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La Gerencia de Transporte Urbano (GTU) de la Municipalidad de Lima, luego de anular los procesos de licitación de los corredores de integración y rutas de aproximación (casi el 60% del total de rutas en la ciudad), estaría planeando volver a utilizar solo autorizaciones para que los buses puedan circular por una determinada vía. En pocas palabras, estaría eliminando la competencia entre consorcios para adjudicar paquetes de rutas, una de las principales características de la reforma de transporte.
El jueves 22 de enero, funcionarios de la GTU, entre ellos la gerente Fanny Eto, informaron a un grupo de transportistas que pronto se publicará un nuevo plan regulador con las rutas de Lima que serán entregadas sin concurso a los actuales operadores de transporte.
“Bajo ese esquema nadie tendrá que concursar ya que las rutas se darán según los requisitos que ellos establezcan -por ejemplo, la renovación vehicular- y que básicamente están contenidas en la Ordenanza 1338 del 2010”, indicó a El Comercio Héctor Vargas, presidente del consorcio Inkabus que participó en la licitación de los corredores complementarios (de Pro Transporte) y de integración (de la GTU).
La reforma de transporte que impulsó la gestión anterior de la Muncipalidad de Lima se basa en dos ordenanzas (1599 y 1613), las cuales dejan atrás las autorizaciones temporales y establecen el otorgamiento de rutas a través de licitaciones y concursos, tal y como lo hizo Pro Transporte con los corredores complementarios.
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Estas normas anulaban la ordenanza 1338 de la anterior gestión de Luis Castañeda. Según el experto en temas de transporte, Paul Concha, este documento “no garantizaba que las empresas pongan a sus choferes en planilla ni que los vehículos fueran de su propiedad”.
Requisitos de la flota según el texto de la ordenanza 1338
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Texto de la ordenanza 1599 que obliga a reemplazar unidades de manera progresiva
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Según los transportistas consultados, las últimas concesiones de rutas por 10 años se dieron entre los años 1994 y 1996. Cuando vencieron, las empresas fueron obteniendo autorizaciones temporales que se fueron renovando con el paso de los años. Esta práctica se sigue realizando hasta hoy en las vías que no han sido adjudicadas.
Quienes buscaban estas autorizaciones temporales solo debían cumplir requisitos mínimos como tener una pequeña parte de la flota a nombre de la empresa, que los vehículos cuenten con revisión técnica y los choferes estén identificados con fotocheck, además del pago de inscripción.
CONTRATOS EN RIESGO
Para hacer efectivo el cambio, el concejo metropolitano tendría que aprobar el plan regulador de rutas que mencionaron los representantes de la GTU y modificar la Ordenanza 1613. El ex funcionario de Pro Transporte, Humberto Valenzuela, explicó que esto no solo haría retroceder la reforma, sino también afectaría los contratos firmados y concesiones adjudicadas de los cinco corredores complementarios otorgados sobre la base de la 1613.
“Esta situación puede generar una contingencia legal muy seria para la Municipalidad de Lima ya que los empresarios que postularon y ganaron podrían ver afectados sus contratos y por ende pueden reclamar por los perjuicios económicos generados”, explicó Humberto Valenzuela.
Héctor Vargas, de Inkabus, calificó como negativo este cambio y consideró que las ordenanzas de la gestión anterior iban a eliminar el modelo comisionista afiliador, el cual era considerado como una de las causas del caos en el transporte público.
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“¿Una gestión convoca a un proceso de licitación, decidimos participar, y luego viene otra y dice que no vale?”, cuestionó el transportista.
EVALÚAN VIGENCIA DE LA 1599
La gerente de Transporte Urbano, Fanny Eto, confirmó a El Comercio que la Ordenanza 1599, de la anterior gestión, “se encuentra en evaluación. En caso de derogarse, esto no significa que se deba regresar a la Ordenanza 1338, dado que la misma obedece a un escenario distinto”.
También se le consultó, vía correo electrónico, por el sustento técnico legal para no continuar con las concesiones. La funcionaria no respondió sobre estos puntos y más bien señaló que “las concesiones y autorizaciones constituyen mecanismos para que los operadores de transportes presten el servicio por un tiempo determinado”.
Remarcó que la municipalidad tiene la facultad de optar estas opciones, previa aprobación del concejo metropolitano.