Nikolas Cruz, el asesino confeso de 17 personas en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida, se libró de la pena de muerte este jueves, luego de que un jurado de 12 personas recomendó que le sea impuesta una sentencia de cadena perpetua.
Ante la decisión, los familiares de las víctimas del ataque ocurrido el 14 de febrero de 2018 estaban visiblemente molestos y enojados.
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Una próxima audiencia en la que un juez confirmará lo recomendado por el jurado fue pautada para el 1 de noviembre.
Cruz, de 24 años, se declaró culpable de los asesinatos en octubre de 2021. Fue el autor del tiroteo masivo más letal que haya llegado a juicio en EE.UU.
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Los familiares de las víctimas se refirieron al veredicto que lo salvó de la pena capital como “irreal” e “incorrecto” en una conferencia de prensa posterior.
“No podría estar más decepcionado por lo que sucedió hoy”, dijo Fred Guttenberg, cuya hija Jaime, de 14 años, fue una de las víctimas de Cruz.
“Estoy aturdido. Estoy devastado”, dijo. “Hay 17 víctimas que no recibieron justicia hoy. Este jurado le falló a nuestras familias hoy”.
La decisión del jurado también fue un duro golpe para los fiscales, que habían tratado reiteradamente de demostrar que los delitos fueron “fríos, calculados y premeditados” y que cumplían con la definición de Florida de “factores agravantes” que justifican la pena de muerte.
Se habría necesitado una decisión unánime para dictar la también llamada pena capital.
A medida que se leyó cada uno de los 17 cargos en el tribunal, se supo que, si bien los miembros del jurado acordaron que había factores que justificaban la pena de muerte, al menos uno de ellos creía que también habían “factores atenuantes” que justificaban cadena perpetua.
Mientras se leía esta deliberación, Tony Montalto, quien perdió a su hija, Gina, sacudía la cabeza con frecuencia. Su brazo rodeaba a su esposa, Jennifer, quien dejó caer la cabeza sobre su hombro cuando se leyeron los cargos relacionados con su niña.
Se podía ver a otros miembros de la familia llorando en silencio.
Corey Hixon, cuyo padre, Christopher Hixon, murió en el ataque, se puso de pie y salió de la habitación tan pronto como escuchó la recomendación del jurado de cadena perpetua en lugar de muerte.
Hablando con los periodistas después de la audiencia, Ilan Alhadeff, padre de Alyssa, asesinada por Cruz, dijo que el atacante “no era un ser humano, es un animal”.
“Rezo para que el animal sufra todos los días de su vida en la cárcel”, dijo. “Y que tenga una vida corta”.
Por su parte, Linda Schulman, madre de Scott Beigel, cuestionó con dolor: “¿Para qué tenemos la pena de muerte?.
“Mi hijo fue asesinado y este animal continuará con su vida en prisión”, añadió.
El atacante tenía 19 años cuando ingresó a la escuela y abrió fuego con un rifle AR-15 comprado legalmente. En cuatro minutos, 34 personas habían recibido disparos. En el incidente, 17 de ellas, 14 estudiantes y tres miembros del personal, fueron asesinadas.
El ataque sigue siendo uno de los tiroteos escolares más mortíferos en la historia de Estados Unidos.
En el caos que siguió, Cruz logró escapar de la escena del crimen mezclándose con los estudiantes y se quedó en el área después de comprar una soda en un restaurante de comida rápida. Luego fue arrestado por la policía a unos 3 kms de la escuela.
Los fiscales tenían la tarea de comprobar que el ataque había sido premeditado.
El asesino investigó tiroteos anteriores y publicó comentarios en línea en los que dijo que “no mostraría piedad”. En un video, grabado días antes del tiroteo, Cruz dijo que planeaba ser el “asesino en masa escolar” del año y que su objetivo era matar al menos 20 personas.
Los abogados del atacante intentaron retratarlo como una persona con una enfermedad mental, un joven psicológicamente destrozado por una infancia difícil en la que fue “envenenado” por la bebida y el abuso de sustancias de su madre.
El tiroteo energizó la ya divisiva conversación estadounidense sobre las armas y provocó una ola de activismo liderado por jóvenes.
Apenas seis semanas después del ataque, unas 800.000 personas se dieron cita en Washington D.C. para la manifestación “Marcha por nuestras vidas” contra la violencia armada.
La organización continúa haciendo campaña por una mayor regulación y control de las armas de fuego y hacer que el lobby entre los políticos “rinda cuentas”.
Pero sus objetivos legislativos, como la prohibición de armas de asalto y cargadores de alta capacidad, han resultado difíciles de alcanzar.
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