Más que a los aviones, el mayor temor que tienen quienes retornan a Lima por el Jorge Chávez es al trayecto a casa. Por lo general, la avenida Faucett suele ser un infierno y la congestión vehicular en el cruce con la avenida Morales Duárez o en la entrada a Dulanto (antes de la vía del tren) es una invitación para que los bujieros hagan su agosto con el equipaje y los regalos para la familia.
Si va hacia el centro o al sur, la tensión continúa rumbo a la avenida La Marina o sus transversales. Lo mismo ocurre si toma la avenida Tomás Valle hacia el norte. La ausencia de una vía rápida exclusiva, y segura, que comunique el aeropuerto con la ciudad –el escándalo del peaje en la gestión Kouri echó a perder esa posibilidad– convierte en un desesperante martirio lo que debería ser un trayecto libre de turbulencias.
Pero muchos de los problemas se inician al tomar un taxi. La actitud rogatoria de algunas empresas formales apostadas en el terminal y la impresión de que el tarifario se establece en función de la apariencia o la cantidad de maletas que lleva el viajero aumentan la desconfianza. Pero es eso o tener un smartphone con la aplicación de una empresa de taxis, ya que buscar movilidad en la calle es entregarse a los designios del azar.
No son pocas las quejas contra Taxi Green, no solo por el servicio que presta, sino por su manejo empresarial. Los reclamos de sus usuarios abundan y estos, al parecer, no merecen mayor respuesta.
Todo esto, sin embargo, no justifica el trato del que ha sido víctima uno de sus choferes, que a finales del mes pasado trasladó a dos pasajeros desde el aeropuerto, los cuales fueron asaltados al llegar a su casa.
A partir de la sospecha de las víctimas, se lo ha tratado como si fuera cómplice de los delincuentes, sin que exista una prueba contundente que lo ligue con el asalto.
La investigación policial no se había iniciado y la Municipalidad del Callao ya le había cancelado su habilitación para conducir –así como la de su vehículo–, aduciendo que no había solicitado la renovación de su permiso para trabajar.
Esta medida fue acompañada por una operación de fiscalización que detectó a más de medio centenar de taxistas informales en el terminal, además del cierre por 15 días de Taxi Green.
Si las quejas contra la empresa no son de ahora, ¿por qué la comuna chalaca esperó a que ocurriese un asalto para fiscalizarla? ¿Por qué no hizo lo propio antes con los conductores informales si es conocido que abundan en el Jorge Chávez?
Aún es imposible saber si el taxista fue cómplice del asalto porque las pesquisas policiales están en curso. Sin embargo, el juicio mediático fue contundente y rápido y, como tal, exigió respuestas de la misma dimensión y velocidad.
¿Y las honras en juego? Poco importan. En estos tiempos, oponerse a la condena de la mayoría es casi un acto suicida. La paciencia es una facultad venida a menos. Y la valentía para defenderla escasea. Pocos se atreven a navegar contra la ola.
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