Nayib Bukele, presidente salvadoreño y candidato a la reelección, dijo el domingo que ha ofrecido al Gobierno argentino de Javier Milei colaboración en temas de seguridad, aunque consideró que dicho país no necesita medidas “tan drásticas” como las aplicadas en El Salvador.
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“Nosotros hemos ofrecido oficialmente a la ministra (de Seguridad) (Patricia) Bullrich, no asesoría, sino la colaboración que ellos necesiten en todos los temas de seguridad”, señaló el mandatario en un encuentro con los medios de comunicación celebrado pocos minutos después del cierre de los colegios electorales.
Sostuvo, a preguntas de la prensa, que “como el problema es más pequeño, tal vez el medicamento puede ser más pequeño también”.
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“El problema de seguridad de Argentina, que existe, no es tal vez tan apremiante como lo era en El Salvador y, por ende, las medidas que pueden ser compartidas por nosotros para que puedan ser aplicadas en Argentina no tendrían que ser tan drásticas, porque no necesitan resolver un problema tan grande”, agregó.
La principal medida de seguridad del Gobierno de Bukele contra las pandillas en El Salvador es un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que suspende garantías constitucionales.
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Esta medida, ampliamente respaldada por la población en las encuestas, permite a la Policía detener a cualquier persona sin una orden de captura y mantenerla en detención por al menos 15 días antes de ser presentada ante un tribunal.
Dicho régimen, ampliado en 22 ocasiones en el Congreso por períodos de 30 días, también suspende el derecho a la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.
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Organizaciones humanitarias han recibido más de 6.000 denuncias de atropellos, entre ellas de detenciones arbitrarias, allanamiento sin orden, muertes en prisiones y torturas.
El régimen de excepción ha dejado más de 76.000 detenciones.
A este régimen, principal apuesta de Bukele en su campaña de reelección, las autoridades atribuyen una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 2,4.
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El Salvador se convirtió en 2015 en el país más violento del mundo con una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, la misma que comenzó a reducirse en 2016 hasta completar 8 años, siendo en la Administración de Bukele en los que más se acentuó.
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