La denuncia violación colectiva contra una joven de 21 años en Surco es el más reciente eslabón de una cadena de actos de abuso sexual contra las mujeres que cada día registra al menos 11 víctimas en el país. Según estadística del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), de enero al 30 de setiembre de 2020, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron 3.096 casos de violación sexual. Es decir, un promedio de 344 casos por mes.
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De estos, el 56% ocurrió durante el estado de emergencia por la pandemia del COVID-19. De el 16 de marzo a setiembre, el MIMP reporta 1.738 violaciones sexuales que fueron atendidas por el Servicio de Atención Urgente (SAU) y los Equipos Itinerantes de Urgencia (EIU), implementados ante el cierre temporal de los CEM por la paralización de actividades para evitar contagios.
Las cifras son aún más desgarradoras tomando en cuenta que, de todas las violaciones atendidas en nueve meses, en el 66% de los casos (2.047) la víctima fue una niña, niño o adolescente.
Aunque ya se tratan de números escandalosos, María Ysabel Cedano, abogada de la organización Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), considera que existe un importante subregistro de violaciones que no llegan a denunciarse pero que se evidencian con los casos de embarazos forzado en niñas.
“Podemos afirmar que durante este gobierno ha aumentado de 4 a 5 niñas por día las que van a Reniec acompañadas de sus representantes legales, madre o madre, a registrar hijos e hijas producto de violaciones sexuales. En el sistema de Registro de Nacidos Vivos del Ministerio de Salud, hay 767 casos de niñas hasta los 14 años que han dado a luz solo en el 2020”, dice a El Comercio.
En su opinión, esta situación es reflejo del machismo en la sociedad que mantiene la idea de que los hombres tienen derecho sobre la sexualidad de las mujeres, incluso sobre sus hijas. “Aunque parezca increíble siguen siendo vigentes creencias como que el hombre tiene impulso sexual irrefrenable y que son las mujeres las que provocamos, incluso cuando son niñas o que la mujer tiene la obligación de decir no y resistir de manera física poniéndonos en riesgo para que se nos crea”, sostiene.
Ante esta situación, Elisa Juárez, coordinadora el equipo de monitoreo e investigación de Promsex, indica que es indispensable una correcta capacitación de los prestadores de salud para cumplir la normativa vigente (Resolución Ministerial N° 649-2020-MINSA) y entregar kit de emergencia a menores víctimas de agresión sexual, que incluye Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) y antirretrovirales para la prevención del VIH.
“Debe ser prioritario tener kits completos y disponibles en todos los niveles de salud, así como la capacitación para hacer la oferta de aborto terapéutico para niñas menores de 15 años que actualmente ha quedado a criterio de quien atiende el caso cuando es una obligatoriedad ofrecerlo aun cuando los padres no estén presentes de acuerdo a la necesidad de la menor”, dijo.
Una investigación realizada por Promsex el año pasado reveló que existen “cuellos de botella” en la atención de la víctima de violencia sexual, en los CEM y centros de salud en los que no existe una ruta clara para atención a las víctimas. Sin embargo, esta situación se mantuvo en pandemia. “El cierre de los centros de salud y sobresaturación de la atención de emergencia, hizo más complicada la atención de las víctimas. También hubo una disminución de prestadores y restricción de servicios externos que dejaron sin posibilidad de recibir atención oportuna a las mujeres y niñas”, señaló.
De acuerdo con información brindada en setiembre por el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña, durante la pandemia este centro recibió un promedio de diez casos de abusos sexuales en adolescentes de entre 10 a 17 años. A esto se suman los diez registrados de enero a marzo, antes del estado de emergencia. Esta es una de las instituciones que cuenta el kit de emergencia a menores víctimas de agresión sexual.
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