Una jueza estadounidense ordenó este lunes el retraso de la primera ejecución federal en Estados Unidos en 17 años, programada para más tarde en el día.
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Está previsto que Daniel Lewis Lee, de 47 años, un exsupremacista blanco condenado por asesinar a una familia de tres en 1996, sea ejecutado a las 16H00 (20H00 GMT) el lunes en la prisión de Terre Haute, en el medio oeste del estado de Indiana.
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Pero la jueza de ese distrito de Estados Unidos Tanya Chutkan ordenó que se detuviera la ejecución de Lee para permitir que se recurriera legalmente a los protocolos de inyección letal que deben poner fin a su vida y a la de otros internos federales.
“El bien común no es servido por pasar por alto un procedimiento judicial legítimo”, dijo Chutkan, en alusión a que no se han resuelto varias apelaciones.
Las apelaciones objetan que el protocolo de ejecución sometería a los condenados a un gran sufrimiento, en violación de la Constitución.
El Departamento de Justicia apeló de inmediato la orden de Chutkan ante un tribunal superior y la Corte Suprema puede tener la última palabra en el caso durante las próximas horas.
La ejecución ya había sido bloqueada el viernes por un juez federal después de que algunos de los familiares de las víctimas presentaron una demanda, diciendo que temían que al asistir podrían exponerse al COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el nuevo coronavirus.
La demanda presentada contra el Departamento de Justicia en la corte federal de Indianápolis buscaba bloquear la ejecución hasta que la pandemia hubiera pasado.
La jueza de distrito Jane Magnus-Stinson ordenó al departamento que retrasara la ejecución hasta que pudiera demostrar que defendía el derecho de los demandantes a asistir a la ejecución sin arriesgar su salud.
El gobierno apeló y el domingo, el séptimo Tribunal de Apelaciones de Circuito de Estados Unidos anuló la orden, diciendo que ningún estatuto o regulación federal daba a las víctimas el derecho de asistir a la ejecución.
La muerte programada de Daniel Lewis Lee es una de las cuatro ejecuciones federales previstas para julio y agosto. Los cuatro hombres fueron condenados por matar niños.
EL CRIMEN
Daniel Lewis Lee es un defensor de la supremacía blanca que fue sentenciado en 1999 a pena de muerte por el asesinato de una pareja y una niña de ocho años.
Lee y su compañero supremacista blanco Chevie O’Brien Kehoe fueron acusados de los asesinatos. Ellos querían robar armas del comerciante William Mueller para financiar la fundación de una “república de los pueblos arios“ y terminaron matando a la familia.
Kehoe fue condenado a cadena perpetua. Los funcionarios del Departamento de Justicia en Washington anularon la decisión de los fiscales de buscar el mismo castigo para Lee.
PIDEN INDULGENCIA AL PRESIDENTE
Earlene Peterson, de 81 años, es la madre de Nancy Mueller y la abuela Sarah, dos de las víctimas de Lee. Peterson, junto con otra hija y nieta, presentó la petición inicial para suspender la ejecución de Lee. Peterson está en contra de la ejecución e incluso ha pedido a Trump que conmute LA pena a cadena perpetua sin libertad condicional.
“Sí, Daniel Lee dañó mi vida, pero no puedo creer que quitarle la vida vaya a cambiar nada de eso”, dijo Peterson en un comunicado en video en septiembre. “No sé cómo ejecutar a Daniel Lee honrará a mi hija, de ninguna manera. De hecho, ensucia su nombre porque ella no estaría de acuerdo y yo no lo quiero”.
Trump aún no decidió considerar la petición.
Trump, que se postula para la reelección en noviembre, regularmente pide un mayor uso de la pena capital, particularmente para los asesinos de policías o para narcotraficantes.
El apoyo a la pena de muerte ha descendido entre los estadounidenses, ya que actualmente solo un 54% está a favor de su aplicación, en comparación con alrededor del 80% expresado a principios de la década de 1990. Solo un puñado de estados, especialmente en el sur conservador, todavía la utiliza.
En 2019 se registraron en Estados Unidos 22 ejecuciones de reos.
La mayoría de los delitos se juzgan a nivel de los estados, pero los tribunales federales suelen ocuparse de los actos más graves (como ataques terroristas, crímenes racistas...) o los cometidos en bases militares o en reservas indígenas.
Fuente: Reuters / AFP
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