El golpe de Estado que anunció el entonces presidente de la República, Pedro Castillo, paralizó al país entero. Horas de incertidumbre se vivieron en el territorio nacional, entre imágenes de la captura del mandatario y la asunción de Dina Boluarte como la nueva jefa del Ejecutivo. Los hechos convirtieron al último mes del año y al primero del 2023 en un sinfín de excesivos conflictos, que resultaron en la muerte de más de 60 personas. Para este 7 diciembre, el primer aniversario del nuevo gobierno -se prevé- estará acompañado de una nueva jornada de protestas.
Para este 7, 8 y 9 de diciembre, la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL) ha anunciado una nueva movilización en contra del gobierno. Las exigencias principales no han variado en relación con las múltiples protestas organizadas por la CNUL que se han llevado a cabo en Lima y el resto del país en lo que va del año. La última marcha más representativa se dio el pasado 14 de octubre. La Coordinadora estuvo conformada con representantes de los diversos gremios y agrupaciones sociales que se alzaron en protesta desde el año pasado.
Para este sábado 2 de diciembre, diversos colectivos han convocado a una marcha nacional en contra de los tres poderes del Estado y exigen 'que se vayan todos'. La movilización responde a los últimos sucesos que se han desencadenado tras la operación Valkiria V.
Sin embargo, esta vez la CNUL anunció que se declarará al 7 de diciembre como el ‘Día de la Dictadura’, al considerar ilegítima la toma de mando de Boluarte. Tampoco se referirán a la protesta como ‘Toma de Lima’ En tal sentido, se esperan movilizaciones en la capital y el resto del país, exigiendo la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso de la República y nuevas elecciones generales. Aparte de las demandas políticas, exigen justicia por los fallecidos en las protestas.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el lema que unirá a los diversos gremios durante esas protestas será ‘que se vayan todos’, haciendo referencia a todos los niveles del Gobierno central. Asimismo, la entidad informó que el pasado 25 y 26 de noviembre se llevó a cabo en Lima el III Encuentro Nacional de las Regiones y Pueblos Organizados del Perú, “con el fin de organizarse para las protestas del 7 de diciembre”.
“En este encuentro participaron representantes de la sociedad civil de Callao, Lima, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Tumbes, San Martín, Cusco, Junín, Ica, Huánuco, La Libertad, Cajamarca, Lambayeque, Piura”, señaló la institución.
Planes preventivos
El Comercio se comunicó con Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, quien informó que el sector se encuentra alerta ante el anuncio de las movilizaciones a un año de desencadenarse una de las crisis sociopolíticas más profundas de los últimos tiempos. “No podemos volver a vivir lo que ocurrió anteriormente por cuatro meses. Solo en el transporte de personas, perdíamos cerca de 180 millones de soles al día”, comentó Ojeda.
Asimismo, destacó que han establecido reuniones con el jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior con el fin de aterrizar medidas que permitan proteger el libre tránsito en caso de protestas masivas. Aclaró que el Ejecutivo -por medio delministerio- ha indicado que se tomarán acciones estratégicas, tanto legales como policiales, para proteger al sector. Ojeda confirmó que el gremio de colectiveros se incorporará a las manifestaciones de la próxima semana.
Por su parte, Susana Saldaña, presidenta del consejo directivo en Asociación Empresarial Gamarra Perú, comentó a El Comercio que las manifestaciones no son un problema para el sector, siempre y cuando no se vean afectadas las vías de transporte. “A nosotros no nos afectan las marchas, nos afectan los bloqueos de las vías. Nosotros siempre hemos respetado el derecho de cada uno de los peruanos de manifestarse, por lo que crean pertinente. Lo que no está garantizado y no es el derecho de ningún peruano es la violencia”, sostuvo Saldaña.
La entrevistada recalcó que el Emporio se encuentra en “la campaña más importante del año”, por lo que se ha duplicado la seguridad de las galerías y se ha solicitado una mayor presencia policial. Saldaña indicó que en diciembre pasado, “se perdió cerca del 40% de la campaña mayorista y minorista” debido al bloqueo de carreteras.
Revisión anual
El 2023 inició con movilizaciones y enfrentamientos en múltiples localidades del país. A lo largo del año, se han organizado nuevas manifestaciones en contra del Gobierno y otras protestas de diversas índoles. Concretamente, hasta octubre de este año, la Defensoría del Pueblo ha registrado 4.282 acciones colectivas de protesta, ocurriendo 1.261 de estas en el primer mes del año.
En octubre, de las 410 protestas ocurridas, el 14,1% se desarrollaron como marchas y 62,2% como plantones. La Defensoría ha detallado que los lugares que registraron mayor número de protestas -solo en el mes de octubre- fueron Lima Metropolitana (51), Arequipa (46), Puno (39), Piura (35), Áncash (25). Asimismo, el país cerró el mes de octubre con un total de 224 conflictos sociales registrados. Si bien dos fueron resueltos -vinculados a la Compañía Minera Raura y la comunidad campesina de Ucruschaca, y a la empresa Nexa Resources y la comunidad campesina de Chinchán- otros dos se sumaron a la lista.
Un conflicto es de alcance nacional y es protagonizado por los agremiados a la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú- FENDUP, quienes acatan una huelga desde el 26 de setiembre, exigiendo la nivelación de remuneraciones, la homologación de las mismas con los magistrados del Poder Judicial, entre otras demandas. El otro involucra a la población de los caseríos de Pomamayo y Cashaucro y el barrio de Bellavista del distrito de Oyón, en Lima, que demanda el reinicio de la mesa de diálogo con la Compañía Minera Raura S.A., el cual fue suspendido en el 2018.
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