El Congreso de Nicaragua informó el lunes que autorizó la creación de tres universidades públicas a partir de la infraestructura de varios centros de estudios declarados ilegales, entre ellos uno que fue emblemático en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en 2018.
“La Asamblea Nacional, en un hecho histórico, está aprobando tres leyes que nacionalizan las anteriores universidades privadas que se les canceló la personería jurídica”, dijo el diputado oficialista Carlos López, a un medio electrónico oficialista.
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De acuerdo con la decisión del Legislativo, controlado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), las nuevas universidades podrán “solicitar libre de todo tributo” el traspaso de los bienes de las universidades privadas a las que recientemente se les retiró el derecho a operar.
En adelante, la Universidad Nacional Politécnica (UNP) reemplazará a la privada Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI). En 2018, sus estudiantes se manifestaron contra Ortega, lo que desencadenó una crisis política y represión policial con 355 fallecidos, según cálculos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El exguerrillero Ortega está en el poder desde el 2007. El año pasado, 46 opositores, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, fueron detenidos antes de las elecciones donde obtuvo su cuarta elección consecutiva. Desde el 1 de febrero se ha enjuiciado y sentenciado por conspiración a algunos de ellos.
La UPOLI fue fundada en 1967 por un patronato bautista.
El Parlamento también creó la Universidad Estatal Ricardo Morales Avilés, sobre la base de las ahora extintas Universidad Hispanoamericana (UHISPAM), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios (UNEH), Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC) y la Universidad Pablo Freire (UPF).
También la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, que operará con los activos de la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco.
Todas serán supervisadas por el Consejo Nacional de Universidades (CNU).
Para el ministerio de Gobernación, órgano que solicitó la semana pasada el retiro de las licencias, los centros de estudios incumplieron con las leyes al no reportar sus estados financieros ni dar cuenta del origen de sus fondos.
Según dijo recientemente a la AFP la jurista María Asunción Moreno, este hecho atenta contra la autonomía de las universidades, “que son un espacio de libertad, debate de ideas y creación del pensamiento crítico”.
Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), “el régimen Ortega-Murillo continúa su estrategia de exterminio generalizado”.
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