Nicaragua no ha dado luz verde al envío de una misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con miras a restablecer la institucionalidad en el país, señaló el miércoles el secretario general del organismo, Luis Almagro.
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“Definitivamente, de las gestiones emprendidas no se ha recibido el beneplácito para el envío de una misión (...) Es decir, no se ha recibido respuesta formal al respecto”, dijo Almagro al Consejo Permanente de la OEA.
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Este órgano, que reúne a los 34 miembros activos del bloque regional, concluyó el 8 de diciembre que Nicaragua no respeta la Carta Democrática Interamericana, e instó al gobierno de Daniel Ortega a aceptar una misión para acordar el inicio de un proceso para cumplir sus obligaciones en virtud del documento.
En la resolución aprobada por 25 votos a favor, ocho abstenciones y la única oposición de Nicaragua, el Consejo Permanente encomendó a Almagro el diálogo con Managua para “obtener su compromiso de aceptar una misión de buenos oficios de alto nivel (...) cuanto antes”.
Almagro tenía hasta el 17 de diciembre para informar sobre sus labores, pero ese día envió una carta al Consejo Permanente solicitando extender el plazo “hasta mediados del mes de enero”.
El miércoles, el secretario general dijo que inició su trabajo “inmediatamente” después de aprobada la resolución, con “comunicaciones dirigidas al propio” Ortega, “contactos institucionales” con la Cancillería de Nicaragua y sus dependencias, y “consultas por canales políticos del más alto nivel”.
Almagro también dijo que hubo “contactos con oficiales del gobierno nicaragüense para gestionar posibles visitas a Nicaragua”, algo que según dijo, “se ha señalado que no es posible en el presente contexto”.
Estas gestiones “no constituyen progresos específicos que abrieran ya procesos de trabajo. Tampoco es pertinente decir que ha habido hasta ahora, hasta este Consejo Permanente, un rechazo formal o definitivo a los contactos y trabajos iniciados”, afirmó.
Almagro deploró que no se haya concretado la liberación de opositores, ni haya habido “avances de ningún tipo” en relación a las condiciones electorales, de justicia, libertad de expresión y otros derechos y libertades fundamentales en Nicaragua.
Y prometió continuar “extremando los esfuerzos” de la Secretaría General que, según dijo, permitieron en el pasado “facilitar mecanismos de diálogo” con el gobierno de Ortega.
Resaltó que esto llevó, entre otros, a la observacion de las elecciones municipales de 2017, la firma del acuerdo para el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2018, y la liberación de más de 300 presos políticos en 2019 en negociaciones junto con la Nunciatura Apostólica y la Cruz Roja.
Ortega, un exguerrillero en el poder desde 2007, inició el 10 de enero un cuarto mandato consecutivo tras elecciones que la OEA desconoció por considerar que carecieron de “legitimidad democrática”.
Más de 40 críticos de Ortega fueron detenidos en Nicaragua entre junio y diciembre de 2021, incluidos siete potenciales rivales electorales del mandatario. A ellos se suman 120 personas encarceladas por participar en las protestas antigubermentales de 2018.
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