La depuración de listas partidarias emprendida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha permitido encontrar que 345 candidatos a alcaldías y presidencias regionales del país se presentaron para los comicios del 5 de octubre, pese a figurar con sentencias vigentes por delitos que van desde la estafa, robo agravado y falsificación hasta el parricidio. Sin embargo, aunque el reglamento del propio JNE restringe la participación de postulantes con penas pendientes, nada los obliga a dar cuenta de las mismas o de sus antecedentes penales y relación de bienes en sus declaraciones juradas u hojas de vida.
Para Ulises Montoya Alberti, ex miembro del pleno del JNE, esta omisión permite que, aprovechando el alto número de candidatos por fiscalizar (105.860 para estas elecciones), muchos de ellos con un pasado cuestionable traten de convertirse en autoridades públicas.
“Los candidatos con sentencias vigentes no pueden postular, pero como nada los obliga a llenar toda la declaración jurada varios tratan de burlar la prohibición. Ahora, con relación a los que ya cumplieron con su pena, que tampoco están obligados, el inconveniente es otro: superado el castigo, se presume la rehabilitación del sentenciado. No obstante, convendría saber que estas condenas existen, pues no es lo mismo tener una por lesiones tras una pelea que por narcotráfico o defraudación de bienes”, precisa Montoya, quien en 1999 impulsó un proyecto para que la presentación de antecedentes penales sea requisito en toda inscripción electoral. La idea no prosperó.
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Las nuevas declaraciones de vida del JNE incluyen apartados para condenas ya cumplidas y relación de bienes patrimoniales. Sin embargo, el propio JNE reconoce que no es obligatorio llenarlas.
Mejor suerte tuvo la disposición electoral que sanciona con la inhabilitación para postular de todo candidato que mienta en su hoja de vida. Un ejemplo es el caso de Carlos Burgos Horna, alcalde y aspirante a la reelección en San Juan de Lurigancho, quien recientemente apeló a una tacha en su contra por mentir sobre cuándo terminó sus estudios secundarios.
Un universo de sentencias
De acuerdo con la Asociación Civil Transparencia, uno de los antecedentes cuestionables que afecta a más candidatos es la deuda por pensiones de alimentos para sus hijos: 871 casos. Al respecto, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carmen Omonte, informó que, de ese total, 21 figuran en el Poder Judicial por omisión a la asistencia familiar.
Para el abogado Julio Castiglioni, solo este último grupo podría ser retirado de la contienda electoral tras una depuración de los Jurados Electorales Especiales (JEE). Ello porque, según el Código Penal, las deudas no son delito en el país.
“Aunque nos parezca lamentable que haya padres que se desentiendan de sus hijos y pretendan ser autoridades públicas, esas deudas solo se convierten en delito cuando un mandato judicial condena al deudor por omisión a la asistencia familiar. Pero si aparezco solo como deudor, incluso con el sueldo embargado, no se puede recortar mi derecho a elegir y ser elegido [para un cargo]”, detalla Castiglioni.
El mismo principio aplica para los candidatos que hayan cumplido con su sentencia. Un caso emblemático en la presente campaña es el de Melquiades Salcedo Gastelu, candidato a alcalde de Surco por Acción Popular. Aunque se trata de uno de los pocos candidatos que consignó en su declaración tener una sentencia cumplida por tentativa de violación sexual (2005) y falsificación de documentos (2001), el partido lo retirará de la lista por consideraciones éticas.
“Desde el punto de vista legal tiene todo el derecho a postular porque cumplió sus condenas. Pero, desde el punto de vista ético, se analizará su situación tanto para no cometer un exceso como para decidir lo mejor para el partido. Es cierto que el hombre ha sido honrado y ha declarado, pero no es suficiente”, informó Alan Kessel, secretario nacional de AP.
Tecnología que favorece la transparencia
Fuentes del JNE explicaron a El Comercio que si bien la revisión de las declaraciones juradas de los candidatos forma parte del procedimiento habitual durante las elecciones, esta sería la primera vez que se cruzan los datos de los candidatos con tanta rapidez y con diversas entidades que favorecen la fiscalización. De todas ellas, el Registro Nacional de Condenas y el de Deudores Alimentarios Morosos ya enviaron sus resultados.
Se está a la espera de la Asamblea Nacional de Rectores (por los títulos académicos), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (por presunto lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo), la Contraloría de la República (por presunción de ilícito penal en agravio del Estado, si se trata de ex funcionarios o candidatos a la reelección) y el Consejo Nacional de la Magistratura (para candidatos que dicen haber ejercido como jueces o fiscales).
“La digitalización de las declaraciones juradas ha hecho más fácil pedir información para corroborar lo dicho por los candidatos”, comentaron las fuentes.
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