Cómo Nueva Zelanda logró prohibir las armas en 27 días

Nueva Zelanda tenía una de las legislaciones más permisivas de control de armas, hasta que vivió “uno de los días más oscuros” de su historia reciente.

15 de marzo de 2019. Un autoproclamado supremacista blanco irrumpe en una mezquita del centro de Christchurch (en la isla sur de Nueva Zelanda) y abre fuego contra los congregados.

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Menos de 30 segundos después, regresa a su auto para recargar munición y vuelve a la mezquita para seguir disparando.

Luego conduce hasta un segundo centro islámico y reanuda el tiroteo, retransmitiéndolo en directo por redes sociales.

En la masacre, medio centenar de personas perdieron la vida a manos de Brent Tarrant, de 28 años, quien fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Fue la primera condena de este tipo en Nueva Zelanda, y también la primera por “terrorismo”.

El ataque, el más mortífero de la historia reciente del país, llevó al gobierno a impulsar una reforma legislativa de control de armas que se convirtió en un referente internacional.

Apenas un mes después del tiroteo, las armas que usó Tarrant ya estaban prohibidas.

En la otra cara de la moneda, Estados Unidos acumula tiroteos masivos ante la frustración de aquellos que pugnan por un cambio en las leyes de armas.

Una semana después de la masacre en una escuela primaria de Uvalde (Texas), la cuestión centró la conversación que mantuvieron este martes en el Despacho Oval la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

“Si hay algo que podamos compartir que sea de algún valor, estamos aquí para compartirlo”, dijo Ardern sobre una reforma legislativa que, en tan solo 27 días, logró acabar con la mayoría de armas semiautomáticas.

Así fue cómo lo hizo Nueva Zelanda:

La primera ministra de Nueva Zelanda compareció en rueda de prensa al día siguiente de la masacre, consciente de estar viviendo “uno de los días más oscuros” para la nación.

Informó de que el principal sospechoso había adquirido legalmente las cinco armas usadas durante el ataque.

“Les puedo decir una cosa ahora mismo, nuestras leyes de armas cambiarán”, prometió Ardern, del partido laborista.

Por su parte, la ex primera ministra neozelandesa Helen Clark dijo a la BBC que le sorprendería si el Parlamento no legislara para un control más estricto del porte de armas.

Y así fue. En pocos días, se activó el engranaje legislativo.

No se había cumplido una semana desde la masacre cuando Nueva Zelanda ya preparaba un borrador de la reforma legislativa sobre el control de armas.

Jacinda Ardern informó de que las nuevas leyes entrarían en vigor en tres semanas, el día 11 de abril.

Hasta esa fecha, se aplicaría una normativa temporal para evitar que la población pudiera acumular armas que iban a ser restringidas (semiautomáticas de uso militar y fusiles de asalto, así como los componentes que podrían usarse en su fabricación).

Además, se tomaron medidas transitorias para que los propietarios de las armas prohibidas las entregaran a la policía en un plazo de seis meses.

La primera ministra anunció un programa de recompra -con un coste estimado de US$100 millones- mediante el cual el gobierno compensaría económicamente a los dueños de las armas restringidas.

“Ese es el precio que tenemos que pagar para garantizar la seguridad de nuestras comunidades”, remarcó Ardern.

Y añadió: “A los propietarios que dan un uso legítimo a sus armas, quiero reiterarar que las acciones anunciadas hoy no son por su culpa, y no van dirigidas a ustedes. Nuestras medidas, en nombre de todos los neozelandeses, son para que esto nunca vuelva a suceder”.

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Según el gobierno, el sistema de recompra -un programa “sin precedentes” en la historia del país- se saldó medio año después con cerca de 61.000 armas de 33.000 propietarios retiradas de circulación.

La primera ministra ordernó una Comisión Real -una importante investigación pública formal- para averiguar si se podría haber prevenido el ataque terrorista.

Las conclusiones se publicaron en un informe en diciembre de 2020, junto con una cuarentena de recomendaciones sobre seguridad nacional y el bienestar social de las comunidades.

El documento, de cerca de 800 páginas, indicó que si bien no había indicios de que el ataque a Nueva Zelanda fuera inminente, sí hubo “fallos” en el sistema policial a la hora de vetar la compra de armas.

Asimismo, criticó que los servicios de inteligencia del país priorizaran cubrir el extremismo islámico, a expensas de otras amenazas potenciales como el supremacismo blanco.

“Si bien la comisión no consideró que estos problemas hubieran podido evitar el ataque, sí que hubo varios errores, y por eso en nombre del gobierno, me disculpo”, dijo la primera ministra.

Apenas un mes después de la matanza en las dos mezquitas, la nueva legislación de armas vio la luz.

La reforma, que modificaba la ley vigente desde 1983, se aprobó en el Parlamento con 119 votos a favor y uno en contra.

“Nueva Zelanda destaca por su amplia disponibilidad de armas de fuerza destructiva, pero hoy termina esa anomalía”, celebró Ardern.

Siguiendo la estela de Australia, la ley aprobada permitía exenciones -previa solicitud- para los agricultores, para el control de plagas y para el bienestar animal.

El entonces ministro de la Policía de Nueva Zelanda, Stuart Nash, se mostró de acuerdo con la decisión: “Quiero recordar que es un privilegio, y no un derecho, poseer un arma de fuego en Nueva Zelanda”.

En junio de 2020, el Parlamento de Nueva Zelanda dio luz verde a nuevas medidas para endurecer la reforma del control de armas.

El cambio más significativo introducido fue un nuevo registro de armas de fuego que los titulares de licencias deben actualizar cuando compran o venden armas.

Sin embargo, en esa ocasión, el gobierno se enfrentó a una mayor oposición para aprobar la ley que en abril de 2019, con grupos de presión y líderes de la oposición cuestionando la necesidad de un registro.

“La nueva ley está diseñada para evitar que las armas de fuego caigan en manos equivocadas”, subrayó en un comunicado el entonces ministro de la Policía de Nueva Zelanda, Stuart Nash.

La rápida respuesta neozelandesa al ataque de Christchurch contrasta con el perenne debate sobre el control de posesión de armas en Estados Unidos, de nuevo en actualidad tras el tiroteo en la escuela primaria de Uvalde (Texas).

EE.UU. es el país con más armas de fuego en manos de civiles (120,5 por cada 100 habitantes), mientras que Nueva Zelanda ocupa la posición número 17 de la lista (26,3 armas por 100 habitantes), según las últimas cifras disponibles de Small Arms Survey (2018).

El poder económico y de movilización de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), la configuración del sistema judicial y las reglas del Senado son algunos de los mayores obstáculos en el camino estadounidense hacia el control de armas.