Colombia. Aunque no supera los 16 años de edad, las autoridades aseguran que en su prontuario criminal ya se cuentan por lo menos 30 homicidios. Comenzó a los 13, cuando cometió su primer asesinato tras ser reclutado por una banda delincuencial.
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El joven escaló rápido en la vida criminal y llegó a tener bajo su mando a 15 menores de edad que cumplían sus órdenes en la venta y distribución de drogas, el tráfico de armas y el sicariato.
Casos como el suyo abrieron en los últimos meses un intenso debate sobre si el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes necesita una reforma, o cuál debería ser la mejor manera de tratar a los menores que infringen la ley. Este sistema especial aplica para jóvenes entre los 14 y 17 años de edad, quienes, por los diferentes delitos, pueden recibir sanciones de hasta 8 años de detención en correccionales.
En el 2017, según estadísticas de la Policía, 18.021 menores fueron sorprendidos cuando cometían un delito. Esa cifra es un 10 por ciento inferior a la del 2016.
Aunque son muchos los menores detenidos en flagrancia, son pocos los que realmente terminan en correccionales respondiendo ante el sistema. Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), actualmente hay 3.893 jóvenes privados de su libertad en centros de reclusión para menores.
El 30 por ciento responden por tráfico, fabricación y porte de drogas; el 29 por ciento, por hurto y un 12 por ciento, por hurto agravado. Solo el 2 por ciento de los detenidos fueron juzgados por homicidio, a pesar de que, según las autoridades, por lo menos el 30 por ciento de los casos de sicariato son cometidos por menores de edad.
Muchos de esos jóvenes son instrumentalizados por redes que los reclutan desde pequeños y los convierten en asesinos. Y un 2 por ciento de los jóvenes están detenidos por hechos de violencia sexual contra un menor de 14 años. Precisamente, en las últimas semanas Colombia se conmocionó con el caso de una niña en Putumayo que habría sido abusada y asesinada por su hermano de 15 años.
Para hacerle frente a la delincuencia juvenil, una de las propuestas más controvertidas vino del candidato presidencial Germán Vargas Lleras, quien planteó reducir la edad mínima para que empiecen a responder. “Crímenes tan graves como la tortura, violación y homicidio exigen el endurecimiento del régimen de internamiento para quienes los cometen, incluso si se trata de menores. Es necesario reducir la edad para los inimputables de 14 a 12 años, algo que ya han hecho otros países”, aseguró.
Quienes critican su propuesta consideran que bajar la edad mínima hasta los 12 años no tendría un impacto positivo sobre la reducción de la delincuencia juvenil. El año pasado, las autoridades reportaron que 13.227 de los menores detenidos en flagrancia tenían entre 16 y 17 años, lo que indica que el 73 por ciento de casos son cometidos por jóvenes que están a punto de cumplir la mayoría de edad.
Para el ex fiscal Guillermo Mendoza Diago, antes que reducir la edad mínima, lo que se debería hacer es contemplar la posibilidad de que los menores de edad empiecen a responder con la justicia de adultos desde los 16 años. También dijo que lo que realmente se necesita “es un sistema sancionatorio de más eficiencia y severidad, que contemple con efectividad las terapias, los procedimientos y tratamientos especiales para su resocialización”.
Y el ex vicefiscal Francisco Sintura señaló que, según varios estudios, la edad de responsabilidad penal está desde los 16 años, como sucede en el sistema americano. “A los 12 un menor no está acondicionado para conocer las conductas que son típicamente antijurídicas”, dijo.
Pero el representante a la Cámara del Partido de la U, Efraín Torres, afirmó que llevará al Congreso una propuesta para que los menores con delitos graves sean tratados como adultos: “No es entendible que para cometer el delito sí piense como un adulto, pero para responder penalmente no lo sea”, aseguró.
En medio de la polémica, la ex directora del ICBF Cristina Plazas dijo que “juzgar a los niños y adolescentes que cometen delitos como adultos no es una solución de fondo en un país donde no existe una política de Estado para prevenir el consumo de drogas y alcohol”.
En ese sentido se pronunció uno de los mayores críticos de la propuesta de Vargas, el candidato presidencial Gustavo Petro, quien dijo que el énfasis debería ser en la prevención del delito: “Separar la población consumidora de drogas de las cadenas clandestinas del narcotráfico es una política de seguridad ciudadana estratégica. La mafia se debilita si le quitamos a la juventud consumidora en las ciudades, a partir del diálogo, del tratamiento médico de salud pública y de centros regulados”.
El Ministerio de Justicia ha insistido en que, además de la prevención, se debe pensar en un sistema de justicia restaurativa. En ese plan, el Gobierno propone aplicar de manera preferente los principios de oportunidad a los jóvenes y “utilizar las sanciones privativas de la libertad únicamente como último recurso y durante el periodo más breve posible”.Fuente: El Tiempo de Colombia / GDA
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