Un relator de Naciones Unidas advirtió este viernes que la violencia política está “destruyendo la democracia” en Brasil e instó a las autoridades a tomar medidas para garantizar un ambiente seguro durante las elecciones de octubre.
El relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica, Clément Nyaletsossi Voule, compartió su preocupación en una conferencia de prensa en Sao Paulo, al término de una visita oficial de 12 días.
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“La violencia política está destruyendo la democracia brasileña, impide la participación y genera inseguridad y falta de paz en las comunidades,” dijo Voule, jurista togolés nombrado relator en 2018.
Brasil elegirá nuevo presidente en octubre, en una elección que las encuestas indican que se resolverá entre el presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien buscará un nuevo mandato, y su archirrival, el expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
“La mayor preocupación es que haya violencia durante el proceso (electoral) y que algunos sostengan que esos resultados pueden no ser legítimos”, aseguró.
Sin citar a Bolsonaro, quien ha puesto en duda la fiabilidad del sistema de la urna electrónica vigente sin presentar pruebas, aseguró que esa “discusión debe estar basada en hechos” y alertó que se “está creando un ambiente de inseguridad”.
Voule dijo que el Estado debe garantizar que las elecciones sean libres de “discriminación, desinformación, fake news y discursos de odio”.
Durante su misión, Voule se reunió con activistas y visitó favelas y comunidades quilombolas en Salvador (Bahía), Brasilia, Sao Paulo y Rio de Janeiro y el lunes presentará un informe preliminar con sus conclusiones.
El especialista manifestó su preocupación por lo que describió como un “ambiente bastante polarizado”, marcado por una “extrema violencia” contra defensores de derechos humanos, indígenas y quilombolas. También citó abusos de las fuerzas policiales en algunas comunidades del país.
Por último, mencionó el crimen de la concejal por Rio de Janeiro Marielle Franco, una militante negra ejecutada a balazos en 2018, como un caso que “necesita ser resuelto” como “única forma de garantizar que un candidato negro o negra pueda participar de las elecciones de forma segura”.
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