Se agudizan las extorsiones de Los Gallegos pero la PNP no da respuestas claras para combatirlas

Mientras que Los Gallegos amenazan de muerte a todo motorizado peruano que transite por La Victoria y El Agustino, la Policía Nacional del Perú (PNP), en conjunto con el Ministerio del Interior, solo anuncia medidas disuasivas en la capital pero sin mayores detalles. Según expertos, se necesita inteligencia policial efectiva para contrarrestar el crimen organizado y las extorsiones.

Una serie de protestas realizadas durante esta última por transportistas y comerciantes en contra de extorsionadores extranjeros dejó como saldo vehículos menores incendiados y heridos. La policía respondió desplegando sus tropas por las calles de los distritos mencionados, pero parece no ser suficiente. Los vecinos han solicitado soluciones inmediatas porque ni sus hijos pueden salir a clases. Temen a que Los Gallegos cumplan con lo anunciado en un video que según la PNP sí es de su autoría: matar gente.

Tras los videos y más protestas, la noche del pasado jueves, el Ministerio del Interior convocó a una conferencia de prensa para informar sobre las medidas adoptadas para reforzar la seguridad ciudadana. En ella, el ministro del Interior Vicente Romero reconoció que las extorsiones sí afectan a los comerciantes y transportistas de la zona en conflicto.

Lo inaudito es que sus pares policiales de la Región Policial Lima, Roger Pérez y el jefe de la División Policial Centro 2, José Álvarez, declararon con anterioridad que no tenían registro de la existencia de extorsiones en donde se suscitaron los hechos violentos durante las protestas contra el cobro de cupos, minimizando el problema.

Romero, sin embargo, solo anunció que la Policía Nacional del Perú reforzará su presencia con 1.900 efectivos para controlar la situación en La Victoria y El Agustino hasta San Luis. Además, la Marina de Guerra del Perú ha otorgado apoyo logístico con diez unidades móviles multipropósito.

Cuando El Comercio le consultó sobre qué estrategias de inteligencia y reformas se están aplicando para reducir las extorsiones en la capital, apenas respondió narrando el origen de este delito en el país, pero no la pregunta realizada. Posteriormente, solo destacó que se han hecho dos campañas exitosas contra el delito: “El préstamo gota a gota es un delito” y “Yo no caigo en la Extorsión, Yo Denuncio”.

Cabe resaltar que según información brindada en la página oficial de su Cartera, estas fueron preventivas y con el fin de “sensibilizar”, “advertir” e “informar”. También señaló que la Dirincri ha generado más capturas y concretado un 60% de sus carpetas fiscales de investigación.

Frank Casas, experto en Seguridad Ciudadana, declaró a El Comercio que si bien el patrullaje articulado es necesario para vigilar y se puedan prevenir manifestaciones violentas, también se necesita investigación criminal.

“El patrullaje no va a detener las extorsiones, pero sí que el nivel de violencia entre ciudadanos no llegue a ríos de sangre. El Ministerio del Interior es el encargado en comunicar cuáles son las estrategias que se deben tomar para enfrentar los diferentes hechos delictivos. No es tanto la policía, es el ministro del Interior y su equipo técnico porque ellos son los responsables estratégicos”, señaló.

A José Baella, exjefe de la Dircote, le llamó la atención que algunos oficiales policiales hayan declarado que no habían extorsiones en La Victoria o El Agustino. “Yo creo que el discurso político siempre saldrá a favor de lo que están haciendo. Como cuando dicen que en SJL y SMP han reducido los delitos, pero vemos en los medios otra situación”, concluyó.

Durante la semana del 15 al 22 de octubre, al menos nueve personas fueron asesinadas en los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, en pleno estado de emergencia. El martes 31 de octubre, también ultimaron a dos hombres en el primer distrito mencionado.

