Desde el 27 de agosto, Ana Álvarez afronta un proceso legal en la fiscalía, acusada del delito contra la salud pública y el tráfico ilícito de drogas, debido a que usa aceite de marihuana para calmar las convulsiones de su hijo, de 18 años. Los cargos que pesan sobre ella, sin embargo, podrían ser archivados una vez que el Ejecutivo promulgue en el diario oficial “El Peruano” la ley que permite el uso medicinal del cannabis, aprobada por el pleno del Congreso el último jueves.
Al igual que Álvarez, el médico Juan Lock, quien controla a pacientes que toman dosis de aceite de marihuana, y Luis Govancho, activista dedicado al cultivo de esta planta para fines terapéuticos, afrontan las mismas acusaciones en la fiscalía.
Carlos Caro, abogado penalista, remarcó que la ley del uso medicinal del cannabis se aplicará de manera retroactiva, por lo tanto la denuncia que afrontan estas tres personas sería archivada.
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“Al aplicarse retroactivamente, favorecerá a estas personas acusadas. Ellas no han cometido ningún delito porque no hay sanción por consumir marihuana sino por comercializarla”, explicó.
En el semanario “Hildebrandt en sus trece”, el fiscal a cargo de las indagaciones, Víctor Valdivia, sostuvo que la denuncia es por la producción de droga y eso está penado. Pero Caro resaltó que “hay pena siempre que esa producción sea para comercializarla y en este caso es para uso medicinal”.
Dorothy Santiago, fundadora de la ONG Buscando Esperanza, que cultiva marihuana para uso terapéutico, cree que con la aprobación de la ley se quiere beneficiar a farmacéuticas. “Nosotros extraemos el aceite y lo procesamos de manera artesanal. Esos cultivos no pueden ser prohibidos”, dijo. 
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