Solsiret, Shirley y Esthefany: la justicia que tarda o no llega para las mujeres desaparecidas

Frente a Palacio de Justicia, el último viernes por la tarde, Rosario Aybar escuchó la sentencia que condenó a los asesinos de su hija Solsiret Rodríguez. Aunque el caso marcó un precedente sobre todo lo que estaba mal en la búsqueda de mujeres desaparecidas en el Perú, tuvieron que pasar cinco años, nueve meses y 11 días para tener la certeza de que los culpables no saldrían de prisión. Junto a ella, ese día estaba acompañándola Norma Rivera, quien lleva cinco años, dos meses y 11 días esperando justicia para su propia hija desaparecida.

MIRA: Cómo el caso Solsiret resume todo lo que está mal para encontrar justicia en el país

Según el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) solo en los cuatro primeros meses del año se denunció la desaparición de 4.060 mujeres en todo el país. Menos de la mitad se logró ubicar (1,885) en ese periodo.

Como en el caso de Solsiret, muchas veces las desapariciones están vinculadas a casos de feminicidio – que solo hasta abril de este año suman 46 de acuerdo con estadística del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables– . Para tener una idea, la Defensoría del Pueblo señala que de todos los feminicidios del 2020, en el 25% la víctima había sido reportada previamente como desaparecida. Eso sin contar con las desapariciones asociadas a trata de personas y explotación sexual. Esta es la razón por la cual asegurar una diligente búsqueda desde el primer instante del reporte de la desaparición es una tarea de vida o muerte.

Justicia a medias

“Queremos que el caso de mi hija sea un precedente para que cambie tanta desidia en las investigaciones, ha sido horrendo todo lo que tuvimos que pasar”, dice Rosario Aybar a El Comercio. Aunque asegura sentirse aliviada por la sentencia condenatoria de la Corte Superior del Callao (la liberación por exceso de carcelería era inminente sin una sentencia), no están satisfechos con la pena impuesta.

Kevin Villanueva recibió 30 años de prisión y Andrea Aguirre, 28. De acuerdo con la fiscalía, ambos mataron a Solsiret con un objeto contundente, la descuartizaron y enterraron en distintos ambientes de la casa de Andrea y otro lugar no revelado por los responsables. Pese a ello, solo el joven fue sentenciado por feminicidio (se probó que hubo acoso sexual), mientras que Andrea por homicidio calificado.

Edith Aiquipa, abogada del CMP Flora Tristán que representa a los padres de Solsiret, explica que se ha solicitado que no aplique el acuerdo plenario N°001-2016/CJ que excluye a las mujeres de ser sujetos activos del feminicidio. “Hubo una situación de misoginia y discriminación por parte de Andrea contra Solsiret, por cómo defendía sus derechos a estudiar, a desarrollarse como activista y no quedarse en la labor de cuidar a los hijos o la pareja”, indica. Para Flora Tristán se perdió la oportunidad de reconocer que el delito de feminicidio responde a un contexto de violencia de género y puede ser cometido por cualquiera.

Sin responsables

El 15 de junio se leerá la sentencia completa del caso Solsiret Rodríguez. Ese mismo día, el Primer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima emitirá el fallo sobre demanda de amparo interpuesta por la defensa de Norma Rivera, madre de Shirley Villanueva, desaparecida el 23 de marzo del 2017, para que se investigue el caso por feminicidio.

La última vez que se supo de la joven estuvo con sus amigos Edgar Pozo, Joseph Velásquez y Bryan Arenas, quienes aseguran que se ahogó en una playa de Magdalena. El problema con esta versión es que no informaron a la policía sino hasta un día después, entraron en contradicciones, destruyeron el chip del celular de la estudiante y repartieron su ropa y pertenencias en distintos puntos.

Pese a todo, los tres solo fueron investigados y sentenciados a dos años de prisión suspendida por omisión se socorro, encubrimiento real y violación a las comunicaciones. “Esperamos que se reconozca que se vulneraron derechos constitucionales como al debido proceso y por lo tanto el Ministerio Público tiene que volver a investigar”, explica Aiquipa, que también sigue el proceso.

La madre de Shirley lleva más de cinco años luchando para que se tomen en cuenta las contradicciones e indicios de que lo que pasó con su hija no fue un ahogamiento o, al menos, no como lo contaron los amigos. “Mi hija no desapareció, la desaparecieron”, insiste. Si el juzgado no falla a favor, adelanta que apelará hasta donde sea necesario.

Como ella, Patricia Acosta lleva años padeciendo la búsqueda de justicia para su hija Estefhany Díaz. El 24 de abril se cumplió seis años desde que desapareció junto a sus dos hijas, Tatiana y Esther, de entonces 5 años y 7 meses.

Patricia cuenta a El Comercio que lo último que supieron es que alguien inscribió a la menor en un inicial de Ventanilla, pero la pequeña nunca llegó a estudiar ni virtual ni presencialmente. “Hemos pedido a la UGEL de Ventanilla que informe quién la matriculó, pero hasta no nos dan respuesta”, dice.

La familia sospecha de su prima, Jacqueline Díaz, y el esposo de esta, Jimmy Altamirano, quienes recogieron a las tres de una fiesta infantil y nunca más se las volvió a ver. En el 2018, ambos fueron sentenciados por lesiones graves porque, al día siguiente de la desaparición de Estefhany y las niñas, agredieron al padre de estas en un ataque que la familia cree conectado a las desapariciones. No hay más avance que eso.

Patricia dice sentirse abandonada por el Estado y, aunque asegura que está preparada para cualquier noticia, necesita saber qué les pasó. “Las desaparecidas no les importan al Gobierno, a las autoridades, solo a las que no nos cansamos de buscar”, dice intentando resumir seis años de frustración y dolor.