La ley de amnistía a los independentistas catalanes entra en vigor y pasa a manos de los jueces

La polémica ley de amnistía a los independentistas catalanes condenados o encausados por la tentativa fallida de secesión de 2017 entró en vigor este martes y su aplicación, que abre la puerta al regreso del expresidente regional Carles Puigdemont, queda ahora en manos de los jueces.

El texto de la ley, que fue definitivamente aprobado por el Parlamento español a finales de mayo, apareció publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), determinando su inmediata entrada en vigor.

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Ahora los jueces contarán con dos meses para su implementación, en los que deberán decidir si la norma es aplicable a cada caso. También pueden plantear cuestiones al Tribunal Constitucional o a la justicia europea.

“Comienza una nueva batalla”, escribió Jordi Turull, secretario general de Juntos por Cataluña, el partido de Carles Puigdemont, en la red social X. “El Estado español y su cúpula patriótica-político-judicial nos demuestra cada día que esto de que apliquen la ley no será sencillo. Pese a ello, tarde o temprano, lo conseguiremos”, agregó.

Tras conocerse la publicación de la ley en el BOE, una treintena de integrantes del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) que fueron encausados o condenados por su participación en la fallida secesión -entre ellos quien fuera vicepresidente regional, Oriol Junqueras- solicitaron que se les aplique la ley, informaron fuentes del partido.

Esta medida, que domina la vida política española desde las elecciones legislativas del pasado julio, podría beneficiar en torno a 400 personas, según una estimación del Ministerio de Justicia.

Uno de ellas es el propio Carles Puigdemont, quien se instaló en Bélgica para esquivar a la justicia española tras el fracaso de la tentativa secesionista que lideró en 2017 cuando estaba al frente del gobierno de esta región del noreste español.

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La aprobación de la amnistía es el precio que tuvo que pagar el socialista Pedro Sánchez para ser reelegido en noviembre como presidente del gobierno, gracias al apoyo de los partidos independentistas catalanes.

Tras una compleja tramitación que se extendió durante meses, la ley fue finalmente aprobada el 30 de mayo con 177 votos a favor y 172 en contra en el Congreso de los Diputados, gracias al apoyo de los diputados socialistas de Sánchez, los independentistas y nacionalistas catalanes y vascos, y la extrema izquierda.

El Partido Popular, principal formación de la oposición, lleva tiempo en pie de guerra contra esta amnistía, que considera “inconstitucional” y que promete derogar si vuelva al poder.