3 logros y 3 frustraciones del primer año de gobierno de Joe Biden en Estados Unidos

Millones de estadounidenses y no pocos aliados de ese país en el mundo recibieron con esperanza la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca hace un año. Concluía la presidencia de Donald Trump que, más allá de sus aciertos y errores, había estado marcada por numerosas polémicas.

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El triunfo de Biden venía acompañado de una inesperada aunque precaria mayoría en el Congreso, que alimentó entre sus partidarios el optimismo de que su gobierno llevaría adelante una agenda ambiciosa.

Recuperar la economía del país tras los embates de la pandemia, instaurar un salario mínimo federal de US$15 por hora, estudios universitarios gratuitos para la mayoría de los estudiantes, aumentar los recursos federales destinados a salud y educación, poner fin a la política migratoria de línea dura de Trump, dar prioridad a la lucha contra el cambio climático y resolver las tensiones existentes con los aliados internacionales eran algunas de las piezas clave de esa agenda.

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Algunos de sus objetivos ya se cumplieron, pero otros han sido más elusivos, incluyendo los que en el actual contexto político lucen improbables, lo que ha causado una creciente frustración entre sus votantes.

Esto se ha reflejado en las encuestas, en las que luego de culminar sus primeros 100 días de gobierno con un apoyo de 57%, Biden ha visto menguar esos números. En septiembre pasado, cayeron tras la polémica retirada de las fuerzas estadounidenses en Afganistán y desde entonces han permanecido en torno a 43%, de acuerdo con Gallup.

Entre quienes le han precedido en el cargo en las últimas décadas solamente Donald Trump registró un apoyo menor al cumplir su primer año en funciones al obtener un 35%.

BBC Mundo te cuenta tres logros y tres frustraciones que ha dejado este primer año de Biden en la Casa Blanca.

Entre enero y diciembre de 2021 la tasa de desempleo en Estados Unidos se redujo de 6,4% a 3,9%, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Se trata, según los economistas, de la mayor caída del desempleo en un mismo año ocurrida en la historia del país.

Ya en el tercer trimestre de 2021, el Producto Interior Bruto estadounidense había superado sus niveles registrados antes de la pandemia. También aumentaron los niveles de ahorro de los hogares, el salario promedio de los trabajadores y, en general, el consumo y la demanda interna.

Esta recuperación económica acelerada es atribuida, en parte, a las políticas y ayudas económicas impulsadas por el gobierno de Biden, incluyendo los cheques de estímulo que recibieron los ciudadanos, el refuerzo de las ayudas por desempleo y el Programa de Cupones para Alimentos, así como las ayudas fiscales para familias con hijos menores de edad.

Estas medidas estaban incluidas en el plan de estímulo económico (Ley Estadounidense de Rescate) por US$1,9 billones aprobado por el Congreso y promulgado por Biden en marzo de 2021.

Un análisis del Urban Institute, un centro de estudios con sede en Washington D.C., estimó que el impacto de estas medidas se reflejaría en un descenso de la pobreza del 13,9% (estimado para 2018) al 7,7% anual y, en el caso concreto de los niños, se reduciría hasta el 5,6%

La rápida recuperación del consumo está teniendo, sin embargo, un impacto negativo también en la economía pues ocurre en un momento en el cual las cadenas de suministro globales aún no pueden responder plenamente debido a la pandemia, lo que se ha reflejado en una inflación interanual de 6,8%, la mayor cifra registrada en el país en 39 años.

Este inusual aumento de los precios es un factor importante, según los expertos, en el desencanto de una parte de los ciudadanos con el gobierno de Biden.

“Esa es una gran preocupación que tiene la gente porque muchos de nosotros nunca habíamos experimentado una inflación a ese nivel”, dice Gregory Wawro, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Columbia, a BBC Mundo.

“La cuestión es cuán transitoria será esta inflación”, apunta el experto.

