Distritos en emergencia solo disponen de S/1,3 millones de canon y sobrecanon para invertir en seguridad | INFORME

Cuatro distritos de la capital -San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Cercado de Lima y Lince- y una provincia piurana permanecen bajo estado de emergencia ante los altos índices de delincuencia y crímenes violentos. En este contexto, el Consejo de Ministros publicó el 2 de octubre el Decreto Legislativo 1579, que permite a los gobiernos regionales y locales a utilizar los recursos del canon y sobrecanon para invertir en infraestructura y equipamiento necesario para mejorar la seguridad ciudadana.

Previo al Decreto Legislativo, los gobiernos regionales y locales solo podían utilizar este dinero para “el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local, respectivamente”. Así lo dispone la Ley de Canon (27506). La nueva disposición amplia las capacidades de inversión para reforzar la seguridad ciudadana a nivel local y regional, incluyendo infraestructura y equipamiento a favor de la Policía Nacional del Perú (PNP). De igual manera, podrán ejecutar estos fondos para mejorar los equipos de seguridad distrital, como los serenazgos.

Según el portal de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al 31 de octubre de este año, las municipalidades distritales de Lima Metropolitana contaban con Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 231.7 millones de soles, provenientes de canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. Sin embargo, el Decreto Legislativo en cuestión solo determina el uso del ‘canon y sobrecanon’, mas no de los otros ingresos que también son parte de los ingresos recopilados por la extracción de recursos naturales.

Información entregada por el MEF a El Comercio revela contrastes importantes en los montos dirigidos a los cuatro distritos limeños que se encuentran bajo estado de emergencia. En el caso de San Juan de Lurigancho (SJL), la municipalidad recibió 3′161.543 de soles de canon y sobrecanon. El municipio de San Martín de Porres suma 1′135.383 de soles, mientras que el Cercado de Lima adquirió 377.623 soles. Lince -el distrito menos beneficiado por este saldo- recibió tan solo 44.293 soles.

Sin embargo, a dos meses de que finalice el año, gran cantidad de estos montos ya han sido ejecutados. Por ejemplo, SJL ha gastado 3′091.705 de soles en lo que va del 2023, mostrando una ejecución del 97,8% del canon y sobrecanon. Esto deja un presupuesto menor a los 70 mil soles, que podrían ser utilizados para equipamiento e infraestructura para fortalecer la seguridad ciudadana.

En el caso de San Martín de Porres, la historia es diferente a la de SJL. Del presupuesto obtenido, la municipalidad solo ha ejecutado el 19%, dejando un saldo que supera los 900 mil soles. La Municipalidad Metropolitana de Lima -como autoridad distrital- ha utilizado 92 mil soles, es decir, el 24,4%. Por último, en Lince, el fondo restante es de 26.441 tras haber utilizado el 40,3%. En total, los cuatro distritos disponen de 1′301.091 de soles.

El 2024 los gobiernos locales y regionales recibirán nuevas transferencias -que varían según los índices de recaudación- de canon y sobrecanon que les permitirá invertir mayores recursos en seguridad ciudadana. En ese sentido, se estima que estos sean similares a los del 2023 en cada distrito (ver tabla sobre uso de canon y sobrecanon en distritos en emergencia) y si bien desde enero podrán disponer de esta partida para temas de seguridad en su totalidad, los montos resultan aún insuficientes, tal como lo adelantó en su momento el alcalde de SJL, Jesús Maldonado, a El Comercio.

De hecho, César Ortiz Anderson, analista en seguridad y presidente de Aprosec, advierte en que estas partidas son cortas y no permiten realizar grandes gastos. “Esos montos ya han sido pensados para obras de infraestructuras y algo de eso seguramente se va a utilizar para gastos en seguridad, pero ese dinero se queda corto en distritos que ya de por sí están en emergencia y necesitan respuestas rápidas”, dijo a El Comercio.

A fines de octubre de este año, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho adquirió 50 camionetas equipadas para el ‘proyecto de mejoramiento del servicio de seguridad’. Para esto, la comuna desembolsó ocho millones 745 mil soles. Es decir, cada unidad costó 174.900 soles. Asimismo, en información que compartió la comuna de Lince con este Diario revela que la reposición de una camioneta de serenazgo fue cotizada en 160.395 soles.

Tomando ambos datos como ejemplo -con un costo promedio de 167.647 soles- ni Lince ni SJL podrían adquirir una unidad adicional con el monto disponible de canon y sobrecanon. Mientras que Lima tiene la capacidad de comprar una camioneta de este tipo, solo SMP estaría en capacidad de ampliar su flota significativamente, con cinco unidades nuevas.

