La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos afirmó que al menos 18 personas habrían muerto en las manifestaciones de este domingo en Myanmar, duramente reprimidas por la policía, según una información “fideligna”.
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Este domingo, las fuerzas de seguridad actuaron con violencia contra los manifestantes en Myanmar, matando al menos a ocho de ellos, según informaron varias fuentes a la AFP en el día más sangriento de las protestas contra el golpe de Estado militar del pasado 1 de febrero.
“Condenamos con fuerza la escalada de violencia contra manifestantes en Myanmar e instamos a los militares a cesar de inmediato de usar la fuerza contra manifestantes pacíficos”, afirmó Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina del Alto Comisionado de derechos humanos de la ONU, en un comunicado.
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“Durante el día, en varios lugares de todo el país, las fuerzas policiales y militares actuaron contra manifestaciones pacíficas, usando una fuerza letal y no tan letal que, según información fideligna recibida por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, dejó al menos 18 muertos y más de 30 heridos”, indicó la vocera.
“Al parecer, las muertes se debieron al fuego real disparado contra la multitud en Rangún, Dawei, Mandalay, Myeik, Bago y Pokokku. Parece ser qeu también se lanzó gas lacrimógeno en varios lugares, así como granadas aturdidoras”.
Aún así, la AFP no pudo confirmar el balance de la ONU con una fuente independiente.
Myanmar es escenario de una oleada de manifestaciones prodemocracia y de una campaña de desobediencia civil desde el golpe de Estado militar del 1 de febrero que derrocó al gobierno civil dirigido por Aung San Suu Kyi.
Con el paso de los días, las fuerzas de seguridad han incrementado la represión de las concentraciones.
“El pueblo de Myanmar tiene el derecho de reunirse pacíficamente y pedir la restauración de la democracia”, asegura el comunicado de la oficina del Alto Comisionado.
“Solo hoy, la policía detuvo a al menos 85 profesionales médicos y estudiantes, además de a siete periodistas, que se encontraban en las manifestaciones”, señala el texto.
“Más de 1.000 individuos fueron arrestados de forma arbitraria el pasado mes, algunos de los cuales continúan detenidos [...] simplemente por ejercer sus derechos a la libertad de opinión, expresión y de reunión pacífica”.
Sin avisar
En Rangún, las fuerzas de seguridad habían dispersado rápidamente una manifestación este domingo.
“La policía comenzó a disparar desde que llegamos”, declaró a la AFP Amy Kyaw, una maestra de 29 años.
“No hubo mensajes de advertencia. Algunos manifestantes fueron heridos y otros se refugiaron en las casas de los vecinos del barrio”, agregó.
Imágenes difundidas en directo en las redes sociales mostraban a las fuerzas de seguridad utilizando gases lacrimógenos contra la muchedumbre en Rangún y cañones de agua en la ciudad de Mandalay, más al norte.
En Myityina (norte), las fuerzas de seguridad propinaron una paliza a un periodista, que fue arrestado, según un medio local.
“La clara escalada del recurso a la fuerza letal en varias ciudades del país [...] es escandalosa e inaceptable y debe cesar inmediatamente”, reaccionó Phil Robertson, subdirector de la división Asia en la ONG Human Rights Watch.
La víspera, las fuerzas de seguridad también respondieron con firmeza a varias concentraciones, pacíficas en general.
Al menos tres periodistas fueron detenidos, incluyendo un fotógrafo de la agencia estadounidense Associated Press y un videógrafo y un fotógrafo de dos agencias birmanas, Myanmar Now y Myanmar Pressphoto.
Más de 850 personas han sido arrestadas, inculpadas o condenadas por su participación en las manifestaciones, según la ONG de ayuda a los presos políticos AAPP.
Audiencia el lunes
Sin embargo, se espera que esta cifra aumente próximamente, pues los medios oficiales informaron de 479 arrestos el sábado.
Numerosos países condenaron la represión de las protestas. Estados Unidos y la Unión Europea denunciaron la violencia empleada por las fuerzas de seguridad e instaron a la junta a dejar el poder.
Aung San Suu Kyi, galardonada con el Nobel de la Paz en 1991, no ha sido vista en público desde que fue detenida.
Se encuentra en arresto domiciliario en Naipyidó, la capital, inculpada de haber importado ilegalmente walkie-talkies y de haber violado las restricciones impuestas por la pandemia de covid-19. El lunes comparecerá en una audiencia para responder sobre estos cargos.
Por otro lado, la junta destituyó el sábado a su embajador en Naciones Unidas, Kyaw Moe Tun, que, el viernes, pidió “poner fin al golpe militar” y reclamó “la acción enérgica de la comunidad internacional” para “terminar con la opresión de la gente inocente y devolver el poder” al pueblo.
El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, indicó no obstante que la organización no fue informada formalmente del cese del diplomático.
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