El 2 de junio de 2021, Biden presumió en un discurso de los avances de su gobierno en la lucha contra el coronavirus.

“Las personas completamente vacunadas están dejando de forma segura sus mascarillas y saludándose con una sonrisa. Los abuelos están abrazando a sus nietos de nuevo. Los propietarios de los pequeños negocios están abriendo sus tiendas y restaurantes”, dijo antes de vincular la recuperación que experimentaba la economía con su estrategia de vacunación.

El mandatario invitó a los ciudadanos a “un mes de acción” para lograr que 70% de los adultos del país hubiera recibido al menos una dosis de la vacuna antes del 4 de julio, Día de la Independencia.

“Estados Unidos se encamina a un verano dramáticamente diferente al del año pasado: un verano de libertad, un verano de alegría, un verano de reuniones y celebraciones”, prometió.

El 4 de julio llegó y, aunque la meta de Biden no se alcanzó, millones de estadounidenses se quitaron las mascarillas, se abrazaron y viajaron. Y del promedio de 10.000 nuevos casos diarios que se registraban entonces, debido al arribo de la variante delta, las infecciones se elevaron hasta unas 125.000 diarias. Este récord se quedaría pequeño con el impacto posterior de ómicron, cuando la cifra de casos diarios confirmados ha superado los 800.000.

Así, las esperanzas de los estadounidenses de librarse de la pandemia se esfumaron.

“Creo que el equipo de Biden sobrestimó cuán efectiva iba a ser la campaña de vacunación para poner fin al coronavirus. Asumieron que si todo el mundo se vacunaba, el virus se iría”, dice Eric Schickler, profesor de Ciencia Política y codirector del Instituto de Estudios de Gobierno de la Universidad de Berkeley, a BBC Mundo.

“Pero había dos obstáculos: mucha gente no se ha querido vacunar, especialmente desde que se convirtió en una suerte de tema partidista, y el virus siguió mutando con variantes como ómicron que infectan incluso a los vacunados”, agrega.

Aunque el gobierno puede no tener control absoluto sobre estos elementos, Schickler señala que el la Casa Blanca no fue suficientemente proactiva como para montar la infraestructura requerida para hacer pruebas masivas de coronavirus que se requieren ahora ante esta variante.

El experto explica que entre los ciudadanos también hay frustración porque sienten que las agencias de salud del gobierno -FDA y los CDC- han sido muy lentas y reactivas para responder a la pandemia.

Al concluir el primer año de gobierno de Biden, en torno a 75% de los estadounidenses ha recibido al menos una dosis de la vacuna y 63% están plenamente vacunados, pero el país parece lejos de poder declarar su independencia de la pandemia.

La ley firmada por Biden en noviembre de 2021 para destinar US$1 billón a obras de infraestructura es una medida inusual porque fue aprobada de forma bipartidista, algo que en el clima político vivido por Estados Unidos en los últimos años se ha vuelto muy infrecuente.

También lo es porque la inversión en infraestructura en Estados Unidos comenzó a descender entre las décadas de 1970-1980 y los esfuerzos de años recientes para reactivarla no terminaban de cuajar.

“Probablemente este paquete de infraestructura es el mayor logro del gobierno de Biden. Tendrá un gran impacto y será de gran beneficio para la economía de Estados Unidos, aunque esto no se verá a corto plazo porque se ejecutará a lo largo de muchos años en el futuro”, dice Gregory Wawro.

Señala que en el pasado solía ser fácil aprobar este tipo de leyes sin mayor conflicto -“cada quien tomaba su parte del pastel y se creaba el consenso bipartidista”-, pero desde hace muchos años no se lograba una ley de infraestructura de esta magnitud.

Sin ir más lejos, Trump presentó en 2018 una propuesta para mejorar la infraestructura del país con inversiones públicas y privadas por US$1,5 billones (de los cuales solamente US$200.000 millones serían dinero del gobierno federal) y no logró apoyos suficientes pese a que los republicanos controlaban el Congreso.

