La dirigente Aung San Suu Kyi, destituida por la Junta Militar de Myanmar, fue acusada de haber violado una ley sobre secretos de Estado que data de la época colonial, informó su abogado este jueves, al tiempo que el Consejo de Seguridad de la ONU condenó la muerte de cientos de civiles.
Más de 535 personas, entre ellas numerosos estudiantes, adolescentes y niños, murieron en dos meses en la represión de las manifestaciones contra el golpe de Estado del 1 de febrero, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).
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Centenas de personas han sido detenidas y muchas se encuentran desaparecidas, indicó la AAPP.
En un texto edulcorado por China y emitido tras dos días de negociaciones, el Consejo de Seguridad de la ONU manifestó este jueves en una declaración unánime que “condena enérgicamente” las muertes de civiles.
“Miembros del Consejo de Seguridad expresaron profunda preocupación por la situación que se deteriora rápidamente y condenan enérgicamente el uso de violencia contra manifestantes pacíficos y las muertes de centenares de civiles, incluidos mujeres y niños”, dice la declaración promovida por el Reino Unido.
En ella no se menciona la posibilidad de imponer sanciones internacionales, solicitada por Estados Unidos y el Reino Unido y a la que se opone China, aunque llama a “volver a una transición democrática”.
Por el momento las tomas de posición del Consejo no han tenido efecto en los militares.
La junta ordenó a los proveedores de internet de Myanmar que corten todas las conexiones wifi, indicó la compañía de telecomunicaciones Ooredoo, con el fin de limitar las comunicaciones.
Este “corte de internet” fue condenado por decenas de países miembros de la ONU que denunciaron, en una declaración redactada por Lituania, Francia y Grecia, “los ataques” contra los medios en el país. Esos tres países copresiden el grupo de amigos de la ONU para la Protección de Periodistas.
Previamente, Suu Kyi compareció por videoconferencia ante un tribunal de Naipyidó en una audiencia de trámite para designar a sus ocho abogados defensores.
La premio Nobel de la Paz, de 75 años, parece encontrarse en “buen estado”, según uno de los letrados. Estuvo “brillante y encantadora como siempre”, comentó el abogado Khin Maung Zaw.
Más tarde, el letrado explicó a la AFP que Suu Kyi fue acusada de violar una ley sobre secretos de Estado en un procedimiento abierto el 25 de marzo.
Suu Kyi ya estaba procesada por otros cargos, incluyendo “incitación al desorden público”. También se le acusa de recibir sobornos, pero todavía no ha sido inculpada por corrupción.
La próxima vista judicial se fijó para el 12 de abril.
La líder birmana podría ser condenada a varios años de cárcel y quedar proscrita para siempre de la vida política.
Constituciones incendiadas
Diputados de su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND), anunciaron el miércoles la formación durante la primera semana de abril de “un nuevo gobierno civil” de resistencia.
En la clandestinidad desde el golpe de Estado, también anunciaron que la Constitución de 2008 redactada por el precedente régimen militar quedaba “anulada”.
Manifestantes quemaron el jueves una pila de copias del documento en una calle de Rangún, la capital económica, donde se incendiaron durante la noche dos supermercados del ejército.
Un manifestante de 31 años murió por su parte en Monywa (centro) y otros 10 resultaron heridos, dijo un socorrista a la AFP.
El jueves, se llevaron a cabo vigilias a la luz de las velas y oraciones en silencio en memoria de los “mártires” que murieron en los últimos dos meses.
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja acusó a las fuerzas de seguridad de “detener de manera injustificada, intimidar y herir” a los socorristas.
La víspera, la enviada de la ONU para Myanmar, Christine Schraner Burgener, alertó de la posibilidad de una “guerra civil a un nivel sin precedentes”.
“Insto a este Consejo a considerar todos los medios a su disposición (...) para evitar una catástrofe multidimensional en el corazón de Asia”, añadió.
Grupos étnicos
Londres, la antigua potencia colonial, impuso este jueves nuevas sanciones contra los intereses financieros de la junta, en concreto contra el conglomerado Myanmar Economic Corporation (MEC).
La represión de los civiles enardeció a la veintena de grupos étnicos armados que hay en Myanmar, algunos de los cuales lanzaron ataques contra la policía, que el ejército respondió con bombardeos.
Desde la independencia de Myanmar, en 1948, una multitud de grupos étnicos mantienen conflictos con el poder central y el ejército había llegado a un alto el fuego con varios de ellos en los últimos años.
Pero, desde el golpe, algunos expresaron su apoyo al levantamiento popular, retomaron las armas o amenazan con hacerlo.
Al menos 20 soldados murieron y cuatro camiones militares fueron destruidos el miércoles en un ataque del Ejército de la Independencia Kachin (KIA), según el medio de prensa local DVB News.
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