Cambio de jefe en el INS: ¿cuál fue el rol de esta entidad en el escándalo del ‘vacunagate’?

Una resolución suprema publicada el miércoles en el Diario Oficial “El Peruano” dio cuenta que se aceptó la renuncia del médico cirujano César Cabezas Sánchez como jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), luego de un año exacto al frente de esa entidad. En su lugar, fue nombrado su colega Víctor Suárez Moreno, quien se venía desempeñando hasta hace poco como subjefe del INS.

Este Diario se comunicó con Cabezas para consultarle los motivos de su salida y si estas respondían al escándalo del vacunagate. Este respondió que su renuncia se debe a razones médicas. Sin entrar en mayores detalles dijo que hace treinta años que trabaja en el INS y una vez superado el problema de salud “seguiremos en la brega en la necesidad que hay en esta pandemia”.

A través de una nota de prensa, la entidad tampoco ofreció más explicaciones. Dijo que Cabezas fue despedido entre aplausos por el personal y que su renuncia obedece a motivos estrictamente personales. Añadió que el nuevo jefe es un especialista en enfermedades infecciosas y tropicales y, entre otras cosas, cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando con la entidad.

El INS, un organismo ejecutor que integra el Ministerio de Salud (Minsa), ha sido una pieza clave en la respuesta del Estado a la pandemia. Además de sus investigaciones, es la entidad a cargo, por ejemplo, del diagnóstico molecular de casos de COVID-19 y de la autorización de laboratorios públicos y privados para que realicen estas evaluaciones. También es la institución rectora de los ensayos clínicos que se realizan en el país. Entre ellos, la protagonista del escándalo vacunagate: las pruebas de Fase III de la candidata a vacuna de Sinopharm llevada a cabo por la Universidad Cayetano Heredia con voluntarios peruanos.

Mira también: ‘Vacunagate’: Estas son las 487 personas que recibieron la vacuna Sinopharm

Por esa razón, el pasado 19 de febrero, la Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte y personal policial de la Diviac intervinieron esa entidad y otras del sector Salud para recabar documentación relacionada al irregular proceso de vacunación con las dosis del laboratorio chino. Si bien la fiscalía no ha delimitado aún responsabilidades (la investigación sigue siendo “contra los que resulten responsables”), ¿cuál fue el rol del INS en este caso?

Los inicios del escándalo

El caso vacunagate, como es público, se dio a conocer el pasado 10 de febrero, cuando el periodista Carlos Paredes reveló que el expresidente Martín Vizcarra recibió en secreto la dosis de Sinopharm. Al día siguiente, Vizcarra reconoció que fue inmunizado a razón de que era voluntario de los ensayos clínicos (versión que luego fue desmentida por la Cayetano). El domingo 14 de febrero, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, confirmó que los exviceministros de su sector Luis Suárez-Ognio y Víctor Bocangel recibieron también la vacuna. Ese misma noche, la entonces canciller Elizabeth Astete reconoció que a ella también le suministraron la dosis.

La pregunta que se impuso fue: ¿qué otros funcionarios se habían vacunado de la misma manera? La noche del lunes 15, el presidente Francisco Sagasti dijo que tenían una lista de 487 personas que se aprovecharon de su posición y recibieron la vacuna de Sinopharm fuera de los ensayos clínicos. Entre ellas, estaba la exministra de Salud Pilar Mazzetti. Al borde de la medianoche de ese día recién, el INS emitió su primer pronunciamiento al respecto.

La entidad se limitó a señalar que las pruebas de la candidata a vacuna contó con la aprobación del Comité Nacional Transitorio de Ética en Investigación (CNTEI) y de la Oficina General de Investigación y Transparencia Tecnológica (OGITT), ambos organismos pertenecientes al INS. Como parte del visto bueno dado, la entidad dijo que se aprobó el protocolo de estas evaluaciones en la que se consideró que la administración voluntaria de las vacunas de Sinopharm podría darse al equipo de investigación y personal relacionado al estudio. No obstante, la entidad precisó que para que ello suceda se debía de contar con la autorización previa de la Digemid en virtud de la normatividad vigente y “en salvaguarda de las seguridad de las personas”. Algo que, puntualizó la entidad, no sucedió.

El INS también dijo que en total realizaron nueve inspecciones al ensayo clínico y que dos de ellas se hicieron los días 12 y 15 de febrero. Es decir, días después de conocido el escándalo vacunagate. No informó el resto de fechas.

El 17 de febrero, el CNTEI emitió un comunicado en el que recalcó que ninguno de sus integrantes recibió la vacuna de Sinopharm y reafirmó que este irregular proceso de vacunación tuvo lugar fuera de las pruebas que ellos supervisaban, razón por la cual tomaron conocimiento recién del caso cuando salieron en los medios de comunicación.

El primer acercamiento

De acuerdo a la declaración de Carlos Castillo Solórzano, exasesor de Inmunización del Ministerio de Salud (Minsa) y exmiembro de la comisión multisectorial a cargo de negociar la compresa de las vacunas, quien rindió su manifestación a la fiscalía anticorrupción, la primera vinculación de Sinopharm con el país tuvo lugar el pasado 15 de abril en China. Ese día, el laboratorio le propuso a la embajada peruana en el país asiático que se realicen los ensayos clínicos de Fase III en territorio peruano.

