La Fiscalía de Nicaragua anunció el lunes la reapertura de juicios contra 46 opositores al gobierno de Daniel Ortega, entre ellos siete exaspirantes a la presidencia, presos por cargos como “menoscabo a la integridad nacional” y lavado de dinero.
A partir del 1 de febrero “se realizarán los juicios orales y públicos de los acusados que se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ)”, conocida como El Chipote, “y de aquellos que se encuentran con arresto domiciliar”, dijo la Fiscalía en un comunicado.
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Varios procesos se habían iniciado en septiembre de 2021, pero luego se detuvieron, sin que se que se explicaran las razones.
Los primeros opositores a ser juzgados el martes serán los activistas Jader Parajón y Yaser Vado y el miércoles y jueves les corresponderá a la dirigente del Movimiento Unión Demócrata Renovadora (Unamos), Ana Vigil, y a la exguerrillera e historiadora Dora María Téllez, según informaron familiares de los reos.
El Ministerio Público no precisó el lugar donde se celebrará cada juicio ni si habrá acceso a familiares y medios de comunicación.
Deterioro físico
Los opositores fueron detenidos entre julio y diciembre, la mayoría antes de los comicios de noviembre cuando Ortega consiguió su cuarto mandato consecutivo. Serán procesados “por cometer menoscabo a la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos”, señaló la Fiscalía.
Entre los presos hay dirigentes políticos, estudiantes, periodistas, empresarios y miembros de la sociedad civil a quienes la Fiscalía considera “criminales y delincuentes (...) que promovieron y dirigieron actos terroristas y un intento de golpe de Estado en el 2018″.
En aquel año, miles de personas participaron en protestas contra el gobierno de Ortega que fueron sofocadas a la fuerza con saldo de 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además, la entidad acusó a los detenidos de incitar a la injerencia extranjera, proponer bloqueos económicos y comerciales así como llamados a la intervención armada de potencias como Estados Unidos, y celebrar la imposición de sanciones al país.
Los juicios se retomarán en momentos en que familiares de los detenidos han denunciado un acelerado deterioro de la salud física y mental de sus parientes, ante lo que instan a un diálogo con participación de las fuerzas políticas, la iglesia y el gobierno para lograr su excarcelación.
La iniciativa fue secundada la semana pasada por la cúpula empresarial que se mostró favorable a un diálogo sin “precondiciones” para facilitar la excarcelación de los presos, incluidos tres de sus directivos.
A estos encarcelados se suman otros 124 opositores presos en el contexto de la crisis política de 2018.
CIDH pide liberar presos
En Washington, la CIDH llamó a las autoridades nicaragüenses a liberar a quienes fueron detenidos “arbitrariamente” y demandó que se les garantice el debido proceso, acceso a una defensa adecuada y “cesar todo hostigamiento en su contra”.
En un comunicado, el organismo, entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA), también se pronunció sobre la denuncia de familiares sobre las condiciones carcelarias de los presos.
“El pasado 4 de enero, familiares denunciaron públicamente la persistencia de tratos crueles e inhumanos; insalubridad en celdas; despojo de pertenencias; falta de acceso al agua potable; alimentación insuficiente e insalubre; falta de atención médica adecuada, oportuna y especializada; así como de medicamentos”
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