La Fiscalía General de Colombia anunció que los indultos y las amnistías otorgadas a ex miembros del desmovilizado grupo M-19 se podrían levantar. Ello sucedería si se confirma que durante el asalto guerrillero al Palacio de Justicia, hace 30 años, estos cometieron delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
El fiscal General, Eduardo Montealegre, informó que “esa nueva línea de la investigación” estará a cargo del vicefiscal, José Perdomo, quien deberá determinar si quienes recibieron beneficios judiciales después de la entrega de armas del Movimiento 19 de Abril (M-19) incurrieron en los delitos mencionados.
“Si esas conductas abarcan crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad la fiscalía podría iniciar investigaciones contra miembros de la cúpula del M-19”, señaló Montealegre.
Asimismo, el funcionario explicó que la Fiscalía deberá “examinar los alcances de la cosa juzgada”, es decir, “que los indultados están amparados en el derecho a la cosa juzgada y la seguridad jurídica”.
“Si la Fiscalía llega a esa conclusión, los indultos proferidos a favor del M-19 podrán ser apelados”, detalló Montealegre.
Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, celebró el anuncio y reiteró que “debido a los parámetros de la justicia internacional, los delitos que afecten lesa humanidad no son indultables desde ningún punto de vista”.
Por su parte, el ex miembro del M-19 Otty Patiño, quien se benefició jurídicamente de los acuerdos planteados durante la desmovilización de esa guerrilla en 1990, criticó que la Fiscalía esté haciendo una investigación sobre un fallo.
“Esa decisión de cesar el procedimiento se toma como cosa juzgada, eso no quiere decir que todo lo que sea posible aportar al esclarecimiento de los hechos del Palacio no lo podamos hacer, pero no como objetos de un nuevo proceso porque eso ya es cosa juzgada”, dijo Patiño a la emisora RCN Radio.
El anuncio de Montealegre se da tres días después de que el presidente Juan Manuel Santos reconociera la culpa del Estado colombiano, en el asalto guerrillero del 6 de noviembre de 1985. En aquel gesto, el presidente de Colombia pidió perdón por los excesos cometidos en la respuesta militar que dejó 98 muertos y 11 desaparecidos.
Al cumplirse 30 años de la masacre y en medio de un acto de reparación ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2014, Santos aseguró que el perdón lo pide “de corazón” y no “para cumplir una orden”.
Hace tres semanas, la Fiscalía logró la identificación de los restos de tres mujeres que estaban en el grupo de desaparecidos y llamó a declarar a 14 oficiales del Ejército por presuntas torturas a dos personas que estaban en el palacio.
Además, el ente citó a declarar a tres ministros del gabinete del entonces presidente Belisario Betancur, quien también pidió perdón por lo sucedido.
Como se recuerda, el asalto al Palacio de Justicia ocurrió cuando un comando del M-19 tomó como rehenes a decenas de personas que estaban en el edificio. En el asalto y la respuesta militar, que según una Comisión de la Verdad se caracterizó por el exceso de fuerza durante más de 24 horas, murieron 11 magistrados, 35 guerrilleros y otras 52 personas.
Los únicos condenados por este caso son los generales retirados del Ejército Jesús Arias y Alfonso Plazas, quienes purgan sentencias de 35 y 30 años de prisión, respectivamente.
Fuente: DPA
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