Si aún está vivo, José Duval Mata está atrapado en una pesadilla.
Hace más de dos años que el conductor de tractores de 26 años se encuentra en prisión en El Salvador, acusado de “asociación con pandillas”, a pesar de que el sistema judicial del país ha ordenado dos veces su liberación inmediata.
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A pesar de las claras decisiones de dos jueces a su favor, Duval Mata todavía languidece en una de las cárceles más duras del mundo: la infame Cecot de El Salvador, una instalación de máxima seguridad para el “confinamiento de terroristas”.
En repetidas ocasiones la BBC trató de llamar la atención del gobierno salvadoreño sobre el caso, contactando directamente a la fiscalía, al Ministerio de Seguridad, al vicepresidente y al propio presidente Nayib Bukele a principios de este año.
A pesar de varias garantías de que las autoridades investigarían, hasta la fecha no se ha tomado ninguna medida.
Es una historia de proporciones kafkianas.
En abril de 2022, Duval Mata se dirigía a su casa en la polvorienta comunidad rural de La Noria cuando fue detenido por soldados que habían entrado en su pueblo como parte de la ofensiva nacional del presidente Bukele contra las poderosas pandillas del país.
Con una serie de derechos constitucionales suspendidos bajo el decreto de emergencia de Estado de Excepción, la policía y los soldados pueden detener a cualquier persona sospechosa de afiliación a pandillas sin el debido proceso legal.
Alrededor de 70.000 personas han sido arrestadas en dos años, incluidos unos 3.000 menores, muchos sin vínculos discernibles con la actividad de pandillas, dice la organización de derechos humanos con sede en Nueva York Human Rights Watch.
A pesar de las protestas de Duval Mata de que nunca había estado en una pandilla ni trabajado para ellas, los soldados lo detuvieron por “asociación ilícita”, un término general utilizado bajo el Estado de Excepción para arrestar a las personas.
Su madre, Marcela Alvarado, no ha visto ni oído nada de su hijo desde ese día.
“La policía me dijo que necesitaba llevar pruebas para demostrar su inocencia, así que reuní su diploma de secundaria, las escrituras de su tierra, los recibos de pago de su préstamo bancario y una declaración de su empleador sobre su buena conducta”, explica, mostrando a la BBC los documentos que, según expertos, casi ningún pandillero salvadoreño tendría en su poder.
Sus esfuerzos fueron en vano.
José Duval fue juzgado junto a más de 350 reclusos en un juicio masivo que duró apenas unos minutos. Fue condenado a una pena inicial de seis meses, que luego se prorrogó indefinidamente.
Marcela todavía llora al recordarlo. Pero las cosas estaban a punto de empeorar más.
Duval fue liberado brevemente después de que un juez ordenara su liberación inmediata en septiembre de 2022.
Sin embargo, luego fue arrestado nuevamente en las puertas de la prisión, por los mismos cargos, mientras esperaba que su familia viniera a recogerlo.
Las nuevas detenciones de presos en las puertas de la prisión “son acciones arbitrarias... detenciones ilegales y casos de doble enjuiciamiento”, afirma Noah Bullock, director ejecutivo de la principal ONG de derechos humanos de El Salvador, Cristosal.
Pero la práctica, dice, se ha extendido durante el Estado de Excepción.
En junio de 2023, un segundo juez confirmó la decisión anterior de liberar a Duval. Sin embargo, más de un año después, sigue tras las rejas y las cada vez más desesperadas peticiones de información de Marcela han sido ignoradas.
La familia de José Duval presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Una fuente de la fiscalía salvadoreña le dijo a la BBC que no veían “ninguna justificación legal ni explicación clara” para la continua detención del joven.
Durante toda la terrible experiencia, Marcela llevaba fielmente un paquete de comida cada semana a la prisión de Izalco donde estaba recluido su hijo: una bolsa de plástico llena de “copos de maíz, avena, pan y galletas”, explica, para ayudar a sustentar a José más allá de sus escasas raciones de prisión.
