Al menos 14.000 estudiantes, cientos de académicos y otros trabajadores y colaboradores que se disponían a retornar a las universidades en Nicaragua en la segunda semana de febrero, siguen este sábado en el limbo después de que el Gobierno del presidente Daniel Ortega ordenara el cierre de sus centros de estudios o labores.
De súbito, estudiantes, maestros, rectores, trabajadores, colaboradores, incluso padres de familia, quedaron en el “aire”, tras el cierre de 14 universidades privadas, a las que la Asamblea Nacional (Parlamento), a petición del Ejecutivo, despojó de sus licencias.
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“Es un golpe muy fuerte, porque no sabemos dónde vamos a ir a estudiar; y nuestros padres, que se han sacrificado (por nuestros estudios), el golpe es más fuerte para ellos”, dijo a Efe la estudiante Neyma Hernández, de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que fue un bastión de las protestas antigubernamentales de 2018.
Según los poderes Ejecutivo y Legislativo, se canceló la licencia a las universidades privadas porque “han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro”, o porque su “Junta Directiva se encuentra acéfala”.
El rector de la Universidad de Paulo Freire (UPF), Adrián Meza, que se exilió en Costa Rica después de que ilegalizaron su centro de estudio, por motivos de seguridad, aseguró que en varias ocasiones intentó entregar sus informes ante el Ministerio de Gobernación, donde no se los recibieron, porque, a su juicio, ya había una orden de cerrar las universidades.
CIERRE DE UNIVERSIDADES ES ILEGAL
El abogado nicaragüense Yader Morazán explicó que la cancelación es ilegal, ya que las universidades “tenían hasta el cierre del año fiscal para presentar sus estados financieros, es decir, hasta el 28 de febrero” próximo.
Incluso con fallas, la ley manda a corregir, pero no al cierre, apuntó.
El estatal Consejo Nacional de Universidades (CNU), rector de la educación superior, buscó dar tranquilidad al informar que garantizará la “continuidad de la educación”, pero sólo encontró eco en los sindicatos de estudiantes afines al Gobierno.
Morazán recordó que, de acuerdo con la legislación nicaragüense, el CNU no está facultado para administrar universidades.
“Nuestra Constitución es clara en señalar y reconocer, no solo la autonomía universitaria, sino que los bienes y rentas de las universidades no pueden ser objeto de intervención ni expropiación”, explicó, por su lado, la experta constitucionalista María Asunción Moreno, para quien el Estado está prácticamente confiscando las universidades privadas ilegalizadas.
GOBIERNO QUIERE CONTROLAR LAS UNIVERSIDADES
Para algunos estudiantes el trasfondo del cierre de universidades está relacionado a un supuesto temor del presidente Ortega por perder el poder, que ostenta desde 2007, tras haber gobernado entre 1979 y 1990.
“La verdad es que el régimen quiere oprimir los espacios de pensamiento crítico. Ortega le teme a la juventud pensante”, dijo a Efe una estudiante de la Upoli, que pidió anonimato por temor a represalias.
La universitaria aseguró que desde la cancelación de las universidades ningún estudiante, docente, ni empleado, ha podido pasar de los portones, y que los guardas de seguridad amenazan a los visitantes con llamar a la Policía, cuyos agentes, uniformados y civiles, según ha podido constatar Efe, rondan los campus y detienen a quienes estiman conveniente.
Los universitarios han optado por la prudencia por temor a ser arrestados, expulsados de sus centros de estudios, se les elimine su historial académico, o se les prohíba retirar sus certificados, a como ocurrió con cientos de estudiantes que participaron en las protestas contra Ortega en 2018.
Asimismo, los alumnos entrevistados por Efe observaron que las autoridades ordenaron el cierre de las universidades justo antes de que iniciara el curso lectivo, con el fin de evitar levantamientos.
Las universidades canceladas forman parte de unas 87 organizaciones a las que el Parlamento nicaragüense ha despojado de sus personalidades jurídicas desde diciembre de 2018.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
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