La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que durante el inicio del último semestre, de octubre del 2020 a marzo del 2021, se vivieron las peores represiones a la libertad de expresión en el Perú desde el gobierno de Alberto Fujimori. En ese sentido, afirmó que durante las protestas ciudadanas por la vacancia al expresidente Martín Vizcarra y la toma de mando de Manuel Merino en noviembre del año pasado, más de 40 periodistas que trabajaron en la cobertura de las manifestaciones fueron atacados por la Policía Nacional, y agregó que por dos décadas los periodistas peruanos no habían sufrido la agresión física directa por parte de las fuerzas del orden.
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La SIP dio a conocer lo antes mencionado en su informe 2021-I sobre la libertad de expresión, y en el que señala que usualmente este trabajo analiza la agresión de parte de tres fuentes: el Poder Legislativo, el Poder Judicial y la falta de transparencia de las instituciones públicas. Sin embargo, después de lo registrado en las protestas de noviembre del año pasado, también se agregó al Poder Ejecutivo y a la Policía Nacional. “Asimismo, se va perfilando también un nuevo frente, aunque por el momento menos organizado que los anteriores: la propia ciudadanía a través de las redes sociales, que ataca y busca cancelar a periodistas que no comparten su visión”.
“De acuerdo a cifras de la Asociación Nacional de Periodistas, de los 223 ataques a periodistas y medios de comunicación en el último año, los principales fueron llevados a cabo por agentes de seguridad (79), civiles (57) y funcionarios públicos (53). Todo ello en un año en el cual han fallecido 135 periodistas por coronavirus, 131 de ellos hombres”, anota el SIP.
En el informe también menciona que, a propósito de las elecciones presidenciales, el discurso contra los periodista se viene radicalizando. Indica que el plan de gobierno de Perú Libre, el partido con el que el candidatea Pedro Castillo, dedica cinco páginas a propuestas que implicarían un cambio absoluto en las reglas del juego de la libertad de expresión y los medios de comunicación privados, desde publicidad estatal y colegiatura obligatoria de periodistas hasta que algunos ministerios aprueben el contenido de canales de televisión y radioemisoras. El plan hace constantes alusiones a las acciones de Rafael Correa, los Kirchner, Fidel Castro y Lenin frente a los medios de comunicación de sus países. También sostiene que la SIP representa los intereses de grupos económicos empresariales y financieros de América, por lo que el país debe “independizarse” de esta organización.
Ataques legislativos
- Radio y televisión: en octubre del 2020 se presentó un predictamen, aprobado también en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, para modificar la ley de radio y televisión. Se busca prohibir en horario familiar la transmisión de programas cuyo contenido sea violento, obsceno “o de otra índole”. Asimismo, “regular la objetividad informativa” en relación a la dignidad de las personas, aunque no se especifica cómo.
- Colegiatura: en diciembre del 2020 un nuevo proyecto de ley, presentado por el congresista de Acción Popular Leonardo Inga Sales, propuso la colegiatura de periodistas como “requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de los licenciados en las carreras profesionales de periodismo y ciencias de la comunicación”.
En marzo del 2021 las bancadas de Alianza para el Progreso, Frepap y Podemos presentaron diversos proyectos de ley para la creación de diferentes colegios profesionales de comunicación en los cuales todo comunicador y periodista deberá registrarse, de manera obligatoria, para ejercer su profesión.
Acciones judiciales y agresiones contra periodistas
Entre ellos, el informe menciona:
- Caso vacancia: en noviembre del año pasado, durante las protestas por la vacancia al expresidente Martín Vizcarra y la toma de mando de Manuel Merino, más de 40 periodistas y medios de comunicación fueron atacados por la Policía Nacional. Varios periodistas sufrieron heridas de canicas de vidrio o plomo y de otra índole que luego requirieron cirugías. Varios de ellos comentaron haber sido atacados adrede y otros por la espalda. Fotógrafos reportaron que fueron prohibidos de registrar los eventos. Entre los medios de comunicación atacados figuran El Comercio, La República, RPP, Canal N, Wayka, ABC España, Exitosa, Huku Comunicaciones, Latina, TV Mar, ATV, AFP, América TV, Reuters, Ojo Público, entre otros. En estas protestas, además, fueron asesinados por las fuerzas del orden dos jóvenes manifestantes.
- Caso Urresti: a comienzos del 2021 se dio inicio al juicio contra el general Daniel Urresti, mientras era candidato presidencial, por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988. Durante el juicio, Jesús Gálvez, uno de los testigos, denunció haber recibido presiones para no rendir su testimonio contra el exmilitar. Gálvez contó a un programa de televisión que le habían ofrecido US$5,000 para no declarar. Tras la emisión del reportaje con sus declaraciones, denunció que una persona ingresó a su vivienda y rebuscó en ella como forma de amedrentamiento. Asimismo, contó que entre dos y tres testigos habían acordado testificar a favor de Urresti a cambio de un pago. La abogada de Urresti renunció a su defensa. La nueva defensa, luego, intentó negar que Bustíos hubiera sido periodista.
- Caso Correo: en marzo del 2021 se conoció que el Poder Judicial ha determinado que el director periodístico del diario Correo, Iván Slocovich, sea condenado a un año de pena privativa de la libertad suspendida y al pago de S/.7,000 (unos US$1,800) por reparación civil por utilizar una noticia del año 2001 como una fuente para un artículo que publicó en el 2016 en el que mencionaba a Álvaro Castro Osores como “implicado en un proceso judicial para encubrir a Vladimiro Montesinos”. El PJ ha señalado que Slocovich no comprobó la fiabilidad o viabilidad de la fuente pues Castro no estuvo involucrado en un “proceso penal” sino en una “denuncia penal”. Slocovich ha señalado que no hubo un intento de lesionar el honor de Castro, como recientemente concluyó la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. La querella está pendiente de ser resuelta en última instancia.
Transparencia y acceso a la información pública
- Durante el breve periodo presidencial de Manuel Merino, su gobierno intentó censurar la cobertura de las protestas en su contra en Canal 7, un canal del Estado. En respuesta, el consejo directivo de la institución y su gerente de prensa, Renzo Mazzei, renunciaron a sus cargos.
- Tras la asunción de Francisco Sagasti a la presidencia, luego de la renuncia de Manuel Merino, se retomaron las conferencias de prensa presenciales para periodistas y medios de comunicación. Éstas habían sido suspendidas durante el gobierno de Martín Vizcarra; los periodistas no podían asistir a ellas ni física ni virtualmente.
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