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Ciudad de México (AP)
Las autoridades mexicanas hallaron una fosa clandestina con un número indeterminado de cadáveres en el sur de México, a 200 kilómetros de la capital del país, una zona donde hace ocho días se registraron actos de violencia que cobraron la vida de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes.
Iñaky Blanco, fiscal del estado de Guerrero, confirmó el hallazgo en las afueras de la localidad de Iguala, pero no concretó la cantidad de cuerpos ni si podría tratarse de los estudiantes desaparecidos.
Los restos óseos se localizaron en las faldas de un cerro en una colonia marginal de Iguala, un territorio muy abrupto, de difícil acceso y que a primera hora de la tarde del sábado estaba fuertemente custodiado por policías federales, estatales y miembros de Ejército.
El 26 de setiembre, un grupo de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa —una escuela de formación de docentes conocida en México por su activismo social y por organizar acciones radicales— trató de apoderarse de autobuses en Iguala para utilizarlos en sus protestas, pero fueron atacados en varias ocasiones por policías locales y desconocidos armados.
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La fiscalía del estado confirmó entonces que en los incidentes seis personas murieron —entre ellos tres estudiantes y un futbolista de 15 años del equipo “Avispones de Chilpancingo”— y 57 alumnos resultaron desaparecidos. Se indicó además que 17 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad.
Días después, las autoridades redujeron el número de desaparecidos a 43 e indicaron que los 14 restantes habían sido localizados, aunque la organización Tlachinollan —encargada del apoyo legal a las familias de los estudiantes— señaló que se el ajuste de debió a la corrección de errores en la lista inicial.
El fiscal de Guerrero dijo que había videos que demostraban que tras el primer ataque de la policía local contra los estudiantes, varios agentes habían detenido a un número indeterminado de alumnos, por lo que existían elementos para acusar a los policías de desaparición forzada.
La noche siguiente a los sucesos, las autoridades de Guerrero detuvieron a 22 policías presuntamente involucrados en los homicidios y las desapariciones e investigaban sus vínculos con grupos del crimen organizado que, según el gobernador guerrerense Angel Aguirre, se habían infiltrado en esa corporación municipal.
La violencia es una constante en Guerrero, estado en una región muy pobre, de gran activismo social y que es disputada por varios cárteles de la droga.
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