Esta historia empieza el 25 de agosto del 2020. Ese día, el apoderado legal de la Universidad Cayetano Heredia, el médico Juan Miyahira, envió una solicitud al Instituto Nacional de Salud (INS) para que se autorice la importación de un listado de productos y suministros que se iban a emplear en los ensayos clínicos de Sinopharm. En su formulario, al que este Diario tuvo acceso, el médico principalmente pedía el ingreso al país 27.800 dosis del laboratorio chino, distribuido de la siguiente manera: 8.200 vacunas de la cepa de Wuhan, 11.400 de la de Beijing y 8.200 placebos que serían utilizados para los 12 mil voluntarios enrolados en las pruebas de la Fase III.
El escrito tuvo respuesta al día siguiente. El 26 de agosto, el director general de la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica del INS, el médico Franco Romani, dio visto bueno a lo expuesto por Miyahira al considerar que cumplía técnica y administrativamente con el Reglamento de Ensayos Clínicos (Decreto Supremo N° 021-2017). En un segundo punto, el funcionario del INS recalcó que “todos los materiales e insumos que se utilizarán para el desarrollo total del ensayo clínico no tienen un valor comercial, sino un valor nominal”.
Luego de ello, la resolución fue remitida a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), la única entidad encargada de autorizar la importación de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. El 31 de agosto, la química farmacéutica Sofía Salas Pumacayo, a cargo de la Dirección de Productos Farmaceuticos de la Digemid, firmó una resolución directoral que autorizaba el arribo de las 27.800 dosis no sin antes remarcar que su uso era para “fines exclusivos de investigación”, la cual tiene una vigencia hasta el 18 de diciembre del 2021, de acuerdo al escrito que accedió El Comercio.
De esta manera fue cómo se allanó el camino para que lleguen al país las vacunas y los placebos de Sinopharm. Sin embargo, el detalle está que ingresaron de la siguiente forma: en un embarque las 8.200 vacunas de la cepa de Wuhan, en otro los 8.200 placebos y las dosis de Beijing en dos embarques diferentes. Uno de 8.200 y otro de 3.200. Este último lote, como ha informado la Universidad Cayetano Heredia, fueron utilizados para ser administrados a los investigadores y personal relacionado al estudio clínico.
Durante el año pasado, no ingresó al país otras vacunas de China que no sean esos 27.800 que solicitó en un inicio el médico Juan Miyahira, de acuerdo a las declaraciones aduaneras de los últimos meses que revisó este Diario de la citada casa de estudios.
En una breve consulta, el médico Germán Málaga, responsable de los ensayos clínicos de Sinopharm en la Universidad Cayetano Heredia, dijo que de ese lote salieron todas las vacunas utilizadas en el país. El médico explicó que recibieron dos grupos de vacunas: por un lado unas selladas que eran para los estudios clínicos y por otro unas de etiqueta abierta de dosis activas.
Este lote de 27.800 llegaron al país formalmente el pasado 2 de septiembre, con la delegación del laboratorio chino encabezado por su vicepresidente el doctor Bing Zeng. Las pruebas fueron trasladas a la Universidad Cayetano Heredia para que se diera inicio a los ensayos clínicos que comenzó siete días después.
Solo 24 mil de estas dosis respetaron la autorización de Digemid y fueron utilizadas en los 12 mil voluntarios en los ensayos del año pasado. Recién el 31 de diciembre del 2020, Sinopharm informó a la comunidad internacional que su vacuna tenía una efectividad del 79%. El 7 de enero de este año, el gobierno firmó un contrato con el laboratorio chino por un millón de vacunas y a la semana siguiente realizó la transferencia para adquirirlas.
Sin embargo, ahora sabemos que 487 funcionarios se empezaron a inmunizar en secreto con el lote que llegó en septiembre. Entre ellos, las ex ministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Relaciones Exteriores) y el ex presidente Martín Vizcarra.
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