El contexto es muy diferente en la provincia de Sullana (Piura) donde también se ha impuesto el estado de emergencia. En los siete distritos de dicha provincia, el monto asignado de canon y sobrecanon supera los 40 millones de soles. Los tres municipios con mayor asignación fueron Sullana (18,3 millones de soles), Marcavelica (10,3 millones) y Bellavista (4 millones).

Tras la ejecución de este año -con un promedio del 52% en el avance- las municipalidades de Sullana, Bellavista, Marcavelica y Querecotillo aún cuentan con fondos superiores a los dos millones de soles para invertir en infraestructura y equipamiento necesario para la seguridad ciudadana. El distrito de Miguel Checa cuenta con 680 mil soles, Ignacio Escudero con 464 mil y Salitral con 450 mil soles.

Si bien el DL da nuevas facultades de gasto a las municipalidades, estas ya contaban con la categoría presupuestal 0030 para la reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana. A nivel nacional, los gobiernos locales -provinciales y municipales- han ejecutado solo el 67% de este monto, que asciende a 1,6 billones de soles.

En el caso de San Juan de Lurigancho, de los 63,3 millones habilitados para este concepto, la Municipalidad solo ha utilizado el 21,7%. El municipio de San Martín de Porres ha ejecutado el 49,5% de los 16,4 millones de soles a disposición. Ambos se posicionan entre las tres municipalidades con el menor uso de estos montos, siendo Carabayllo el segundo, con un avance del 36,1%. En Lince y en Lima la ejecución es mayor, siendo del 69,2% y el 74,3% respectivamente.

La ley define al canon como “la participación efectiva y adecuada de la que gozan los gobiernos regionales y locales del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica de los recursos naturales”. En el Perú existen seis tipos de canon: minero, hidroenergético, gasífero, pesquero, forestal y petrolero. Mayoritariamente, los gobiernos locales son los más beneficiados por estos recursos económicos, habiendo obtenido el 73,3% del canon destinado entre el 2017 y el 2022. Los gobiernos regionales recibieron el 20,8%.

El 10% del canon recaudado es transferido a las municipalidades de los distritos donde se explota el recurso natural. El 25% -bajo criterios de población y necesidades básicas insatisfechas- se entrega a los municipios distritales y provinciales de la provincia donde se explota el recurso. El 40% se asigna -según los mismos criterios- a los gobiernos locales del departamento donde se explota el recurso natural. Finalmente, solo el 25% se entrega al gobierno regional (80%) y a la universidad pública (20%).

Los índices de distribución son aprobados por el MEF, mediante Resolución Ministerial, los cuales son el resultado de la aplicación de las normas vigentes (porcentajes, criterios e indicadores en ellas establecidas), de la información oficial proporcionada por las diversas entidades responsables y de la recaudación efectiva percibida por el Estado.

El experto en seguridad y crimen organizado, Fran Casas, dijo a El Comercio que la medida anunciada por el primer ministro Otárola sí le parece una acción oportuna, tomando en cuenta el contexto actual, en el que cada día aumenta el número de víctimas de diferentes manifestaciones delictivas, como extorsión, homicidios, delitos patrimoniales, entre otros, por lo que resulta lógico que los diferentes niveles de gobierno se involucren e inviertan en reforzar la seguridad ciudadana.

“El problema de la inseguridad está creciendo de manera sistemática desde el 2020, entonces es entendible de que el Estado en general, es decir, gobiernos locales, regionales y nacional, pues tengan que invertir más recursos para garantizar la continuidad de algunos de los servicios de seguridad ciudadana, entre ellos, el de la Policía Nacional. Me parece una acción oportuna. Pero hay que aclarar que no se trata de una estrategia”, señaló.

Sin embargo, Casas sostuvo que existen dos cosas que hay que tomar en cuenta al respecto. La primera es que todavía no ha salido promulgada la ley, la cual, imagina, tendrá algunas acepciones que serán importantes revisar. La segunda tiene que ver con que los recursos del canon y sobre canon ya tenían una finalidad, por ejemplo, estaban destinados a mejorar la infraestructura local, las calles, los caminos, las carreteras, entre otras cosas. Entonces, el crear la posibilidad para que también se incorpore la seguridad ciudadana quiere decir que ahora estos otros fines se van a reducir y se verán afectados.

“Habría que preguntarle al ministro del Interior y a los alcaldes y gobernadores de qué manera se piensa cubrir, tomando en cuenta de que faltan pocos meses para que empiece el verano y llegue con fuerza el fenómeno El Niño. Sabemos que muchos alcaldes están poco preparados para enfrentar este problema”, agregó.

Para este informe, El Comercio intentó contactar con las municipalidades de Lince, SJL y SMP para conocer la postura de estas entidades ante la nueva medida. Sin embargo -pese a constantes intentos de lograr una entrevista con un vocero- ninguna de las tres autoridades respondió a la solicitud.