Valiéndose de amenazas, tácticas de extorsión y teléfonos, tres peruanos defraudaron desde Lima y Cajamarca a miles de consumidores de habla hispana en Estados Unidos. Básicamente, era una estafa a larga distancia.
El caso salió a la luz el 28 de julio del 2016, cuando las autoridades peruanas arrestaron a Johnny Enso Hidalgo Marchan, hoy de 40 años, Francesco Flabio Guerra Pérez, de 25 años, y a Rodolfo Hermoza Vega, de 45 años, en base a un requerimiento de Estados Unidos. Los sujetos fueron acusados de formar parte de una organización dedicada al fraude postal, fraude electrónico y tentativa de extorsión.
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Sus nombres volvieron esta semana a ser noticia debido a que la Justicia estadounidense emitió su condena para Hidalgo, el último connacional de la banda que quedaba por recibir sentencia.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Hidalgo, Hermoza y Guerra administraron y operaron ’call centers’ que, en asociación con una entidad en Miami, Florida, usaban llamadas telefónicas por Internet para mentir y amenazar a víctimas de habla hispana en Estados Unidos.
Para lograr realizar la estafa, los peruanos, que realizaron las operaciones desde Lima y Cajamarca, suplantaban la identidad de funcionarios del Gobierno estadounidense. Los ’call centers’ donde trabajaban se llamaban “Everglades”.
Según el medio “Miami Mundo”, las personas que llamaban a las víctimas las acusaban falsamente de no haber aceptado la entrega de ciertos productos, por lo que alegaban que las personas debían miles de dólares en multas y que se iniciarían procedimientos judiciales en su contra.
Los peruanos admitieron que se hicieron pasar por “abogados afiliados a los tribunales y agencias gubernamentales de Estados Unidos al amenazar a las víctimas con multas, detención, confiscación de propiedad, deportación y requisitos de servicio comunitario para obtener pagos de las víctimas”, según consta en sus declaraciones de culpabilidad.
Las víctimas, que eran permanentemente amenazadas con procedimientos judiciales por deudas y multas inexistentes, eran en muchos casos personas de edad avanzada, según informa “Univisión”.
Como parte de la estafa, los consumidores recibían la opción de resolver las supuestas deudas y evitar problemas si pagaban inmediatamente una “tarifa de liquidación”.
El Departamento de Justicia calcula que las víctimas perdieron más de un millón de dólares debido el esquema de fraude llevado a cabo por los peruanos.
Extraditados y condenados
Según el sitio web del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en junio del 2015 se presentó una acusación federal que incluía 37 cargos contra los acusados en el Tribunal de Distrito del Sur de Florida.
La acusación se abrió formalmente tras la extradición de los peruanos a Estados Unidos ocurrida en diciembre del 2019.
“Aquellos que atacan y amenazan a los consumidores estadounidenses por teléfono no escaparán de la justicia al hacer sus llamadas desde el extranjero. Agradezco a la República del Perú por extraditar a estas personas para enfrentar cargos aquí en Estados Unidos”, dijo por entonces el Secretario de Justicia Auxiliar Jody Hunt de la División Civil del Departamento de Justicia.
Los peruanos, que enfrentaron a la justicia en Miami, Florida, fueron condenados a inicios de este año por conspirar para cometer fraude postal y electrónico.
Desde entonces, el juez federal Robert Scola fue el encargado de dictar sentencia contra los peruanos. El magistrado sentenció en junio a Francesco Guerra a 90 meses en una prisión federal y, en marzo, condenó a Rodolfo Hermoza a 88 meses de prisión por su participación en el plan.
Scola sentenció el último jueves a Johnny Hidalgo a 100 meses en una prisión federal por su papel de supervisar uno de los ’call centers’.
“[Es] importante imponer una sentencia significativa para disuadir a las personas en otros países que piensan que pueden aprovecharse de personas en Estados Unidos con impunidad”, dijo el magistrado al sentenciar a Hidalgo.
Además del tiempo en prisión, también se ordenó a los tres peruanos que cumplan tres años de libertad supervisada después de sus períodos en la cárcel y que hicieran pagos de restitución a las víctimas de su estafa.
A lo largo del proceso judicial, las autoridades estadounidenses han hecho hincapié en que el esquema de estafa afectó principalmente a personas de edad avanzada.
“Proteger a los ancianos y a los miembros vulnerables de nuestra comunidad de planes como este, es una de las principales prioridades de esta Oficina y del Departamento de Justicia”, afirmó en diciembre pasado Ariana Fajardo Orshan, Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida.
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