Una corte de la junta de Myanmar condenó el lunes a Aung San Suu Kyi a cuatro años de prisión por tres cargos, en una de las acciones legales contra la derrocada gobernante. Una fuente dijo a AFP que la dirigente de 76 años fue declarada culpable de dos cargos por el supuesto contrabando de aparatos de radiocomunicación (walkie-talkies) y de otro por romper las reglas sanitarias por el coronavirus.
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El caso de los walkie-talkies se originó cuando los militares allanaron su casa el día del golpe y supuestamente encontraron el equipo de contrabando.
La sentencia del lunes se suma a las condenas dictadas en diciembre cuando fue sentenciada a cuatro años por incitación y por romper las reglas sanitarias por el coronavirus durante su campaña electoral.
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El jefe de la junta militar, Min Aung Hlaing, conmutó la sentencia a dos años y dijo que podría cumplirlos en arresto domiciliario en la capital Naipyidó.
Suu Kyi, distinguida con el Premio Nobel de la Paz en 1990, permanece detenida desde el 1 de febrero cuando su gobierno fue derrocado por un golpe de Estado que puso fin al breve experimento democrático del país asiático.
El golpe provocó descontento general, pero las fuerzas de seguridad reprimieron las manifestaciones con detenciones masivas y violencia que dejó a más de 1.400 civiles muertos, según un grupo local de monitoreo.
Táctica de miedo
La sentencia de diciembre pasado generó condenas internacionales y revivió las protestas callejeras golpeando ollas y sartenes en Myanmar.
Antes del veredicto, la investigadora de derechos humanos Manny Maung dijo que nuevas condenas agravarían el descontento nacional.
“El anuncio de su última condena resultó en uno de los días de más interacciones en redes sociales desde dentro de Myanmar y enojó fuertemente al público”, indicó a AFP.
“Los militares calculan esto (las demandas contra Suu Kyi) como una táctica de miedo, pero solo sirve para causar más enojo”, agregó.
Los periodistas no tienen acceso a las audiencias y los abogados de Suu Kyi tienen prohibido hablar con la prensa.
Bajo una junta militar previa, la líder civil pasó largos períodos bajo arresto domiciliar en la mansión de su familia en Rangún, la mayor ciudad de Myanmar.
Actualmente está confinada en un sitio no revelado de la capital, y su único contacto con el mundo exterior son las reuniones con sus abogados antes de las audiencias judiciales.
Además de los casos del lunes, ella también enfrenta varios cargos de corrupción, cada uno de los cuales es castigable con 15 años de prisión, y de violar la ley de secretos oficiales.
En noviembre, ella y otros 15 funcionarios, incluido el expresidente Win Myint, fueron acusados de supuesto fraude electoral en las elecciones de 2020.
Su partido, la Liga Nacional por la Democracia (LND), ganó ampliamente las elecciones por encima de un partido cercano a los militares.
Desde el golpe, varios de sus aliados políticos han sido detenidos, y un ministro fue sentenciado a 75 años de prisión mientras otros permanecen ocultos.
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