A través de esta nueva ley aprobada por Biden se destinarán US$73.000 millones a la red eléctrica del país, US$66.000 millones a trenes y vías férreas, US$65.000 millones a expandir el internet de banda ancha, US$47.000 millones a proyectos para hacer frente a los efectos del cambio climático; y US$7.500 millones para impulsar el uso de vehículos eléctricos, entre otras inversiones.

Biden llegó a la Casa Blanca con una agenda ambiciosa conocida como Build Back Better, dentro de la cual había numerosas y diversas propuestas: educación prescolar gratuita para niños de 3 y 4 años, créditos fiscales para incentivar el uso de energía solar en las viviendas, reducción del costo de los medicamentos con prescripción, inversiones en construcción y rehabilitación de un millón de viviendas asequibles, entre muchas otras cosas.

Con esta agenda en mente, Biden presentó en 2021 una propuesta por US$3,5 billones que tras algunas negociaciones fue rebajada hasta US$2,2 billones en la Cámara de Representantes, donde fue aprobada en noviembre.

Pese a ello, en estos momentos parece poco probable que esta ley logre ser aprobada en el Senado pues en diciembre de 2021 el senador Joe Manchin, quien había estado dialogando durante meses con la Casa Blanca sobre esta legislación, anunció que no votaría a favor de la misma por su elevado costo para las arcas públicas.

El voto de Manchin, quien es un senador demócrata electo en West Virginia (un estado mayoritariamente republicano), es clave no solamente para la aprobación de esta ley, sino para cualquier otra iniciativa que deba pasar por el Senado pues, en realidad, en esa Cámara hay un empate 50-50 entre republicanos y demócratas, por lo que para cualquier votación el gobierno necesita del apoyo de todos los senadores demócratas y el de la vicepresidenta Kamala Harris, quien preside el Senado y puede emitir el voto del desempate.

Una situación similar se presenta en el caso de la senadora Kyrsten Sinema, una demócrata electa por Arizona, quien recientemente se negó a apoyar un cambio en las reglas del Senado que buscaba poner fin al filibusterismo, una norma que exige contar con el voto de, al menos, 60 senadores para la aprobación de ciertas decisiones en la Cámara Alta.

La negativa de Sinema es un obstáculo para el objetivo de Biden de aprobar una ley sobre derechos electorales con la que la Casa Blanca quiere poner coto a una serie de reformas electorales impulsadas por los republicanos en muchos estados y que -según los demócratas- tienen por objetivo hacer más difícil el ejercicio del voto por parte de las minorías en Estados Unidos.

Los republicanos rechazan estas acusaciones y aseguran que ellos buscan hacer más seguras las elecciones para que no haya peligro de fraude.

Que el gobierno no haya logrado ningún apoyo republicano para aprobar estas dos leyes y que, además, ni siquiera consiga el voto de todos sus senadores se ha convertido en una creciente fuente de frustración para los votantes de Biden, en especial, entre aquellos alineados más a la izquierda.

“Biden se ha convertido en un prisionero de las grandes expectativas”, resumió el politólogo Corey Robin en un artículo en The New York Times titulado “Por qué la presidencia de Biden se siente como una decepción”.

Erick Schikler destaca que la mayoría precaria con la que cuenta en el Congreso ha permitido a Biden lograr cosas importantes como la confirmación en el Senado de numerosos jueces y altos funcionarios, así como la aprobación de la Ley Estadounidense de Rescate por US$1,9 billones.

Admite, sin embargo, que esta situación tiene su contraparte negativa.

“Él tiene el peor juego posible en sus manos que es, en principio, tener el control del Congreso con un Senado dividido 50-50, en el que hay dos senadores como Manchin que, por haber sido electos en estados republicanos, están frenando su programa. Eso es duro”, señala.

Agrega que, de cara a las elecciones legislativas del próximo noviembre, para el gobierno de Biden será fundamental cumplir al menos con algunas de sus promesas pendientes.