Los crímenes han evidenciado que las medidas disuasivas aplicadas no funcionan. Eso también fue corroborado en un informe de El Comercio, el cual señaló que en 315 días de estado emergencia en Lima Metropolitana y Callao, durante el 2022, la victimización aumentó a comparación del año anterior.

Rubén Vargas, exministro del Interior, rechazó las declaraciones del oficial Roger Pérez, quien precisó que no habían extorsiones sino una presunta disputa por el mercado de los mototaxis. El experto indicó que la Región Policial Lima cuenta con áreas de inteligencia para investigaciones.

“Por otro lado tenemos a una fiscal de la nación realizando operativos de control de identidad supuestamente para prevenir las extorsiones y tenemos a un ministro de Justicia que no recomienda caer en las extorsiones porque si lo hacemos básicamente es nuestra culpa. En conclusión, tenemos a un Gobierno desorientado y altos funcionarios con un voluntarismo que exaspera y la ausencia absoluta de estrategias para enfrentar el crimen organizado en su forma más recurrente: las extorsiones”, dijo.

-Extorsiones extranjeras-

“Enviaron mensajes diciendo que debíamos pagar S/10 por mototaxi. El fin de semana pasado llegaron a bordo de una motocicleta y con una ‘pipa’ [pistola] nos amenazaron. Iban a matarnos uno por uno si no pagábamos”, contó un transportista de la zona de la Av. 28 de Julio con Aviación en La Victoria.

Aterrado y mirando a todos lados, asegurando que nadie lo observe, narró que ese fue el detonante por el que los ciudadanos de su distrito, el Agustino y Ate decidieran enfrentar a los extorsionadores extranjeros durante los últimos cuatro días de la semana.

En 7 de Octubre (El Agustino), a los mototaxistas no solo los han extorsionado portando armas, sino también enviando mensajes con fotos de granadas. “Donde ande un combo de peruanos se le lanza esa piñita para que se mueran unos cuantos”, se lee. Declararon que no han denunciado porque no confían en las autoridades y la presencia policial en sus barrios era poca o nula antes de las protestas.

La realidad es crítica, puesto que la banda que ha resurgido luego de la viralización de un video en redes sociales, es una facción del Tren de Aragua. Se encuentra en el país desde el año 2019 y tomó mayor fuerza en 2020, luego de que su cabecilla, José Luis Rodríguez Rodríguez, alias ‘Mamera’, asesinó al proxeneta ‘Cholo Issac’ en Risso (Lince), para tomar el control extorsiones en la zona.

Los Gallegos, según información policial a la que El Comercio tuvo acceso, están implantados en La Victoria, El Agustino, Ate y Villa El Salvador. Su principal actividad es el cobro de cupos a trabajadoras sexuales, la explotación sexual y el proxenetismo. En tanto, la PNP ha confirmado la veracidad del video donde los delincuentes lucen armados. La banda, por sus antecedentes, es sanguinaria.

El general Óscar Arriola, jefe de la Dirnic, comentó durante la conferencia de prensa, en la que también estuvo presente junto con el ministro del Interior y otros altos mandos policiales, que se ha detenido a más de 30 cabecillas del Tren de Aragua, haciendo así referencia a las capturas de diversos integrantes de las facciones de la mega organización criminal, incluyendo al excabecilla de Los Gallegos, José Ángel Ortega Padrón también conocido como Armando.

“Le decimos a estos delincuentes venezolanos que acá [en Perú] no se les va a permitir absolutamente nada”, dijo.

El exjefe de la Dircote, José Baella, concluyó manifestando que lo sucedido con Los Gallegos es una amenaza directa contra todos los peruanos y se necesita trabajar con investigaciones criminales. “Aquí lo que se tiene que hacer es potenciar la inteligencia porque es muy importante para combatir el delito. A través de ella se trabaja la prevención. Si ella hubiera funcionado [actualmente] no hubiera ocurrido lo que pasó en La Victoria, El Agustino”, declaró.