Cuando entregó una bolsa de comida en junio del año pasado, los guardias le dijeron que lo habían transferido de la penitenciaría algunas semanas antes.
Sus peores temores se habían hecho realidad.
José Duval estaba ahora dentro del Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo), una cárcel de máxima seguridad que es la piedra angular de la política antipandillas de Bukele.
Los partidarios de Bukele elogian la instalación como una prueba de su mano dura contra el crimen organizado.
Sus críticos la consideran un agujero negro de derechos humanos y una de las cárceles más duras del mundo.
El presidente Bukele ha dicho a menudo que los reclusos no verán “un rayo de sol” y recibirán las raciones más básicas de arroz frío y tortillas.
Las imágenes de reclusos con la cabeza rapada y profusamente tatuados siendo trasladados a la instalación fueron promocionadas por el gobierno de Bukele.
En repetidas ocasiones Bukele ha defendido el Estado de Excepción y el Cecot diciendo que han cambiado el panorama de la seguridad en El Salvador.
Numerosas zonas peligrosas y barrios controlados por pandillas volvieron a estar bajo el control de las fuerzas de seguridad, y comunidades enteras dicen que ya no viven con miedo.
Por ello, la campaña represiva es enormemente popular. Millones de salvadoreños están eternamente agradecidos a su joven líder, experto en medios de comunicación, por haber abordado el problema de las pandillas con una fuerza rápida y despiadada.
En febrero, el presidente Nayib Bukele fue reelegido por una mayoría aplastante, obteniendo alrededor del 90% de los votos.
En una conferencia de prensa, le pregunté si en su segundo mandato se centraría en liberar a quienes habían sido detenidos injustamente.
El presidente Bukele se lanzó a una larga respuesta en la que atacaba a sus críticos, en particular a los extranjeros, argumentando que en Reino Unido se habían producido errores judiciales de alto perfil.
Según él, sus fuerzas de seguridad sólo han cometido “un par de errores” y ya han liberado a unas 7.000 personas.
E insistió en que las medidas severas han devuelto la calma a las calles de El Salvador y eso, dijo, es lo más importante.
Le conté detalles del caso de José Duval Mata y, tras la rueda de prensa, su equipo me pidió copias de las órdenes de excarcelación de los jueces.
Unos días después, un miembro de su círculo cercano me pidió la información por segunda vez, esta vez en formato digital, que le proporcioné de nuevo.
Durante las semanas siguientes, la BBC persiguió repetidamente a la administración de Bukele y en varias ocasiones hablé directamente con el vicepresidente, Félix Ulloa, sobre el caso.
Hace más de un año, Ulloa le dijo a la BBC que Duval Mata estaba a pocos días de ser liberado.
Señaló que esperaba que, una vez que saliera de prisión, los medios de comunicación presentaran a José Duval Mata como un “caso emblemático del debido proceso”.
De hecho, en ese momento, lo estaban trasladando al Cecot sin el conocimiento de su familia.
A principios de este año, después de meses de solicitudes, la BBC sí tuvo acceso al Cecot, pero no se nos permitió hablar con los reclusos ni preguntar a los funcionarios sobre casos específicos.
Mientras tanto, desde hace más de dos años Marcela no ha tenido pruebas de vida ni confirmación formal del bienestar de su hijo.
No es de extrañar que a menudo se le haya pasado por la cabeza que José podría haber muerto en prisión.
“Solía pensar en eso sin parar”, me cuenta desde su diminuto terreno en La Noria. “Estaba obsesionada con la idea, me sentía completamente desesperada. Lo único que hacía era llorar”.
Ahora, dice, solo se aferra a la esperanza de que su hijo todavía esté vivo y que algún día sea liberado.
“Estoy poniendo mi confianza en Dios. Es todo lo que puedo hacer”.
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