Nueva Caledonia vive días convulsos.
Este territorio francés formado por varias islas en el Pacífico lleva ya más de una semana siendo escenario de violentas protestas, con calles bloqueadas, autos carbonizados y negocios cerrados y saqueados.
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Un proyecto de reforma electoral desencadenó el estallido de violencia, que ha causado seis muertos, dos de ellos funcionarios de policía, centenares de heridos, y ha obligado a evacuar por vía aérea a un gran número de turistas.
Las autoridades decretaron un estado de emergencia el pasado miércoles y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tuvo que viajar desde París en un vuelo de 24 horas.
Macron dijo en Numea, la capital de Nueva Caledonia, que el territorio se enfrenta a “un movimiento de insurrección sin precedentes” y anunció que un contingente policial de 3.000 efectivos permanecerá en el territorio el tiempo que sea necesario.
El presidente prometió que la polémica reforma no será aprobada por ahora y volverá a analizar la situación en un mes.
“Daremos unas semanas para permitir que se calmen las tensiones y se renaude el diálogo para encontrar un acuerdo amplio”, afirmó.
Asentada en las cálidas aguas del Pacífico sudoccidental, unos 1.500 kilómetros al este de Australia, Nueva Caledonia es un archipiélago en el que viven unas 270.000 personas.
Allí conviven indígenas kanak, que representan un porcentaje estimado en un 41% de la población, con un 24% de habitantes de origen europeo, la mayoría franceses.
Las islas de Nueva Caledonia fueron halladas por el explorador británico James Cook en 1774.
En 1853, el emperador Napoleón III decidió su anexión a Francia y hasta comienzos del siglo XX lo utilizó como colonia penal a la que fueron enviados miles de condenados.
No es la primera vez que Nueva Caledonia vive violentas protestas, y la historia de su pertenencia a Francia no ha estado exenta de conflictos.
En 1946, el archipiélago se convirtió oficialmente en un territorio francés de ultramar.
Pero a partir de 1970, después de que comenzaran a explotarse allí importantes yacimientos de níquel, empezaron a surgir tensiones entre París y movimientos independentistas de los kanak, todo ello con el telón de fondo de las desigualdades entre los indígenas y los pobladores de origen europeo.
Entre 1976 y 1988 el conflicto resultante se cobró decenas de vidas.
En 1998 se firmó el Acuerdo de Numea, por el que Francia se comprometía a conceder una mayor autonomía y participación política a los indígenas kanak.
El acuerdo contemplaba la celebración de tres referendos para decidir sobre la independencia de Nueva Caledonia, que fue rechazada en sendas votaciones, pero las fuerzas independentistas decidieron no participar y niegan la validez de la última de ellas porque se celebró en 2021, en plena pandemia de covid.
Por qué hay protestas ahora en Nueva Caledonia
El acuerdo de Numea estableció que solo podrían votar en las elecciones locales quienes vivieran en Nueva Caledonia en 1998 y sus descendientes.
Se trataba de que los kanak contaran con una mayor representación, pero en París empezó a percibirse como una medida antidemocrática y el pasado martes el Parlamento francés votó a favor de una propuesta que reconocería el derecho a votar a todo el que haya vivido en Nueva Caledonia en los últimos 10 años.
Los dirigentes independentistas temen que esto diluya el peso electoral de los kanak y la medida encubra un intento de París de ejercer un control más directo sobre el territorio. A partir del miércoles empezaron a producirse incidentes.
El gobierno francés ha venido incrementando el despliegue de seguridad y el presidente Macron dijo en su visita a Numea que restaurar la normalidad es “la prioridad absoluta”.
Nueva Caledonia tiene un gran valor estratégico para el presidente, que ve el territorio como una plataforma para asegurar la presencia francesa y el control del níquel en una región en la que China intenta ganar presencia.
El Frente de Liberación Nacional Kanak y Socialista (Flnks), la principal organización pro-independencia, rechaza la propuesta de reforma constitucional, pero también llama a la “calma y el apaciguamiento”.
El gobierno francés abrió la puerta al diálogo, lo que el Flnks considera una “oportunidad” para asegurar que “las demandas de todos y cada uno, incluidos los que protestan, puedan ser oídas y tenidas en cuenta”.
La reforma constitucional proyectada aún tiene camino por delante y requiere de una votación conjunta de las dos cámaras del Parlamento francés.
El gobierno francés ha prometido que no entrará en vigor al menos hasta finales de junio.
Varios de los aliados de Macron le han pedido que suspenda la reforma. Sonia Lagarde, alcaldesa de Numea, que pertenece al partido del presidente, es una de ellas.
“Debemos hacer una pausa y calmar las cosas. Las cosas han llegado demasiado lejos”, dijo.
Macron parece haber escuchado esas peticiones al anunciar que dará más tiempo al diálogo, pero también fue claro al reafirmar el resultado del último referéndum en el que se rechazó la independencia.
En su visita a Nueva Caledonia se reunió con dirigentes locales a favor y en contra de la independencia y dijo que si ambas partes llegan a un acuerdo podría celebrarse un nuevo referéndum sobre el estatus del territorio.
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