Ecuador decreta nuevo estado de excepción: ¿está ganando o perdiendo la guerra contra el crimen?

El estado de excepción regirá por 60 días en las provincias costeras de Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro y Los Ríos, así como en las amazónicas Sucumbíos y Orellana, además del cantón de Camilo Ponce Enríquez, en la sureña provincia andina de Azuay. La medida no incluye la imposición del toque de queda.

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El decreto suspende los derechos a la inviolabilidad de domicilio y a la inviolabilidad de correspondencia, lo que facilitará realizar allanamientos y requisas.

También ordena a la autoridad nacional de derechos humanos reportar aspectos relativos a ataques armados o amenazas procedentes de las bandas criminales.

En el texto no se dispone la salida de los militares a las calles para dar apoyo a la policía en operaciones contra el crimen, pues esta medida ya es de carácter permanente debido a que fue aprobada en el referéndum celebrado el pasado 21 de abril.

“La continuación del conflicto armado no internacional configura una situación fáctica, cuyo reconocimiento o conclusión supone una competencia exclusiva y excluyente de la presidencia”, indica el decreto presidencial.

Una de las provincias donde se aplicará la medida es Manabí, donde existe un repunte de crímenes violentos perpetrados principalmente por un nuevo grupo criminal denominado Los Pepes.

El primer crimen que se le atribuye a Los Pepes ocurrió 13 de mayo, cuando cuatro personas fueron ejecutadas en un taller mecánico. Los sicarios llegaron y les dispararon desde un vehículo.

Un día después, el martes 14, un grupo de sicarios abrió fuego en una cancha de ecuavóley y mató a dos personas e hirió a ocho.

El domingo 19, hombres armados atacaron con fusiles las instalaciones de la Agencia Municipal de Tránsito en Manta y mataron al agente Diego Villamar Álvarez.

El último hecho de sangre perpetrado por Los Pepes ocurrió el lunes 20, cuando un ataque armado provocó la muerte de al menos cuatro personas en una cancha deportiva ubicada en el norte de Manta.

De acuerdo con el portal Primicias, el origen de esta seguidilla de masacres está relacionada con una pugna que existe entre las bandas criminales Los Lobos y Los Choneros por el dominio del narcotráfico y las extorsiones en Manta y Portoviejo. Ello lleva a sospechar a la policía que debido a esta disputa y a traiciones internas, estaría surgiendo un nuevo brazo armado que se ha autodenominado Los Pepes.

Este último estado de excepción sustituye a uno anterior que había sido puesto en vigor el 30 de abril en cinco provincias (Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro y Los Ríos) y que el 10 de mayo fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, al considerar que la medida no estaba debidamente fundamentada.

El presidente Noboa decretó su primer estado de excepción el lunes 8 de enero del 2024, tras amotinamientos que se registraron en seis penales del país y la fuga del narcotraficante Adolfo Macías, alias Fito. La medida incluía la instauración del toque de queda y la salida de los militares a resguardar las calles junto con la policía.

Al día siguiente, Noboa declaró que en Ecuador había un conflicto armado interno y calificó como terroristas a 22 organizaciones criminales que operan en el país, casi todas ligadas a grandes cárteles del narcotráfico de países como México, Colombia y Albania.

De acuerdo con el derecho internacional humanitario, un conflicto armado interno es una situación de violencia que tiene lugar en un Estado y en el que ocurren enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas gubernamentales y uno o más grupos armados organizados.

Horas antes de que se declarara el conflicto interno, un grupo de hombres armados y encapuchados irrumpió en el set de TC Televisión en Guayaquil y tomó como rehenes a periodistas y otros empleados. Toda la acción de los criminales fue transmitida en vivo.

Ecuador sufre una crisis de seguridad que se ha agravado especialmente en los últimos tres años. En el 2023 batió su récord histórico de asesinatos con 7.886, es decir, hubo 47 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el 2022 el índice había llegado a 25,9 homicidios por cada 100.000 habitantes.

De acuerdo con cifras del Gobierno, entre enero y abril de este año el número de homicidios en Ecuador descendió un 27%.

