La publicación de la Ordenanza N° 518 de la Municipalidad de Miraflores, que regula el uso de motocicletas y vehículos de micromovilidad, y la convivencia en los espacios públicos, generó confusión y críticas por parte de expertos y vecinos. Esto, ante la posible imposición de multas al no registrar los vehículos o cometer una serie de nuevas infracciones. El gerente de Desarrollo Urbano de Miraflores, Carlos Ramírez, explicó ayer que las sanciones económicas no están dirigidas a las personas naturales dueñas de vehículos de micromovilidad (scooters, bicicletas convencionales y eléctricas, segways, etc.), sino hacia las empresas que “realicen el servicio de arrendamiento y/o entrega de comida o productos [delivery]”.
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Sin embargo, el funcionario aseguró que la multa podría ser trasladada hacia el conductor de estos vehículos. “Si la empresa es capaz de determinar fehacientemente quién es la persona que cometió la falta, le puede enviar la multa [para que él la pague]”, precisó Ramírez a El Comercio.
El artículo 33 de la norma señala que tanto los agentes económicos (la empresa) y el conductor del vehículo son “solidariamente responsables ante la Municipalidad [de Miraflores] por la infracción que se detecte”.
El cuadro de sanciones de la ordenanza municipal presenta cinco infracciones “muy graves” que ameritan una multa de una unidad impositiva tributaria (UIT); es decir, S/4.200.
Una de ellas es circular con vehículos que no estén inscritos en el registro municipal, algo que será obligatorio una vez que finalice la marcha blanca establecida en 90 días. También se castiga con una UIT ir con estos vehículos por la vereda, no usar casco o exceder los 20 km por hora (con excepción de la bicicleta).
Heber Campos, experto en derecho constitucional, asegura que, por temas de seguridad, la comuna tiene competencias para elaborar un padrón de los vehículos de micromovilidad que sean alquilados en el distrito.
En tanto, para Johnny Zas Fris, experto en temas municipales, estas multas son desproporcionadas y podrían ser consideradas como una prohibición encubierta al servicio.
“Las personas que quieran usarlo no lo van a hacer porque la multa es muy alta. Puede ser considerada como una barrera burocrática que impida esta actividad económica a través de la prestación de un servicio”, dijo Zas Fris.
—Sin solución—Alfonso Flórez, presidente de la ONG Transitemos, calificó la ordenanza de “apresurada y desmedida”, pues el Ministerio de Trasportes y Comunicaciones (MTC) continúa trabajando en la regulación de estos vehículos dentro del Reglamento Nacional de Tránsito.
“El primer responsable es el propio municipio [de Miraflores] que autorizó el uso de estos vehículos sin tener una reglamentación. Recién cuando hubo un accidente comenzó con las restricciones, pero ya les habían otorgado el permiso”, indicó Flórez.
El arquitecto Wiley Ludeña considera que el reglamento aprobado por la Municipalidad de Miraflores es una “solución instintiva” de resolver un problema que resulta totalmente nuevo para la ciudad.
“Esta medida no va a atenuar el problema, sino a agudizar el conflicto entre los nuevos tipos de transporte y los convencionales. [Miraflores] pretende sentar una jurisprudencia antes de analizar los impactos que tendrá en la ciudad”, dijo.
Ludeña acotó que Lima no cuenta con la infraestructura para soportar los nuevos transportes que tenemos.
Anoche, la comuna de Miraflores difundió un decreto de alcaldía en el que se recalcó que los usuarios de bicicletas de alquiler o particulares no serán sancionados.