Bogotá (AP) Acusaciones de sobornos de narcos, espionaje y piratería de correos electrónicos han convertido las elecciones presidenciales de Colombia en una sucia batalla campal que ha polarizado al país justamente cuando hace grandes esfuerzos para superar su pasado violento.
El intercambio de insultos ha distraído la atención de las conversaciones entre el gobierno y la principal guerrilla del país para poner fin a medio siglo de conflicto interno, y que se esperaba sería uno de los temas cruciales en debate de cara a las elecciones del domingo próximo.
Buena parte de la culpa por haber caído en una campaña que parece más una guerra sucia recae sobre dos antiguos aliados cuyas peleas públicas han dividido a Colombia desde hace cuatro años: el presidente Juan Manuel Santos y su antecesor en el cargo, el todavía poderoso Álvaro Uribe Vélez.
Aunque preside la economía posiblemente de mayor crecimiento en Sudamérica, Santos es el blanco de los ataques implacables de Uribe y de su heredero escogido a dedo, el ex ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga. Según las encuestas, Santos y Zuluaga están empatados y le llevan una gran ventaja sobre los tres candidatos restantes.
Pero, probablemente, ninguno obtendrá la mitad más uno necesaria para ganar las elecciones el domingo y evitar una segunda vuelta.
El partido Centro Democrático, de Zuluaga, ha fustigado a Santos por ser blando, según dice, en las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC. Zuluaga ha amenazado con poner fin a las conversaciones en Cuba, salvo que los rebeldes demuestren que realmente quieren la paz declarando un cese de fuego permanente en una semana.
Pero esas diferencias políticas han cedido el centro de la escena a las rencillas interminables y las denuncias tremebundas que casi a diario se envían entre las campañas y que han provocado, en los colombianos, un profundo disgusto.
MOMENTO EN QUE DETONÓ EL ESCÁNDALOComenzaron con informes de prensa de que el jefe de campaña de Santos, J.J. Rendón, había recibido 12 millones de dólares de los principales narcotraficantes del país para negociar su rendición. La información se basaba en el testimonio de hace tres años de un capo de cartel encarcelado en Estados Unidos y que fue filtrado a los fiscales colombianos.
El venezolano Rendón renunció inmediatamente después de reconocer que intercedió en el caso, aunque negó haber recibido el dinero.
Dos días después, las autoridades arrestaron a un experto en informática de la campaña de Zuluaga y lo acusaron de haber infiltrado los correos electrónicos de los negociadores de las FARC y del mismo Santos. Zuluaga denunció el arresto como un plan para descarrilar su candidatura.
A continuación, Uribe, sin presentar pruebas, acusó a Rendón de canalizar 2 millones de dólares de los presuntos pagos de los narcos a la campaña de Santos en 2010.
Para revolver más las aguas, el fin de semana último apareció un video filmado clandestinamente con un teléfono celular en el que Zuluaga escuchaba atentamente al presunto ciberpirata, que describía una estrategia para utilizar información obtenida ilegalmente para socavar el apoyo a las conversaciones de paz.
Muchos colombianos, incluso entre los partidarios de Santos, se preguntan si el presidente quiso utilizar el proceso de paz en beneficio de su campaña electoral cuando anunció el 17 de mayo un histórico acuerdo con las FARC para combatir juntos las drogas ilícitas.
Muchos observadores creen que Santos debió haber suspendido las conversaciones con las FARC hasta después de los comicios.ARDUA TAREATanto Zuluaga como Santos están dispuestos “a ganar (la elección) por cualquier costo”, dijo Marta Lucía Ramírez, ex ministra de Defensa de Uribe y ahora candidata presidencial, que está en un lejano tercer puesto de acuerdo con la encuesta Invamer-Gallup más reciente. “Las dos campañas le están haciendo daño a Colombia, le están quitando confianza a los colombianos sobre sus líderes políticos y a las instituciones”.
Vicente Torrijos, analista político de la Universidad del Rosario en Bogotá, sostuvo que la andanada de acusaciones difícilmente afectara el resultado.
“El uso exagerado del escándalo en vez de invertir la lógica lo que puede producir es la consolidación de la intención del voto”, opinó Torrijos.
Santos, jefe de una de las familias más ricas de Colombia, genera escaso entusiasmo entre los votantes, sobre todo entre los pobres, los menos beneficiados con el auge económico. Y muchos consideran a Zuluaga un mero peón de Uribe. Pero ninguno de sus adversarios ha sido capaz de utilizar esa imagen en ventaja propia, acaso porque la prensa de mayor difusión se ha concentrado en las dos campañas mejor financiadas.
Al ganador le aguarda la ardua tarea de aliviar el encono generado por las acusaciones. El Congreso está dividido y Uribe, recientemente elegido al Senado, ha prometido liderar la oposición a Santos si éste resulta reelegido.
“El odio desatado por la campaña no se va a disipar fácilmente”, dijo Michael Shifter, presidente de Inter-American Dialogue, un centro de estudios sobre asuntos hemisféricos con sede en Washington.
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