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El mes pasado, en lo que fueron unas elecciones amañadas por el gobierno de facto, el dictador Daniel Ortega se reeligió por un periodo más como presidente de Nicaragua.
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Revalidarse en el sillón presidencial no es poca cosa para un Ortega. El hombre de 76 años que se inició políticamente como guerrillero ostenta el cargo más importante del país desde el 2007 y el temor es que se perpetúe en el poder.
Su gestión, escribe el Barcelona Centre for International Affairs, se ha caracterizado por el “paulatino sometimiento de las instituciones y normas del Estado a los designios personalistas”.
No es el único peligro: la oposición acusa a Ortega de ser un “caudillo populista” que busca instaurar una “dinastía familiar”.
Y mientras ronda el fantasma de Anastasio Somoza -quien gobernó Nicaragua y a quien el mismísimo Ortega se opuso-, ciertas organizaciones trasnacionales buscan ponerle el freno a las ambiciones del actual gobernante y su esposa Rosario Murillo, a la sazón vicepresidenta del país.
El miércoles de esta semana, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó una resolución firmada por 25 países para que el orteguismo dialogue con la oposición.
El objetivo de la OEA es organizar nuevas elecciones presidenciales, puesto que las que se llevaron a cabo el 7 de noviembre no fueron legítimas, según dicha entidad.
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Por los presos políticos
Otro de los asuntos que ha demandado la OEA es la liberación, “con carácter de urgencia”, de los presos políticos.
Porque, vale recordar, que el régimen puso mano de hierro luego de que, en el primer semestre del 2018, miles de personas tomaran las calles en oposición al orteguismo.
En octubre de este año, el observatorio Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, con datos “avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo que hay 159 personas privadas de su libertad por oponerse al orteguismo.
Deutsche Welle escribe que, entre ellos, hay “diez mujeres, incluyendo la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro, quien tiene casa por cárcel, al igual que la exprimera dama (1997-2002) María Fernanda Flores”.
Pero ese no es el único problema. El medio agrega:
“Según el informe, los ‘presos políticos sufren sometimiento a interrogatorios constantes, amenazas, aislamiento, malos tratos y torturas (que) infligen estrés, ansiedad, insomnio, y otros factores que ponen en grave riesgo la salud e integridad física’”.
La información es revalidada por el medio opositor nicaragüense Divergentes.
“Los detenidos durante la última oleada de encarcelamientos han perdido hasta 40 libras de peso (cerca de 20 kg), casi no se les permite salir al sol y son interrogados de manera insistente”.
“En otros, los mareos y la falta de energía se evidencia, tal fue el caso del líder estudiantil Lesther Alemán que apenas pudo sostenerse durante su audiencia inicial. O el de Juan Lorenzo Holmann, quien tiene temor a perder la visión producto de las condiciones precarias en las que permanece”.
La farsa electoral
Cuando se sostiene que las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua fueron una farsa, no se exagera. Para no tener ningún tipo de inconveniente, Ortega encarceló en el transcurso del año a los siete principales precandidatos opositores.
Infobae recuerda que, desde junio, “decenas de dirigentes opositores -entre ellos siete que habían manifestado sus intenciones de presentarse como candidatos a presidente- fueron encarcelados con acusaciones disparatadas como “atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”.
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La primera en caer fue Cristiana Chamorro -hija de la expresidenta Violeta Barros de Chamorro-, cuya casa fue allanada y a ella se le ordenó arresto domiciliario.
La acusaron de “gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”.
La misma suerte corrió Arturo Cruz, a quien se señaló de actuar en contra de los “derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación”.
Luego cayeron Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel José Vidaurre.
Ortega ni se inmuta
Luego de su reelección, Daniel Ortega ordenó que Nicaragua abandonara la Organización de Estados Americanos. Su canciller, Denis Moncada, acusó que fue una respuesta a sus “reiteradas acciones injerencistas”.
Pero, según Los Ángeles Times, esto será un proceso que durará dos años, lo que significa que, en el entretiempo, sigue siendo parte.
El medio recuerda el caso de Venezuela: el dictador Nicolás Maduro dispuso la desvinculación en el 2019. Sin embargo, actualmente, la OEA considera a dicho país como “un Estado activo”.
Por el contrario, Cuba fue expulsado en 1962. Aunque la decisión se anuló en el 2009, el país liderado por Miguel Díaz-Canel “no ha pedido su reincorporación”.
Con toda esta coyuntura en mente, El Comercio conversó con el periodista nicaragüense Maynor Salazar. ¿Cómo reaccionará Ortega? ¿Es una locura tentar unos nuevos comicios?
Lo primero que anota Salazar es que está claro que “Ortega no se va a sentir presionado por ninguna resolución”, que la solicitud de retirarse de la OEA da una “buena pauta” de su opinión.
Bastaría con observar el pasado para llegar a la misma conclusión. “Técnicamente todavía somos parte de la OEA, pero hay que basarnos en lo que viene sucediendo desde el 2018, específicamente con las otras resoluciones”.
“Ortega no hizo las reformas a la ley electoral que se pidieron, no hizo los cambios que pidieron los magistrados y, al final, organizó elecciones sin competencia”.
Con eso en mente, hay dos posibles respuestas. La primera y más evidente es no hacer nada, es decir, no negociar con la oposición ni organizar nuevas elecciones.
“Y si acaso lo llegara a hacer, quienes estarían en el diálogo serían los partidos zancudos, los empresarios plegados al régimen y no habría ningún opositor”.
“Recordemos que hay siete precandidatos y otro montón de opositores que están detenidos por el simple hecho de pensar diferente y oponerse al régimen de Ortega”.
Al igual que Salazar, organizaciones de oposición como la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y la Unidad Nacional Azul y Blanco, piden calma, según cuenta la agencia EFE.
En medio de este asunto, está el pueblo nicaragüense.
“Muchos están hartos de tantos comunicados a los que Daniel Ortega no hace caso”, agrega el periodista.
¿Existe un camino para mejorar la situación del país?
Salazar anota que la OEA bien podría ejercer presión sobre los organismos multilaterales, como el Banco Mundial o el Banco Centroamericano de Integración Económica, para que dejen de financiar a la dictadura.
Pero dependerá de ellos hacer caso o no.
Aun así, no es tan sencillo. El régimen de Ortega tiene otros aliados.
“Está claro que el régimen se está acercando a Rusia. Y, si te fijas, romper relaciones diplomáticas con Taiwán -un país que ha dado millones y millones- también responde a un interés similar”.
“Es lo que se especula”.
La relación con China también sería una prioridad para Ortega.
“La dictadura quiere establecer relaciones con la China comunista y lo que eso significa es que, dentro del juego geopolítico, Nicaragua se pliega a un bando”.
“Con eso en mente, puede ser que, más adelante, nos pongan en contra de Estados Unidos”.
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