“Si ellos fallan con la ley Build Back Better y con la ley sobre derechos electorales, va a haber mucha decepción entre sus votantes”, apunta y advierte que el Partido Demócrata no solamente necesita que suba la popularidad de Biden, sino también entusiasmar a los ciudadanos para que acudan a votar.

El 20 de enero de 2021, el mismo día que llegó a la Casa Blanca, Joe Biden firmó una declaración para reincorporar a Estados Unidos al Acuerdo de París contra el Cambio Climático de 2015.

En junio de 2017, Donald Trump había anunciado que Estados Unidos se retiraría de este acuerdo internacional. Esta decisión se hizo realidad en noviembre de 2020, cuando se cumplieron todos los trámites y plazos establecidos.

El reingreso al Acuerdo de París fue una promesa de campaña de Biden, pero forma parte de una apuesta más amplia por la lucha contra el cambio climático.

El día de su toma de posesión Biden también canceló el permiso para la construcción del oleoducto Keystone XL, que iba a traer petróleo de Canadá a Estados Unidos, y desde entonces ha puesto en marcha numerosas decisiones para revertir medidas adoptadas por Trump que en lugar de combatir el cambio climático tendían a favorecer el consumo de combustibles fósiles.

Biden ha puesto esta temática en el centro de su agenda y ha prometido que para finales de esta década Estados Unidos recortará sus emisiones de gases de efecto invernadero al menos en 50%, en relación con los niveles de 2005.

Además, ha propuesto numerosas iniciativas para que su país avance en la transición hacia las energías limpias y se aleje de los combustibles fósiles. De hecho, solamente el proyecto Build Back Better contiene compromisos por unos US$555.000 millones destinados a la lucha contra el cambio climático.

Su problema, en este campo, reside en que si esa ley al final no se aprueba se le hará difícil cumplir con su objetivo de encaminar a Estados Unidos para que en el año 2050 alcance emisiones cero de gases de efecto invernadero.

La reforma de las políticas migratorias fue una de las promesas destacadas de la campaña presidencial de Biden. Esto incluía, entre otras cosas, poner fin a las medidas de línea dura aplicadas durante el gobierno de Trump como la separación de las familias migrantes que llegaban a la frontera.

Biden prometió una política migratoria más humana y compasiva y, tras llegar al poder, puso fin a estas medidas y nombró a la vicepresidenta Kamala Harris como responsable de desarrollar una estrategia para atacar las causas de la migración masiva de personas desde El Salvador, Guatemala y Honduras.

Pero las cosas no han resultado como esperaba la Casa Blanca.

Mientras reformas de gran calado como la iniciativa para ofrecer un camino a la ciudadanía a los llamados Dreamers -millones de jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños- no avanza en el Congreso, iniciativas como la eliminación del programa de control fronterizo de Trump “Quédate en México” han sido revertidas en los tribunales.

Este programa, mediante el cual se obliga a quienes quieren buscar asilo en Estados Unidos a permanecer en México hasta que su solicitud sea aprobada por las autoridades migratorias, ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos debido a las condiciones precarias en las que debían permanecer los migrantes.

Biden también ha sido cuestionado por mantener la aplicación de una norma aprobada por Trump, conocida como título 42, que permite la expulsión automática de solicitantes de asilo en la frontera, con el argumento de que se trata de evitar el aumento de contagios de covid-19. En 2021, el uso de esta norma significó la deportación de más de 4.000 haitianos que llegaron a EE.UU. desde México.

Por si fuera poco, durante el primer año de Biden el número de migrantes y solicitantes de asilo que llegaron hasta las fronteras de Estados Unidos creció de forma exponencial en relación con los años anteriores y, en ocasiones, causó una imagen caótica, como cuando en septiembre de 2021 decenas de miles de migrantes mayormente haitianos establecieron un campamento bajo un puente que une Del Río, en Estados Unidos, con Ciudad Acuña, en México.

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