Durante la campaña electoral en el Perú, se formularon las siguientes propuestas en torno a las vacunas contra el COVID-19: Lescano propuso la suspensión temporal de los derechos de patente para producirlas a escala local. De Soto y Fujimori propusieron autorizar al sector privado la importación y gestión de dichas vacunas. López Aliaga atribuyó a Biden haber dicho que pronto le sobrarían vacunas, por lo que podría realizar una huelga de hambre frente al Capitolio en Washington para conseguirlas (sic).
¿Qué tan viables son esas propuestas, según la experiencia internacional?
Pedir la suspensión temporal de las patentes es una posibilidad que contemplan los acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio en situaciones de emergencia. Pero ello requiere un consenso entre los gobiernos que integran la Organización Mundial de Comercio (OMC), y este no existe. La norma que permite la suspensión temporal de los derechos de patente surgió a inicios de siglo, cuando países como Brasil amenazaron con ignorar las patentes de manera unilateral para fabricar los retrovirales que sirven para tratar el sida, forzando así concesiones de las empresas farmacéuticas: en esta ocasión ningún país planteó una acción similar y, de cualquier modo, el Perú no tiene capacidad para producir vacunas (salvo para uso veterinario). En el caso hipotético de que se suspendieran los derechos de patente, el Perú se beneficiaría de ello no solo porque podría haber una mayor oferta mundial de vacunas, sino además porque estas podrían ser importadas a precios de medicamentos genéricos.
Sobre la autorización a la empresa privada para importar vacunas, no es necesaria porque ninguna norma prohíbe hacerlo. Hay que cumplir ciertos requisitos (como ser una empresa del rubro y cumplir ciertos procedimientos), los cuales son normas prudenciales para evitar, por ejemplo, que terminemos importando las vacunas falsas que se incautan por millones a escala internacional. Tal vez el Gobierno Peruano debió seguir el ejemplo del presidente López Obrador, quien dijo que no se oponía a que el sector privado importara vacunas y este tuvo que admitir que no podía asegurar entregas antes de la segunda mitad del año.
La principal razón por la que la empresa privada no adquiere por ahora vacunas en ninguna parte del mundo no es una prohibición gubernamental: son las condiciones contractuales que demandan las empresas propietarias de las patentes. Como mencionamos en un artículo anterior, esas empresas exigen que se les conceda inmunidad legal frente a demandas por efectos secundarios y reconocimiento de la propiedad sobre la patente, condiciones que solo pueden garantizar los estados. Fuera de los propietarios de las patentes y quienes producen las vacunas, a escala internacional el papel del sector privado se ha limitado a su distribución y aplicación.
En la eventualidad de que nuestro presidente decida realizar una huelga de hambre frente al Capitolio para exigirle vacunas a Biden, es probable que tenga que ayunar hasta la inanición. De un lado, porque el Capitolio es la sede del Congreso y Biden está en la Casa Blanca (y, de cualquier modo, las medidas de seguridad implementadas tras la toma por asalto del Capitolio el 6 de enero y un reciente atentado terrorista, impedirían el ejercicio). De otro lado, porque, como revelan los términos contractuales aceptados por Trump y publicados por la revista “Vanity Fair”, “el Gobierno no podrá usar o autorizar el uso de cualquiera de los productos o materiales entregados bajo este proyecto de acuerdo, salvo que dicho uso ocurra en Estados Unidos”. Es por eso que Biden no pudo obsequiar ni vender vacunas a Canadá y México: estas se concedieron como un “préstamo” a ser devuelto a la brevedad posible.
No es casual, por cierto, que se trate de los únicos países desde los cuales se puede ingresar por tierra a Estados Unidos: según “Vanity Fair”, ese país ha recibido docenas de solicitudes similares, y hasta ahora ha respondido negativamente a todas ellas.
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