Durante la campaña electoral, el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, prometió cerrar la frontera del Tapón del Darién para evitar que siga el flujo de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. ¿Es viable esta propuesta?
“Vamos a cerrar el Darién y vamos a repatriar a todas estas personas como corresponda, respetando los derechos humanos”, dijo Mulino en abril, durante un recorrido electoral por Las Mañanitas, un suburbio de Ciudad de Panamá.
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“La frontera de Estados Unidos en vez de Texas se corrió a Panamá. Entonces tenemos que hacer un trabajo trilateral [entre Estados Unidos, Colombia y Panamá] y tienen que entender que Panamá no es un país de tránsito de inmigrantes”, afirmó.
La selva del Darién es una frontera entre Colombia y Panamá de 266 kilómetros de longitud y 575.000 hectáreas de superficie. En la actualidad, es el corredor más usado de los migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar a la frontera entre México y Estados Unidos para cruzarla.
Solo el año pasado, más de 520.000 personas utilizaron el peligroso Darién, todo un récord. De ellos, unos 120.000 fueron menores de edad, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Mientras que entre enero y febrero de este año, más de 72.000 personas cruzaron el Darién, una cantidad que supera las 50.000 del mismo período del año anterior.
Casi dos terceras partes de los migrantes que cruzan el Darién son venezolanos, seguidos de ecuatorianos, haitianos, colombianos y chinos. También hay peruanos.
De manera oficial, en el 2022 se registraron 62 muertes de personas que trataban de cruzar el Darién. En el 2023 murieron al menos 34.
Sin embargo, el gobierno de Panamá desconoce el número exacto de muertos por lo inaccesible de la selva, la falta de denuncias o el abandono de los cuerpos, que a veces son devorados por animales, reseña la agencia AFP.
Los migrantes tardan entre tres y seis días en atravesar el Darién, donde se enfrentan a muchos peligros naturales como ríos caudalosos, pero también a bandas criminales que roban a las personas o les exigen pagos para guiarlos en su ruta.
No habrá un muro fronterizo
José Raúl Mulino, el presidente electo de Panamá que asumirá el poder el 1 de julio, nunca explicó en campaña cómo piensa cumplir con su promesa de cerrar el Darién. No dijo si construirá un muro o si militarizará la frontera con Colombia.
Sin embargo, durante una entrevista radial el jueves de la semana pasada, Mulino dijo que la idea de detener el flujo migratorio es más filosófica que un obstáculo físico.
“Porque cuando empecemos a deportar gente aquí en un plan de deportación inmediata va a disminuir el interés por colarse por Panamá”, dijo. Cuando despega el cuarto avión cargado de migrantes, “te aseguro que te van a decir que pasar por Panamá no es atractivo porque te están deportando”.
Para los expertos y para algunas autoridades colombianas, se trata de una medida difícil de cumplir.
Adam Isacson, analista de la Oficina de Washington para América Latina, dijo a la agencia AP que “sin considerar el riesgo de devolver a los migrantes a situaciones peligrosas, en términos matemáticos no sé cómo esperan deportar masivamente” a los migrantes.
“Un avión diario, que sería extremadamente caro, sólo repatriaría alrededor del 10% del flujo (entre 1.000 y 1.200 personas por día). Estados Unidos sólo logra realizar alrededor de 130 vuelos mensuales en todo el mundo”, afirmó Isacson.
En Colombia, la alcaldía de Necoclí, municipio del departamento de Antioquia, en la frontera con Panamá, reaccionó a la propuesta de Mulino y mostró su “profunda preocupación”.
Mediante un comunicado, Necolí dijo que “tal decisión podría desencadenar un significativo represamiento de migrantes en nuestro territorio”.
De acuerdo con un reporte de la agencia AP, casi 65.000 migrantes han pasado por Necoclí en lo que va del año, lo que según la alcaldía representa un incremento de más de 20.000 personas con respecto al mismo periodo del año anterior.
Fernando García, director de Migración Colombia, dijo a la Voz de América que el presidente electo de Panamá se refería a posibilidades tecnológicas para tener un mayor control de la frontera, pues hablar de un cierre “no es posible físicamente, monetariamente, ni económicamente ni militarmente” y podría traer otros efectos que “son mucho más graves”.
Irene Cabrera, codirectora del Observatorio de Migraciones de la Universidad Externado de Colombia. indicó a la Voz de América que la frontera “es imposible” de cerrar porque siempre va a haber diferentes mecanismos que hará que las personas “de una u otra manera encuentren cómo atravesar una frontera internacional”.
