Qué busca Bukele con la reducción de 262 a 44 municipios en El Salvador y por qué causa polémica

El mapa administrativo de El Salvador va a cambiar de forma drástica: los actuales 262 municipios se agruparán en solo 44.

El presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, ratificó la Ley Especial de Reestructuración Municipal este miércoles, un día después de que 67 de los 84 diputados del Congreso la aprobaran tras más de cinco horas de debate.

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La normativa, que contiene 13 artículos, entrará en vigor el 1 de mayo de 2024, al comienzo de la próxima legislatura y tres meses después de las próximas elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

Desde entonces habrá 44 alcaldes, 44 síndicos y 372 concejales: en total 460 ediles en todo el país, cifra considerablemente menor que los 3.000 actuales.

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Bukele considera la aprobación de la nueva ley un hito histórico, mientras la oposición la ve como un movimiento electoralista y un paso atrás.

Analizamos qué busca el gobierno de El Salvador con este cambio y cómo afectará al país.

El ejecutivo de Bukele y los partidarios de la nueva ley han defendido con diversos argumentos la transformación radical del mapa administrativo.

En primer lugar, sostienen que 262 alcaldías son demasiadas para un país como El Salvador, con 6,5 millones de habitantes y 21.000 kilómetros cuadrados de extensión.

“Era necesaria una reestructuración”, explica a BBC Mundo la analista política salvadoreña Bessy Ríos.

La experta critica, sin embargo, la falta de diálogo a la hora de elaborar el plan: “se pedía desde sociedad civil que éste fuese consultado en el territorio”.

“Además, no hay un estudio técnico con el que se haya explicado a la población los motivos por los que habría que hacer 30, 20, 100 o 44 municipios”, puntualiza.

Los defensores de la ley alegan que se reducirá la burocracia, mejorará la atención a los ciudadanos y se fomentará la transparencia y la rendición de cuentas.

Este argumento no convence a la oposición: “no es reducir la burocracia, sino aumentarla”, sentencia la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos.

“Si antes el ciudadano podía dirigirse directamente a su alcalde, ahora tendrá que recurrir primero al jefe de su distrito; éste, al alcalde del municipio; y el alcalde trasladará la petición a la Dirección de Obras Municipales”, indica a BBC Mundo.

En todo caso, el principal motivo que Bukele y sus partidarios esgrimen en favor de la ley es la lucha contra la corrupción.

Esta, aseguran, está arraigada en las administraciones municipales de todo el país con un crónico entramado de relaciones clientelares.

La Asamblea Nacional alegó en un comunicado que concentrar las alcaldías propiciará “un mejor control del gasto y la inversión pública, eliminando contratos sobrevalorados y actos de corrupción relacionados a los mismos”.

Bukele fue bastante más explícito: “muchos alcaldes solo se dedican a robar o ven qué beneficio personal sacan de los recursos de la gente”, afirmó en defensa de la nueva ley.

La analista política Bessy Ríos, por su parte, se muestra más escéptica sobre la reestructuración.

“Con las nuevas alcaldías de 5 o 6 distritos los proyectos serán más grandes y las posibilidades de corrupción siguen existiendo. No se reducen, ya que la corrupción depende de las personas que pongas al frente”, afirma.

Según el gobierno, no habrá despidos en las alcaldías actuales y los cargos que se suprimirán en la reestructuración serán de miembros de concejos municipales y puestos considerados “de confianza” en las instituciones locales.

En el plano económico, el Ministerio de Hacienda asegura que la reestructuración municipal supondrá un ahorro de US$250 millones anuales para las arcas del Estado salvadoreño.

Este excedente podrá destinarse a “una mayor y mejor inversión en obras y servicios de calidad para la población”, según el comunicado de la Asamblea Legislativa.

Además, sostiene el parlamento, las comunas menos pobladas se beneficiarán de una “solidaridad entre municipios”, ya que la concentración de alcaldías favorecerá la financiación y distribución equitativas de bienes y servicios.

Para la analista Bessy Ríos, sin embargo, “el principal problema de la reestructuración es que no garantiza que el desarrollo llegue a las comunidades que lo necesitan, porque falta un plan estratégico” que la complemente.

Mientras, la diputada opositora critica que “los mismos diputados oficialistas que hablan de ahorro con la reducción de municipios aprueban millones de dólares de incremento presupuestario para los rubros de comunicaciones y prensa del ejecutivo”.

“No, no es el ahorro lo que motiva la reducción de municipios. Es el cálculo electoral”, agrega Claudia Ortiz.

Para la oposición, la nueva ley de reestructuración municipal es un movimiento del oficialismo destinado a acumular aún más poder en un momento en el que Bukele goza de un alto índice de popularidad entre los salvadoreños.

“En El Salvador el poder se está concentrando cada vez más. Nadie tiene ya capacidad de decisión. Ni alcaldes, ni concejales, ni los mismos diputados”, sostiene la opositora.

“El único que verdaderamente toma decisiones es el grupo de poder que está en el ejecutivo. Han ido eliminando funcionarios, modificando leyes y creando instituciones para este esquema vertical y central”,

El 4 de febrero de 2024, El Salvador celebrará elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

En las dos primeras, el partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele -que aspira a la reelección como presidente- parte en los sondeos con una posición de amplia ventaja frente a sus competidores.

Sin embargo, “las encuestas dicen que podrían perder alcaldías, especialmente en municipalidades del gran San Salvador”, expone Bessy Ríos.

Así, pronostica la analista, al concentrar varias de estas alcaldías “el partido del presidente tendrá mejores réditos electorales”.