Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de Ventanilla, junto a la Fiscalía Superior Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, detuvieron este lunes al presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Sur, Ricardo Rojas León, tras allanar su vivienda, en el distrito de Villa El Salvador.
De acuerdo a Latina, el fiscal cobraba coimas a cambio de archivar denuncias relacionados al tráfico de terrenos. Se le investiga por los delitos de cohecho pasivo, tráfico de influencia y organización criminal.
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Según el matinal, Rojas León no actuaba solo, sino que trabajaba de la mano de su asistente José Luis Corcuera Bocanegra, quien es abogado y era el nexo para pedir o entregar el dinero de las personas que buscaban al fiscal para que pueda archivar sus denuncias.
“La tesis fiscal se sostiene a la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias y patrocinio con penas probables que pueden llegar a los 12 años. A tal efecto, en este trabajo en conjunto que se ha realizado con la Policía Nacional hemos recabado diversos elementos de convicción suficientes que han permitido que el Juez Superior analice el requerimiento nuestro y se ha concedido en su integridad y estamos en ese sentido ejecutando dicho mandato judicial”, preció en declaraciones a la prensa, Alfonso Barrenechea, fiscal a cargo del allanamiento.
“En este corto tiempo que tenemos para continuar con la investigación vamos a establecer una serie de diligencias ya programadas”, añadió.
Por su parte, América Noticias reveló que a la par del inmueble del fiscal Rojas León otras seis viviendas también fueron allanadas. Se conoció que él venía recibiendo coimas desde el 2012 de diferentes organizaciones criminales y de personas que traficaban terrenos en las playas de Lima Sur.
En este momento, son cuatro los casos que son imputados contra el fiscal y el abogado José Luis Corcuera. En el 2012 y 2013 el fiscal recibió 5 mil dólares, mientras que en 2013 recibió 2.500 dólares por el caso ‘Chela’, para formular una denuncia contra dos mujeres por el presunto delito de usurpación de terrenos.
Mientras que, en el 2012, Rojas León no dispuso que el fiscal de turno vaya a la comisaría de Punta Negra para que asuma las diligencias ordenadas por la Policía por la intervención del abogado Willington Ojeda Guerra, a quien habían detenido por estar manejando en estado de ebriedad y resistencia a la autoridad. Y el último caso por el que es imputado es por la compra fraudulenta de 60 hectáreas a la Municipalidad de San Bartolo.
Tras su intervención, el fiscal Rojas será trasladado a la Dirincri España para las diligencias correspondientes.
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