La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley que plantea la regulación del servicio de delivery en vehículos motorizados, no motorizados y a las empresas proveedoras de este servicio a través de aplicativos.
El dictamen del Proyecto de Ley N.° 1381/2021-CR propone crear los registros nacionales de estos servicios con la finalidad de garantizar los derechos, la seguridad y la satisfacción de los usuarios en la necesidad del servicio del transporte de envíos de entrega rápida vía terrestre de mercaderías, productos u otro diferente a los servicios de cargo y/o courier.
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Así, de aprobarse en el Pleno del Congreso, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones crearía en la Plataforma Digital Única GOB.PE, los siguientes registros:
- Registro Nacional de Proveedores del Servicio de Delivery en Vehículos Motorizados y No Motorizados.
- Registro Nacional de Empresas de Intermediación del Servicio de Delivery con Aplicativo Móvil – App.
- Registro Nacional de Establecimientos Comerciales que Utilizan el Servicio Delivery.
De esta forma, todos los proveedores de delivery compartirían de manera electrónica con el MTC la información sobre sus usuarios, conductores registrados o infracciones que se pudieran denunciar en el traslado de mercaderías, cuando les sea requerido mediante solicitud debidamente motivada, en el marco de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento.
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Falta de regulación de los servicios de delivery
En la exposición de motivos del dictamen de proyecto de ley se advierte que la ausencia de regulación en el mercado del delivery expone a los usuarios del servicio como a los repartidores.
Se señala que las plataformas como Uber, PedidosYa, Rappi, iFood, entre otras, avanzan a través de una práctica automatizada, pero la supuesta independencia y autonomía de la persona que se ocupa de las entregas lo expone a un constante intercambio de jefes y de exigencias que tienden a agotarlos en ritmos veloces y sin ningún vínculo laboral con las empresas en cuestión, lo cual los perjudica al no dotarlos de derechos laborales.
Esta vulnerabilidad se acrecientra si se toma en cuenta de que el 80% de los repartidores son migrantes venezolanos. “Esto precariza el empleo y se reportan problemas frecuentes de xenofobia, hostigamiento o robos de sus vehículos en las zonas peligrosas de la capital”, dice el documento.
Además, se alerta que según reportes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el 2019 se produjeron cerca de 1200 asaltos a bordo de motocicletas, muchos de ellos cometidos por falsos repartidores de delivery, lo cual expone al peligro a la ciudadanía.
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