El miércoles último, Noboa dijo en un mensaje en video que el nuevo estado de excepción marca el inicio de una segunda fase de lucha contra el crimen organizado.

“En cinco meses hemos logrado devolverle la paz a los ecuatorianos y hoy nos encontramos en una segunda etapa de la guerra. Una guerra que se ha sectorizado. Las bandas criminales, ante la ofensiva militar, se han resguardado y atrincherado en siete provincias”, aseguró Noboa.

“No vamos a perder lo que hemos ganado, por eso hoy presentamos un estado de excepción focalizado en las provincias que más necesitan que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan libertad de acción. Para ganar en esta segunda etapa de la guerra necesitamos que se permita actuar a los militares, que los delincuentes y terroristas que se amparan y se burlan de las fuerzas del orden y la justicia en su ‘derecho’ a la inviolabilidad del domicilio sepan que lo van a perder”, se pronunció Noboa.

El decreto sostiene que debido a la transformación de la dinámica delincuencial de las “empresas criminales” se requiere un régimen jurídico extraordinario para proteger derechos ciudadanos y la estructura del Estado.

En este contexto, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) envió esta semana una carta a Noboa para expresarle que sus evaluaciones sobre el primer estado de excepción determinaron que la declaración de conflicto armado interno no está suficientemente motivada y que esa medida contribuyó a que se perpetraran serias violaciones a los derechos humanos.

HRW dijo que las violaciones incluyen al menos una aparente ejecución extrajudicial y múltiples casos de detenciones arbitrarias y malos tratos.

La ONG sostiene que tras la declaratoria del conflicto armado interno “según el gobierno, los homicidios han disminuido, pero han aumentado las extorsiones y los secuestros, y la situación de seguridad sigue siendo grave”.

“La escalada de violencia y el aumento del crimen organizado en Ecuador ponen en peligro la vida de los ecuatorianos y sus instituciones”, señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “En lugar de anunciar sin fundamento la existencia de un ‘conflicto armado’, el gobierno debe responder a la violencia con una política de seguridad efectiva que proteja a los ecuatorianos y sea respetuosa de los derechos humanos”, agregó.

HRW dijo que entre enero y abril entrevistó a una docena de víctimas de abusos, a sus familiares y abogados; solicitó información a múltiples ministerios e instituciones del Estado; analizó 33 fotografías y videos publicados en línea; asistió virtualmente a algunas audiencias judiciales; y revisó expedientes de casos judiciales.

Human Rights Watch indicó que el Gobierno Ecuatoriano no ha presentado evidencias suficientes para demostrar que los enfrentamientos con cualquiera de los 22 grupos criminales constituyan un conflicto armado no internacional.

La organización de defensa de los derechos humanos también dijo que tiene documentada una aparente ejecución extrajudicial. “Los soldados mataron el 2 de febrero en Guayaquil a Carlos Javier Vega, de 19 años, e hirieron a su primo Eduardo Velasco. Las Fuerzas Armadas dijeron que los jóvenes habían intentado ‘evadir el control, embistiendo a personal militar’ y los calificaron de ‘terroristas’. Las entrevistas de Human Rights Watch con testigos, familiares y abogados de las víctimas —junto con vídeos y fotografías que fueron verificados, y documentos judiciales— contradicen la versión del ejército, incluyendo su afirmación de que los jóvenes estaban involucrados con grupos delictivos”.

HRW también sostiene que muchas de las más de 13.000 personas reportadas como detenidas, aparentemente nunca fueron llevadas ante un fiscal o un juez. “Parecen haber sido detenidas durante breves periodos al margen del proceso legal y, según los videos y fotografías publicados en Internet y verificados por Human Rights Watch, sometidas a reprimendas, palizas y otros tratos degradantes”. denunció.

“Las Fuerzas Armadas no están entrenadas para tareas de vigilancia e investigación. Ponerlas a ejercer ese papel aumenta el riesgo de abusos”, apuntó Goebertus. “El gobierno debería limitar la actuación de las Fuerzas Armadas a las circunstancias estrictamente necesarias. Ecuador necesita más funcionarios judiciales y policías mejor entrenados para investigar al crimen organizado, no más soldados en las calles”.