Un médico, un rapero y un futbolista figuran entre los más de 20 iraníes que podrían ser ahorcados tras una condena a la pena de muerte, una táctica intimidatoria del régimen para sofocar las protestas, indican grupos de derechos humanos.
Las dos primeras ejecuciones relacionadas con el movimiento de protesta iraní, las de Mohsen Shekari, el 8 de diciembre, y la de Majidreza Rahnavard, el 12 de diciembre, ambos de 23 años, han provocado protestas y nuevas sanciones occidentales, especialmente porque Rahnavard fue ahorcado en público y no en prisión.
Sin embargo, los activistas piden una acción internacional enérgica para impedir nuevas ejecuciones.
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“Hasta que el coste político de las ejecuciones no sea significativamente mayor, nos enfrentaremos a ejecuciones masivas”, advierte Mahmood Amiry-Moghaddam, director del grupo Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, que acusa a las autoridades iraníes de utilizar las ejecuciones para “sembrar el miedo y salvar al régimen.”
Irán se ha visto sacudido por las protestas tras la muerte, el 16 de septiembre, de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años que falleció tras ser detenida por la policía de la moralidad por infringir el estricto código de vestimenta obligado para las mujeres.
Desde su fundación en 1979, la República Islámica se ha visto sacudida por varias olas de protesta, pero esta crisis no tiene precedentes, ni por su duración, ni por el hecho de que ocurre en varias provincias, implica a diferentes grupos étnicos y clases sociales e incluye llamamientos directos al fin del régimen.
Según Amnistía Internacional, otras 11 personas fueron condenadas a muerte en el contexto de las protestas y nueve se enfrentan a cargos de pena de muerte.
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Amnistía cita el caso de Sahand Nourmohammad-Zadeh, condenado a muerte el 6 de noviembre tras ser declarado culpable de “destruir barandillas de autopista y quemar contenedores de basura y neumáticos”.
El miércoles, un manifestante recientemente detenido, Mahan Sadrat, fue “salvado de la ejecución”, declaró su abogado.
Amnistía dijo que temía la ejecución “inminente” del joven de 22 años, condenado a muerte tras un juicio sumario e “injusto” el 3 de noviembre tras ser declarado culpable de sacar un cuchillo durante las protestas.
“Riesgo grave”
Mohammad Ghobadlou, de 22 años, fue condenado a muerte por atropellar con un coche a agentes de policía, matando a uno e hiriendo a varios más.
Según Amnistía, “seriamente preocupada”, fue torturado en prisión. También lo fue el rapero Saman Seydi, alias Saman Yasin, que apoyó la protesta en las redes sociales y está acusado de disparar al aire. Según Amnistía, fue torturado para obtener una confesión forzada.
Hamid Ghare-Hasanlou, un médico, y su esposa Farzaneh Ghare-Hasanlou se dirigían al funeral de un manifestante asesinado cuando se vieron “atrapados en el caos” de un atentado contra un miembro de la milicia Basidj, según Amnistía.
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Hamid Ghare-Hasanlou fue condenado a muerte y su esposa a 25 años de prisión, y el tribunal se basó en declaraciones que, según Amnistía, fueron extraídas a la fuerza a su esposa. Su marido fue torturado durante su detención y hospitalizado con las costillas rotas.
Entre los que se enfrentan a la pena de muerte está el rapero Toomaj Salehi, de 32 años, acusado “únicamente por las críticas vertidas en su música y en las redes sociales”, añade Amnistía, y también en este caso hay denuncias de tortura.
El futbolista profesional Amir Nasr Azadani, de 26 años, también se enfrenta a la pena de muerte tras ser acusado de la muerte de tres guardias de seguridad en noviembre en la ciudad de Isfahán, según la oenegé.
Las ejecuciones suelen ser repentinas, ya que las autoridades aprueban y ejecutan las condenas a muerte de “manera rápida”, según Amnistía, que advierte de un “grave riesgo” para las personas cuyas condenas a muerte no se han hecho públicas y que podrían ser ejecutadas “en cualquier momento”.
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