La jornada del miércoles fue “la más sangrienta” registrada en Myanmar desde el golpe de Estado del 1 de febrero, con “38 muertos”, afirmó durante una videoconferencia de prensa la emisaria de la ONU para este país, la suiza Christine Schraner Burgener. Estos episodios ilustran el fracaso de la comunidad internacional a la hora de frenar la espiral de violencia generada tras el golpe de Estado militar en el país.
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“Tenemos ahora más de 50 muertos desde el comienzo del golpe de Estado y múltiples heridos”, añadió durante una conexión por video realizada desde Suiza, donde reside, con periodistas en la ONU.
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La emisaria precisó que mantiene contacto con todas las partes en Myanmar, incluyendo a los militares. Estos últimos le indicaron que preveían elecciones “en un año”, añadió.
Preguntada sobre las condiciones impuestas por los militares para una posible visita suya a Myanmar, que la ONU reclama desde hace un mes, Schraner respondió que le habían dicho que sería bienvenida, pero “no ahora”, ya que antes debían resolver algunos problemas.
Las fuerzas de seguridad birmanas continuaron el miércoles disparando balas reales contra los manifestantes, desafiando todas las protestas internacionales. La junta militar ha intensificado su represión desde el golpe que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi el 1 de febrero.
“Las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos, munición de goma y balas reales”, según un rescatista presente en el lugar.
Con cortes de internet, un refuerzo del arsenal represivo y olas de detenciones, la junta militar no ha dejado de intentar asfixiar a sus detractores desde el golpe de Estado que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, el 1 de febrero.
Los birmanos siguen, pese a todo, saliendo a las calles para reclamar la marcha de los generales golpistas y la liberación de cientos de detenidos encarcelados en las últimas semanas.
La situación es muy tensa en Rangún, la capital económica, especialmente en algunos barrios del norte, donde un dispensario recibió una veintena de heridos.
Cerca de la pagoda Sule Paya, en el centro de Rangún, los manifestantes organizaron una concentración y arrojaron al suelo las tapas de los cubos de basura que usan como escudos improvisados.
“No hagan nada contra la policía y el ejército. Si vienen a expulsarnos violentamente, continúen manifestándose pacíficamente”, gritaba un joven usando un altavoz. “Nos mantenemos unidos”, respondieron los manifestantes.
La jornada del domingo fue especialmente mortal con al menos 18 manifestantes fallecidos, según Naciones Unidas.
Una de las víctimas fue enterrada este miércoles. Cientos de personas cantaron “la democracia es nuestra causa” alrededor del ataúd cubierto con flores.
Seis periodistas acusados
La represión también continúa en el ámbito judicial.
Al expresidente de la República, Win Myint, que ya fue acusado de no respetar las restricciones vinculadas con la pandemia, se le acusa ahora de violar la Constitución, indicó a la AFP su abogado Khin Maung Zaw.
Aung San Suu Kyi, que continúa detenida en un lugar secreto, enfrenta cuatro cargos, entre ellos “incitación a desórdenes públicos”.
Seis periodistas birmanos, entre ellos el fotógrafo de la agencia estadounidense Associated Press (AP) Thein Zaw, fueron acusados de violar una ley de orden público recientemente modificada por la junta, según su abogado.
El texto abarca ahora a todo aquel que “cause miedo en la población, difunda información falsa (...) o incite a la desobediencia y a la deslealtad de los funcionarios”, explicó.
Los seis hombres, que se enfrentan a hasta tres años de prisión, están en la tristemente célebre prisión de Insein, en Rangún, donde muchos presos políticos cumplieron largas condenas bajo anteriores dictaduras.
“Debe autorizarse a los periodistas independientes a informar libremente y con seguridad, sin miedo a represalias”, dijo Ian Philips, vicepresidente de informaciones internacionales de AP.
Confusión en la ONU
El ejército sigue ignorando las condenas internacionales.
Incluso el embajador birmano en Naciones Unidas, Kyaw Moe Tun, rompió con los generales golpistas la semana pasada, llamando a “poner fin al golpe de Estado”.
Desde entonces, la junta designó a un sustituto, pero Kyaw Moe Tun asegura que sigue representando al país, un lío jurídico que deberá resolver la ONU.
El Consejo de Seguridad abordará de nuevo la situación en Myanmar el viernes a petición del Reino Unido.
A principios de febrero, sus 15 miembros expresaron su inquietud en una declaración, pero sin condenar el golpe de Estado, ya que Pekín y Moscú, aliados tradicionales del ejército birmano, se oponían.
El ejército, que no reconoce el resultado de las elecciones en noviembre en las que se impuso el partido de Suu Kyi, prometió la celebración de nuevos comicios.
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