Augusto Cáceres, alcalde de San Isidro, fue denunciado penalmente por el presunto delito contra el honor en su modalidad de difamación agravada, tras sus declaraciones sobre aparentes irregularidades en la contratación del servicio público de bicicletas durante la gestión anterior, en manos del exalcalde Manuel Velarde.
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Esta demanda fue interpuesta por CityBike, la empresa que tiene en sus manos la concesión del servicio que hoy se encuentra paralizado. La querella fue presentada este fin de semana ante la Corte Superior de Justicia de Lima.
Además, en la denuncia presentada se solicita que se aplique pena privativa de la libertad de 3 años y reparación civil por el monto de S/40 mil.
Es así como el caso de bicicletas públicas en San Isidro da un nuevo giro. Durante la semana el alcalde Cáceres había solicitado la intervención del Ministerio Público y denunció a Manuel Velarde ante la Fiscalía Provincial Corporativa por el presunto delito de negociación incompatible.Según la concesionaria, conformada por Moventia y Smoove, “el alcalde Augusto Cáceres y su entorno han iniciado una campaña mediática para desprestigiar al proyecto, con acusaciones falsas y tendenciosas que buscan confundir a la opinión pública”.
- Sin servicio y con querellas -San Isidro sería este año uno de los primeros distritos del país en contar con un servicio público de bicicletas. Debió comenzar en enero pero no fue así. Hoy se encuentra paralizado desde el 18 de julio cuando el concejo distrital declaró nulo de oficio el Acuerdo de Concejo 060-2017. En las calles de este distrito se pueden ver los estacionamientos vacíos.
Esta iniciativa fue planteada en el 2015 como iniciativa privada y sin costos para el municipio. Según la empresa concesionaria, se trata de “un medio de trasporte con tarifas sociales al alcance de todos los peruanos, que se subsidia con la administración de paneles publicitarios ubicados en zonas comerciales (no residenciales)”.
Durante el proceso recibió la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, el Consejo Municipal de Regidores, el Ministerio del Ambiente y la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Sin embargo, la posición de la actual gestión señala, en base a un reportaje periodístico, que se habría modificado la ordenanza municipal N° 324 y promulgado la ordenanza N° 412 con la finalidad de beneficiar a la empresa con la instalación de paneles publicitarios.En respuesta, Velarde indicó a El Comercio que el funcionamiento del sistema de bicicletas es con publicidad, tal como se hace en Miraflores, donde sí comenzó a funcionar el sistema este año. Por otro lado, consideró que esta situación le provocará costos al municipio. “La empresa ha iniciado un arbitraje por incumplimiento por 2 millones de soles. Ya tiene perjuicio económico y el arbitraje lo van a ganar”, indicó.