Mira también: Vacunagate: Carlos Castillo afirma que lista de personas a vacunar fue elaborada por dos asistentes del exviceministro Suárez Ognio

Ese mismo día, el INS informó a la opinión pública que se había conformado el CNTEI, responsable, entre otras cosas, de aprobar los protocolos para que se desarrollen este tipo de investigaciones y de supervisar su correcta actuación.

Castillo contó que el 26 de junio Sinopharm comunicó, en una reunión virtual donde participaron representantes del INS, Minsa y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, entre otros, que deseaba que los ensayos clínicos sea un acuerdo de gobierno a gobierno. Según su testimonio, las autoridades de salud peruanas les explicaron que ello no podía ser posible debido a que ellos son las entidades rectoras (en referencia al INS). De modo que el laboratorio, dijo Castillo, optó por cerrar un trato con la universidad Cayetano.

El exasesor del Minsa añadió que el 4 de agosto el laboratorio chino expresó su interés, a través de la cancillería peruana, de contar con una opinión favorable del Gobierno para que se realicen dichas evaluaciones. Esta fue respondida al día siguiente por la entonces viceministra de Salud Nancy Adriana Zerpa Tawara en términos favorables para Sinopharm. Catorce días después, el INS, por intermedio de la Oficina General de Investigación y Transparencia Tecnológica (OGITT), aprobó que se lleven a cabo las pruebas. Esta aprobación incluía el visto bueno del CNTEI.

La Comisión Carbone, conformada por el Minsa para investigar los hechos vinculados al vacunagate, concluyó a fines de febrero que el CNTEI no debió aprobar el protocolo del ensayo clínico con el texto que decía que “el equipo de investigación y personal relacionado” podía aplicarse las vacunas al margen de los voluntarios De igual modo, dijo que la OGITT no debió dar su autorización por la misma razón.

Ver también: Funcionarios se vacunaron con dosis autorizadas por Digemid que eran para uso exclusivo de los ensayos

“Según fue expresado por los invitados relacionados con el Ensayo Clínico, la frase ‘personal relacionado’ fue interpretada de tal manera que consideraron que podría extenderse al entorno familiar de cada persona inoculada, llegando de esa manera a extender el círculo de beneficiarios de la candidata a vacuna”, dice el informe Carbone en sus conclusiones.

Las dosis extra

¿Pero cómo llegaron las 3.200 dosis utilizadas en el vacunagate? ¿Y cuál fue la participación del INS? Castillo dice que el 25 de agosto recibió una comunicación de la cancillería peruana en la que le indicaban que Sinopharm esperaba la autorización del Minsa para que puedan aplicar las 3.200 vacunas de emergencia en el Perú. Esta sería dirigida al equipo de trabajo a cargo de las pruebas clínicas y personal de la embajada de China en el Perú. Ese correo, dijo, fue enviado también a representantes del Minsa, el INS y la Digemid.

“La cantidad de 2.000 dosis de vacunas para el personal a cargo del ensayo clínico fue un número conversado por la Universidad Cayetano Heredia, Universidad San Marcos, en las conversaciones telefónicas también participaba el Minsa y el RREE. Con respecto a las 1.200 dosis para le embajada China, desconozco cómo salió esa cantidad”, declaró el médico a la fiscalía anticorrupción.

Como informó este Diario, el 25 de agosto la universidad Cayetano solicitó al INS autorización para importar las 27.800 dosis de Sinopharm que serían utilizadas en los ensayos clínicos (dentro de ese lote estaban incluidas las 3.200 vacunas del vacunagate). Al día siguiente, el médico Franco Romani Romani, director general de la Oficina de Investigación y Transparencia Tecnológica del INS, aprueba el requerimiento y lo remite a la Digemid para su visto bueno final, lo que ocurrió cinco días después.

Las dosis de Sinopharm llegaron al país el 2 de septiembre. Una semana después, comenzaron las vacunaciones fuera de los ensayos clínicos. En total, más 400 inmunizados, entre personal relacionado a las pruebas, funcionarios del Minsa y de Cancillería, familiares y allegados.

Entre los vacunados, como informó el portal Salud con Lupa, familiares de la abogada Roxana Lescano, miembro del CNTEI y de su Secretaría Técnica.

Al respecto, el INS volvió a pronunciarse el 19 de febrero e indicó que se ocultó información sobre el uso de las vacunas fuera de los ensayos clínicos, que estas fueron administradas a personas ajenas a las pruebas y que parte de ellas fueron retiradas de manera indebida de la universidad Cayetano, “lo que resulta una violación al protocolo de investigación, las buenas prácticas clínicas, estándares éticos en investigación y la regulación vigente”.

Como una de las medidas adoptadas, la entidad informó que suspendió el registro como centro de investigación de la universidad Cayetano para futuros ensayos clínicos.

El informe Carbone sostiene que el INS debió detectar este irregular proceso de vacunación en las inspecciones ordinarias que realizó al estudio. Y no dos días después de que el escándalo del vacunagate estallara. “Las supervisiones del OGITT debieron identificar tempranamente los desvíos en la realización del ensayo clínico”, dice el informe señalando la responsabilidad del INS. En cuanto a la investigación penal, los involucrados recién están comenzando a declarar a la fiscalía anticorrupción.

VIDEO RECOMENDADO