Los republicanos decidieron este miércoles proseguir el proceso de juicio político contra el secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por la crisis migratoria en la frontera con México, un tema clave en la campaña para las presidenciales en Estados Unidos.
En diciembre, las autoridades estadounidenses interceptaron a diario a unos 10.000 migrantes que cruzaron ilegalmente la frontera desde México, en lo que los republicanos consideran un desastre humanitario.
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Tanto es así que los conservadores han supeditado el visto bueno a un paquete de ayuda a Ucrania a un endurecimiento de la política para frenar la migración.
Por el momento, la Casa Blanca no ha alcanzado un acuerdo con los congresistas de ambos partidos sobre estas negociaciones, centradas en robustecer las reglas para los solicitantes de asilo y ampliar las deportaciones aceleradas, pero ambas partes esperan tener una propuesta lista para la próxima semana.
Para un juicio político, o “impeachment” en inglés, se necesita llevar a cabo una investigación. Acto seguido, la Cámara de Representantes debate sobre ella en una o varias sesiones y decide si vota, por mayoría simple, los artículos de acusación con el detalle de los hechos que reprochan.
En este caso, la investigación concluyó en diciembre y en ella se acusa a Mayorkas de crear una emergencia de seguridad nacional.
“Nuestra investigación dejó claro que la base de esta crisis es la toma de decisiones del secretario Mayorkas y su negativa a hacer cumplir las leyes aprobadas por el Congreso”, estimó el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark Green, en un comunicado.
Mayorkas sería el primer miembro del gabinete de gobierno en ser sometido a juicio político desde el secretario de guerra William Belknap en 1876.
Requiere que una mayoría de la Cámara de Representantes, en la que los republicanos tienen una ajustadísima mayoría, vote que ha cometido “delitos y faltas graves”.
Incluso en el caso de una acusación firme, el Senado debe pronunciarse y es altamente probable que Mayorkas fuera absuelto porque el Partido Demócrata del presidente Joe Biden tiene mayoría en la Cámara Alta del Congreso.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha intentado caldear los ánimos llevando este miércoles a unos 60 congresistas a la ciudad fronteriza con México de Eagle Pass, en Texas, para visitar unas instalaciones de la patrulla fronteriza y hablar con los lugareños.
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“Desde que el presidente Biden asumió el cargo, la administración no ha hecho casi nada para proteger la frontera. Pero todos hemos visto con nuestros propios ojos que han abierto la frontera de par en par al mundo entero”, declaró Johnson a los periodistas.
“Se estima que hay personas de casi 170 países que entran y cruzan esta frontera (...). Y no se trata de personas que huyen y buscan asilo y temen por sus vidas en sus países de origen”, añadió.
Punto débil de Biden
De todos modos, el proceso seguirá siendo un dolor de cabeza en un año electoral para el presidente Biden, cuyo índice de popularidad ha caído durante los últimos meses.
Solo el 38% de las personas encuestadas por Harvard CAPS-Harris en diciembre aprueba su gestión migratoria, frente al 46% del mes anterior.
El martes, la patrulla fronteriza informó haber interceptado en diciembre a migrantes un récord de 302.000 veces en la frontera.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acusa a los republicanos de “desperdiciar tiempo valioso y dinero de los contribuyentes” en un “ejercicio político”.
“No hay ninguna base válida para hacer un juicio político al secretario Mayorkas (...) y este impulso extremo para el ‘impeachment’ es una distracción dañina de nuestras prioridades críticas de seguridad nacional”, declaró a la AFP la portavoz del DHS, Mia Ehrenberg, en un comunicado.
Pero la crisis migratoria puede pasar factura electoral y Biden lo sabe, lo que explica una visita inusual de su jefe de la diplomacia, Antony Blinken, a México la semana de Navidad con el objetivo de frenar la migración.
En el ámbito doméstico, los problemas también se amontonan.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, un republicano de línea dura, sigue desafiando a Biden enviando miles de migrantes a ciudades del norte gobernadas por los demócratas.
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Los alcaldes de Nueva York, Denver y Chicago han presionado al presidente para que les aumente la asignación de recursos federales porque afirman haber llegado a un punto crítico.
Además, en diciembre, Abbott promulgó una ley que permite detener a los migrantes que entren de manera irregular en Texas.
El gobierno de Biden contraatacó este miércoles presentando una demanda por considerarla “inconstitucional”.
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