Mientras que Diego Chaves-González, gerente sénior para América Latina y el Caribe del Migration Policy Institute (MPI), señaló a la Voz de América que un cierre de la frontera es “muy poco viable” porque “por cada punto que se cierra puede que aparezcan tres nuevos más silenciosos, no tan voluminosos”.
“Frenar la migración de esta manera es algo que en la experiencia que tiene América Latina, experiencia reciente con las pandemias, con los primeros flujos de migración que hubo en el continente, sabemos de las capacidades que tienen las aperturas, muchas veces oficiales, que ayudan a posibilitar y a facilitar la migración”, agregó en entrevista con la Voz de América.
“La gente migra por muchas razones y frecuentemente no tienen formas seguras, ordenadas y legales de hacerlo”, dijo a la agencia AP Giuseppe Loprete, jefe de misión en Panamá de la Organización Internacional para la Inmigración de las Naciones Unidas. “Cuando las rutas legales no son accesibles, los migrantes corren el riesgo de recurrir a redes criminales, traficantes y rutas peligrosas, engañados por la desinformación”, explicó.
Loprete adelantó que los representantes de la agencia de la ONU en Panamá se reunirían con el equipo de Mulino una vez que se nombre a sus miembros para conocer los detalles de los planes del presidente.
¿Qué pasará si la medida de Mulino es efectiva? La agencia AP dijo que en este caso sería una acción parcialmente efectiva que podría producir un impacto notable, pero probablemente temporal. Recordó que las restricciones de visa impuestas por México, bajo presión de Estados Unidos, llevaron a los migrantes a buscar la ruta terrestre a través de Panamá. Ahora, estos encontrarán otras rutas, como la vía marítima de Colombia a Panamá, que sería similar de peligrosa a la del Darién.
Además…
Las bandas criminales que controlan el Darién
En el lado colombiano, la organización criminal Clan del Golfo controla el flujo de migrantes, según un informe de Human Rights Watch.
De acuerdo con estimaciones publicadas por la agencia EFE, el año pasado estos criminales recaudaron 68 millones de dólares por las tasas que cobran a las personas.
Del lado panameño, existen pequeñas bandas que atemorizan, violan y roban a los viajeros.
Cuando los migrantes no pagan, las mujeres son violadas. La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció que entre abril del 2021 y enero del 2024 atendió a más de 1.300 personas por violencia sexual en el Darién, pero remarcó que podrían ser más.
Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de HRW, le dijo a InSight Crime que el Clan del Golfo "regula y administra las rutas migratorias para que no entren en tensión con sus rutas de tráfico de cocaína hacia el norte y para eso evitan que los migrantes caminen por las rutas que ellos utilizan para traficar cocaína”.
Según InSight Crime, entre el 2022 y 2023, los migrantes pagaban hasta US$440 por ser transportados desde Necoclí, un municipio ubicado en el golfo de Urabá (Colombia), hasta Carreto, una localidad panameña al otro lado de la frontera. En otros casos, los migrantes pagaban entre US$310 a US$350 por llegar desde Necoclí hasta Acandí o Capurganá, en Chocó, cerca de la frontera con Panamá.
El Clan del Golfo cobra un impuesto del 20% a guías y comunidades que se encargan de conducir a los migrantes a través de la selva.
El venezolano Héctor Martínez, un ingeniero químico de 44 años, aseguró a EFE que fue testigo de varias de violaciones sexuales en el Darién. Explicó que mientras cruzaba la selva iba con un grupo de unas 70 personas les abordaron varios encapuchados con armas. Luego, los llevaron a otro lugar y les robaron. Entre el grupo separaron a cinco venezolanas, de entre 16 y 30 años, y las violaron.
Les dijeron “que se desnudaran y obviamente nosotros no veíamos porque estábamos boca abajo, nos pusieron boca abajo, pero se escuchaba”, recuerda Martínez desde el albergue gubernamental de Lajas Blancas (Panamá), al que se llega tras varias horas en canoa por el río Tuquesa desde Bajo Chiquito.
“Ya las muchachas algunas se han ido y otras no quieren ser señaladas y no quieren decir quiénes son”, dijo Martínez.
En abril, Panamá desplegó fuerzas especiales de policía del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que se adentró en la selva para tratar de capturar a los delincuentes que atacan a los migrantes, reportó EFE.
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