Kadir Topbas, alcalde de Estambul, ha anunciado la creación de lo que ha llamado un “cementerio de traidores” destinado a los participantes en el fallido golpe de Estado del pasado fin de semana en Turquía, informan los medios locales.Seguir a @Mundo_ECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
“Cualquiera que visite el lugar los maldecirá y no podrán descansar en sus tumbas”, aseguró el esta madrugada el político islamista, del partido gubernamental AKP, a un grupo de seguidores, según recoge el diario Hürriyet.
El alcalde aseguró que ya ha reservado un espacio para crear este cementerio, argumentando que ningún otro de la ciudad va a aceptar los cuerpos de los golpistas muertos en la asonada militar.
Según los datos difundidos ayer por la agencia semipública Anadolu, en el bando de los golpistas murieron 24 soldados, 16 en Ankara y 8 en Estambul.
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Entre quienes se opusieron a la asonada hubo 240 muertos, entre ellos 173 civiles, 62 policías y 5 soldados, a lo que se añaden 1.535 heridos.
Aunque es habitual enterrar a los fallecidos en sus pueblos de origen, el alcalde de la ciudad de Ordu ha anunciado que no permitirá en su distrito el entierro de supuestos colaboradores con el intento golpista, recordó Topbas.
“Creo que (los golpistas) no se salvarán del infierno. Pero necesitamos hacer que el mundo sea insoportable para ellos”, aseguró Topbas.
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El martes, la Diyanet, equivalente a un Ministerio de Asuntos Religiosos, anunció que no ofrecerá servicios funerarios religiosos a los soldados que participaron voluntariamente en el golpe.
Las autoridades turcas han suspendido ya a miles de supuestos colaboradores en el intento golpista o sospechosos de ser seguidores del predicador islamista Fethulla Gülen, al que responsabilizan de organizar el intento de derrocar al Gobierno.
Unas 50.000 personas, funcionarios de varios ministerios e incluso 21.000 profesores de centros privados, han sido hasta ahora suspendidos de empleo.
Además, el Gobierno ha aceptado la posibilidad de debatir la restauración de la pena de muerte, abolida definitivamente en 2004, para castigar a los golpistas.
Fuente: EFE
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