territorial y urbana con Huaral, Chancay y Aucallama se suscribieron recién el 9 de enero. La meta que se mencionó entonces era entregar los planes “para el tercer trimestre del 2024″. Es decir, cuando el megapuerto ya empiece a funcionar.
Servicios al límite
“El agua es lo que más nos preocupa”, dice el alcalde de Chancay. En diálogo con El Comercio, advirtió que la capacidad actual de abastecimiento de agua potable está al límite mientras no se desarrolle el proyecto de creación de una planta de tratamiento para el distrito. Aunque se cuenta con un estudio de pre-inversion, financiado por Cosco Shipping, el presupuesto y ejecución depende del gobierno central. Vecinos de Chancay confirmaron a este Diario que el servicio de agua potable ha disminuido en los últimos años, con restricciones por horas.
La cobertura de salud también está en riesgo. De acuerdo con el burgomaestre, se requiere un nuevo hospital de mayor envergadura. “El año pasado se incendió dos veces el hospital y nadie intervino, ni el gobierno central ni el regional. En el primero perdimos el archivo y en el segundo dos salas de operaciones”, advirtió Álvarez.
Otro elemento crítico es la capacidad de la Panamericana Norte y de las vías de acceso a la ciudad. Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transportes Terrestres y representante de las empresas de carga, explica que incluso la capa asfáltica de la carretera no aguantará un flujo mayor de vehículos. Ello sin contar con la inseguridad que viven los transportistas ante asaltos en la zona del norte chico y la congestión en el ingreso y salida de las ciudades. “No puede ser que tengamos el primer puerto a nivel continental y la peor infraestructura en temas de transporte y carga y pasajeros. El puerto va a subir el estatus económico del país, pero va a chocar con tráfico que no va a soportar ningún empresario que trata que sus productos lleguen lo más rápido Ecuador y Brasil”, advierte.
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