Un hombre de Usurbil, España, decidió comprar la casa de su vecina de 81 años para evitar que la desalojen. El sujeto, quien prefirió mantenerse en el anonimato, gastó más de 100 mil euros para que la mujer no perdiera su vivienda.
Sucede que María Ángeles Otegi había hipotecado su propiedad en 2012 para que su hijo consiga un préstamo de 60 mil euros (63 mil dólares).
En 2012, se llegó a un acuerdo de que la tasa sería del 12,5% y la deuda se pagaría en 5 años; sin embargo, el hijo de la mujer falleció debiendo varias cuotas, señaló el medio La Vanguardia.
Como los pagos se incumplieron, el prestamista inició los trámites para quedarse con la casa. Lamentablemente, María no se enteró de ello hasta el 2021, cuando la subasta de la vivienda y el proceso de desalojo estaban a punto de llevarse a cabo.
Tras el hecho, recibió la ayuda de Stop Desahucios Gipuzkoa, una organización que brinda asesorías a personas que atraviesan situaciones de este tipo.
“Un préstamo abusivo”
La plataforma se encargó de la defensa legal de la mujer y denunciaron la aplicación de una cláusula abusiva.
“El usurero prestamista Reno Amusement SL, con sede en Madrid, formalizó con el hijo fallecido de esta mujer un préstamo por 60.000 euros con la garantía de la vivienda ya pagada de su madre y con la cláusula abusiva del vencimiento anticipado, declarada nula por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, dijo la entidad.
La empresa pidió a un juzgado que el prestamista informe sobre el total de las cuotas pendientes para ver la posibilidad de suspender la subasta y así abonar solo las cuotas dejadas de pagar, cuyo importe se desconocía.
Su objetivo era retrasar la subasta mientras buscaban una solución para cancelar el préstamo. Para este punto, la deuda había llegado a los 109 680 euros, una cifra impagable para María.
Lo que nadie esperaba era que un vecino pagara la deuda y no solo eso, pues también le devolvió a la mujer su propiedad.
“Siento mucha felicidad, he ganado muchísimo en salud”, dijo la española en entrevista con el medio vasco EiTB.
El caso pone en evidencia el drama que viven las personas de la tercera edad que ponen como garantías sus propias casas para otorgar préstamos a sus hijos.
