El primer ministro tunecino, Hichem Mechichi, aseguró el lunes que está dispuesto a ceder su cargo al futuro jefe del gobierno, el día después de la suspensión de la actividad parlamentaria y que el presidente se atribuyera poderes ejecutivos.
“Garantizaré el traspaso de poderes al dirigente que sea designado por el presidente de la República”, declaró Mechichi, en sus primeras palabras tras su destitución y el resto de medidas excepcionales anunciadas el domingo por la noche.
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Después de un domingo de manifestaciones en numerosas ciudades contra la gestión de la pandemia de coronavirus del gobierno de Mechichi, el presidente tunecino, Kais Saied, destituyó al primer ministro y anunció que “suspendía” la actividad del Parlamento durante 30 días.
Asimismo, anunció que se hará cargo del poder ejecutivo “con la ayuda del gobierno”, asignándose la competencia de nombrar ministros.
El lunes, tras una jornada de enfrentamientos, la presidencia de la República anunció en un comunicado la destitución de Ibrahim Bartaji, ministro de Defensa, y de Hasna Ben Slimane, que era portavoz del gobierno, ministro de la Función Pública y ministro interino de Justicia.
El partido gobernante, Ennahdha, de orientación islamista y que apoyaba al primer ministro Mechichi, criticó duramente la medida de Saied, que denunció como “un golpe de Estado contra la revolución y contra la Constitución”.
Por contra, la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), un influyente sindicato, apoyó implícitamente las decisiones indicando que eran “conformes” a la Constitución, aunque pidió la continuación del proceso democrático más de una década después del levantamiento que terminó con la dictadura de Zine el Abidine Ben Alí.
“Es hora” de que los responsables de la situación “degradada” del país “asuman sus responsabilidades”, estimó este sindicato.
Preocupación internacional
En el extranjero, Turquía, aliada de Ennahdha, pidió que se restaure la “legitimidad democrática” y Alemania reclamó el “regreso del orden constitucional lo más rápidamente posible”.
Francia pidió “un retorno, lo más pronto posible, a un funcionamiento normal de las instituciones” y exigió que se evite cualquier tipo de respuesta violenta.
Estados Unidos se mostró “preocupado” y pidió “respeto de los principios democráticos”.
El temor a un retroceso de las libertades se acentuó tras el cierre el lunes por parte de la policía de las oficinas de la cadena catarí Al Jazeera en la capital. Una decisión tomada sin mandato judicial y criticada por Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras.
La presidencia también anunció una ampliación del toque de queda nocturno, inicialmente establecido para reducir los casos de COVID-19, que ahora empezará a partir de las 19H00 y durará hasta las 06H00.
Además, se prohibieron las reuniones en la calle de más de tres personas y se dieron dos días de fiesta a los funcionarios.
Varios centenares de simpatizantes de Saied y de Ennahdha se enfrentaron este lunes con piedras y botellas delante del parlamento, en la ciudad de Túnez, observaron periodistas de la AFP.
Rached Ghannouchi, jefe de Ennahdha y presidente del parlamento, llamó a la movilización y estuvo casi 12 horas frente a la puerta cerrada del parlamento, al que no pudo acceder porque los militares desplegados para custodiar la cámara se lo impidieron.
Estas medidas buscan “cambiar la naturaleza del régimen político en Túnez y transformarlo de un régimen democrático parlamentario en un régimen presidencial, individual y autoritario”, consideró Ghannouchi en una declaración publicada en la página oficial de Ennahdha.
Pulso
Saied declaró que la Constitución no le permite disolver el parlamento pero que sí le permite suspender su actividad, según el artículo 80, en caso de “peligro inminente”.
Ese artículo se aplica durante 30 días, al cabo de los cuales la Corte Constitucional debe decidir si prolonga su vigencia o no. Sin embargo, esa institución todavía no se ha podido poner en marcha a causa de la agitada vida política de Túnez desde que se aprobó la Constitución, en 2014.
Rached Ghannouchi y el presidente Saied se hallan inmersos en un pulso político desde hace seis meses, que ha paralizado el gobierno y perturbado a los poderes públicos, en medio de la ola de contagios de covid-19 que sacude Túnez desde principios de julio.
Con casi 18.000 muertos por coronavirus, el país, de 12 millones de habitantes, presenta una de las peores tasas de mortalidad del mundo.
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