Lavado de dinero y menoscabo a la integridad nacional. Esas son algunas de las excusas que el gobierno de Daniel Ortega presenta para enjuiciar a sus opositores. Por supuesto, los nicaragüenses denunciados no tienen cómo defenderse del régimen autoritario que hoy ha vuelto a citar a 46 presos políticos para reiniciar sus juicios.
Los procesos, claro está, son completamente irregulares, al punto que, así como se suspendieron sin previo aviso en setiembre del año pasado, ahora se reanudan sin dar las garantías del debido proceso.
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Desde Nicaragua, el periodista Maynor Salazar explica: “Entonces, los jueces alegaron que había mucha carga laboral, pero no fue tan cierto porque otros procesos sí continuaron. Al final, no hubo una razón de peso para justificar la decisión”.
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“El día de su autotoma de posesión, Daniel Ortega habló del borrón y cuenta nueva. El reinició de los juicios a sus opositores políticos da cuenta que sus palabras no se aplican a ellos”.
Según el informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, hasta diciembre último se registró la cifra de 170 presos políticos en Nicaragua. De ellos, 160 fueron capturados durante el estallido social del 2018.
Entre ellos hay siete precandidatos presidenciales tras las rejas: Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Cristiana Barrios de Chamorro, Miguel Mora, Noel Vidaurre, Arturo Cruz y Medardo Mairena. Algunos de los cuales fueron acusados de traición a la patria.
Pero no todos figuran en el último comunicado del gobierno. “Solo a algunos se les ha programado una fecha para reiniciar los procesos. Hasta ahora, del 1 al 24 de febrero, figuran Mora y Vidaurre. Pero habría que ver si, con el paso de los días, van apareciendo el resto de nombres. O si, finalmente, no se les programará”, dice Salazar.
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¿Procesos ilegales?
Salazar propone varias aristas para entender cómo funciona este tipo de procesos, pero todo se resume en una frase: “Hay mucha expectativa producto del secretismo con el que se maneja el régimen”.
“A todo el mudo le tomó por sorpresa cuando detuvieron a los primeros presos políticos y se les hizo audiencias. Incluso a sus propios abogados. Parece que son decisiones que se toman de un día para otro”.
Se espera, dice el periodista, que los procesos se lleven a cabo en la ilegalidad y atentando contra de los derechos humanos. “El simple hecho de que las audiencias se vayan a realizar en el mismo lugar donde los presos políticos están detenidos y algunos son torturados psicológica y físicamente, según denuncias de los familiares, dice mucho”.
El periodista hace referencia a El Chipote, la famosa “mazmorra” de Daniel Ortega. El medio independiente nicaragüense Divergentes ha recogido información de lo que sucede allí con los precandidatos y otros presos políticos:
“Los mareos y la falta de energía se evidencian, tal fue el caso del líder estudiantil Lesther Alemán que apenas pudo sostenerse durante su audiencia inicial. O el de Juan Lorenzo Holmann, quien tiene temor a perder la visión producto de las condiciones precarias en las que permanece”.
Salazar agrega: “Asumimos que los van a sacar de sus celdas y de ahí a otro cuarto. Aunque los juicios son orales y públicos, es casi imposible que el régimen permita el acceso a la prensa independiente o a los familiares”.
“En la cita de prensa que mandó el Ministerio Público prácticamente se les condenaba, no se les guardaba la presunción de inocencia. Se mantiene la expectativa de saber cuánto tiempo van a durar las audiencias, si se van a posponer, si ese mismo día se les va a condenar, porque el resultado prácticamente ya lo conocemos, se les va a declarar culpables”.
El regreso a la (terrible) normalidad
Si bien era esperable el resultado de las elecciones amañadas del año pasado, en las que Daniel Ortega se enquistó en el poder por cuarta vez consecutiva, quedaba cierta esperanza de que la comunidad internacional se pusiera firme con Nicaragua.
“Se hablaba de retirar a Nicaragua del Cafta [Tratado de Libre Comercio entre la potencia norteamericana y Centroamérica], pero no ha ocurrido”, dice Salazar.
Y el doble discurso de países como Canadá también se han hecho evidentes.
“Si bien Canadá sancionó a varias figuras del régimen y mantiene su posición sobre la necesidad del regreso a la democracia, también tiene grandes empresas mineras en Nicaragua. O sea, por un lado, dicen que las cosas se están haciendo mal, y, por el otro, sus mineras se quedan y generan millones de dólares para ellos y para el régimen”, dice Salazar.
Lo que se viene a corto plazo, agrega, es que el régimen volverá a la normalidad, “imponiéndose con violaciones a los DD.HH. a los presos políticos” y todo apunta a que nadie podrá detenerlo.
“Finalmente, muchos países no han desconocido a Daniel Ortega. No hubo pronunciamientos de Estados Unidos, Brasil o Uruguay. Cuestionaron las elecciones, sí, pero nada más. Eso te dice mucho sobre de cuan aislado está realmente el país”, concluye.
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